Consejo Directivo OCE 2003-2005

Roberto Ángel Rodríguez Gómez Guerra – Presidente
Sandra Aguilera Arriaga (Puebla)
Alejandro Canales Sánchez (D.F.)
María Teresa Galicia Cordero (Puebla)
María de Ibarrola Nicolín (D.F.)
Pablo Latapí Sarre (D.F.)
Humberto Muñoz García (D.F.)
Carlos Muñoz Izquierdo (D.F.)
Lorenza Villa Lever (D.F.)

Consejo Directivo OCE 2005-2007

Lorenza Villa Lever - Presidenta
Sandra Aguilera Arriaga (Puebla)
Alberti Aziz Nassif – (D.F.)
Alejandro Canales Sánchez (D.F.)
María Teresa Galicia Cordero (Puebla)
María de Ibarrola Nicolín (D.F.)
Aurora Loyo Brambila – (D.F.)
Carlos Muñoz Izquierdo (D.F.)
Roberto Ángel Rodríguez Gómez Guerra (DF.)
Pablo Latapí Sarre (D.F.) – Miembro Fundador Honorario

Comité Ejecutivo OCE 2003- 2005

Pedro Flores Crespo – Coordinador
Lorenza Villa Lever – Secretaria
Carlos Muñoz Izquierdo –Tesorero
Pablo Latapí Sarre - Primer Vocal
María Teresa Cuellar S. - Segunda Vocal Comité Ejecutivo OCE 2005- 2007
Laura Yoalli Navarro Huitrón – Coordinadora
Daniel Cortés Vargas – Secretario
Carlos Muñoz Izquierdo –Tesorero
Maira Fernanda Pavón Tadeo - Primer Vocal

Secretaria Técnica
Yoalli Navarro

Grupo de Redacción

Daniel Cortés Vargas – Coordinador
Teresa Bracho
Alejandro Canales Sánchez
Raquel Glazman
Antonio Gómez Nashiki
Mery Hamui Sutton
María de Ibarrola Nicolín
Alejandro Márquez Jiménez
Aldo Muñoz Armenta
Carlos Muñoz Izquierdo
Maira Fernanda Pavón Tadeo
Miguel Ángel Rodríguez
Roberto Rodríguez Gómez
Marisol Silva Laya
Lorenza Villa Lever
Pedro Flores Crespo (hasta febrero 2006)
Pablo Latapí Sarre - Miembro Honorario
Cuadernos de Trabajo:
Descentralización y federalismo. Elaboración: Alejandro Canales. Revisión: Pedro Flores Crespo
Financiamiento. Elaboración: Alejandro Márquez. Revisión: Carlos Muñoz Izquierdo
Magisterio. Elaboración: Aldo Muñoz. Revisión: Sandra Aguilera, María Ibarrola, Miguel Ángel Rodríguez.
Participación Social y Ciudadana. Elaboración: Pedro Flores Crespo. Revisión: Sandra Aguilera, Maira Pavón, Miguel Ángel Rodríguez, Lorenza Villa Lever.
Educación Básica. Elaboración: Sandra Aguilera, Miguel Ángel Rodríguez, Marisol Silva Laya. Revisión: Carlos Muñoz Izquierdo, Roberto Rodríguez.
Educación Media Superior. Elaboración: Lorenza Villa Lever. Revisión: María de Ibarrola, Marisol Silva Laya.
Educación Superior. Elaboración: Marisol Silva Laya. Revisión: Alejandro Canales, Alejandro Márquez.
Educación de Adultos. Elaboración: Adriana Rodríguez, Marisol Silva Laya.
Educación Intercultural Bilingüe. Elaboración: Miguel Ángel Rodríguez.

Relatorías de los Foros Regionales
Redacción: Roberto Rodríguez, Marisol Silva Laya

Asistentes y organizaciones representadas en los Foros Regionales
Ver información al final del documento

Versión Final de la Plataforma Educativa
Elaboración: Marisol Silva Laya
Revisión: Sandra Aguilera, Alejandro Canales, Pedro Flores Crespo, María Teresa Galicia, Mery Hamui, María de Ibarrola, Yoalli Navarro, Alejandro Márquez, Aldo Muñoz, Carlos Muñoz Izquierdo, Maira Pavón, Roberto Rodríguez, Miguel Ángel Rodríguez, Lorenza Villa Lever

Apoyo logístico
Liliana Burbano
Yoalli Navarro

 

¿Qué es la Plataforma Educativa Ciudadana?

Es un documento que recoge el análisis y las propuestas de diversos actores sociales en torno a los temas cruciales para el desarrollo de la educación. La Plataforma Educativa Ciudadana propone los fines, las estrategias y las acciones a seguir en el corto y mediano plazo para contribuir a impulsar el desarrollo y mejoramiento de la educación que se imparte en México

¿Cuál es su propósito?

Abrir una interlocución amplia con otros ciudadanos interesados en la actividad educativa, con los partidos políticos y con los candidatos a ocupar puestos de representación popular en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Nos interesa lograr que la educación se instaure como un tema realmente prioritario de la agenda política nacional y no solamente como un recurso discursivo. Aspiramos a que los frutos de esta empresa colectiva de reflexión y análisis ayuden a configurar un planteamiento integral de los cambios más apremiantes para hacer que nuestro sistema educativo nacional funcione de manera más satisfactoria.

A través de esta iniciativa ciudadana pretendemos incidir en la hechura de las políticas públicas, al trascender el ámbito de la denuncia ofreciendo propuestas fundamentadas que buscan enriquecer el diálogo, el análisis y la toma de decisiones en materia educativa.

¿Quién la promueve?

Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE), que es un grupo de ciudadanos comprometidos con el desarrollo de la educación nacional: investigadores de la educación, maestros de escuelas públicas y particulares, periodistas y comunicadores, padres de familia, líderes sociales y ciudadanos en general.

En OCE nos proponemos ejercer una observación crítica del desarrollo educativo, particularmente, de las políticas gubernamentales en este campo. Asimismo nos interesa abrir un espacio social, de carácter plural, para la reflexión sobre los problemas educativos del país; aportar conocimientos y opiniones documentadas sobre temas fundamentales; difundir sugerencias y posibles alternativas a los graves problemas que enfrentamos y demandar de las autoridades educativas el esclarecimiento de sus acciones, información y explicación sobre el eventual incumplimiento de metas anunciadas.
¿A quién se dirige?

A los ciudadanos y a los grupos interesados en el quehacer educativo: maestros y alumnos, jefes de familia, funcionarios del sector, organizaciones profesionales y sindicales del magisterio y de académicos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, así como empresarios y miembros de las Iglesias entre otros. Estamos convencidos de que todos tenemos la capacidad de hacer contribuciones valiosas que en ocasiones no encuentran canales propicios de expresión.

¿Cómo se construyó?

Mediante un trabajo colectivo de análisis y reflexión para buscar respuestas a cuatro preguntas fundamentales: ¿cuál es la situación actual en materia educativa?, ¿en qué se ha avanzado?, ¿qué metas se han cumplido? y ¿qué retos tendrán que asumir las futuras autoridades educativas? Este proceso inició en junio de 2005, con un diagnóstico educativo elaborado por OCE, mismo que se nutrió con los aportes de diversos actores de la sociedad interesados en la tarea educativa, quienes participaron en cinco foros regionales llevados a cabo en las ciudades de Mérida, Puebla, Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal entre los meses de noviembre de 2005 y febrero de 2006. Del mismo modo, investigadores de la educación preocupados por este tema vital pusieron de manifiesto sus análisis críticos y sus propuestas. La Plataforma es el resultado de la consulta y la deliberación ciudadana.

¿De dónde parte?

De un balance sobre el desarrollo educativo y las políticas del presente sexenio, mismo que permitió identificar los grandes problemas y los retos enfrentados por el sistema educativo nacional. Se reconoce que hubo algunos avances, entre los que destacan: la cobertura de la primaria -cercana al 100%-, la mejoría en los aprendizajes de las escuelas primarias, el número creciente de becas en todos los niveles educativos, la apertura de nuevos planteles –especialmente de educación media superior y superior-, el impulso a la educación intercultural, la creación de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y la reestructuración de la SEP. Logros que, sin duda, son laudables.
Sin embargo, el saldo obtenido al final del periodo muestra la persistencia de serios problemas: un importante rezago educativo -población de 15 años y más que no saben leer y escribir o no concluyeron la educación básica- cuya magnitud se incrementó al llegar a casi 35 millones de personas en el 2004 (1.4% más que en el 2000); la permanencia de una fuerte inequidad que se traduce en una insuficiente cobertura -en secundaria, media superior y superior- y una baja calidad que inciden con mayor fuerza en los habitantes del país que se encuentran en situación de pobreza; una baja eficiencia terminal –de cada 100 niños que entran a la primaria sólo 26 terminan la secundaria en el tiempo reglamentario-; serias limitaciones en la formación inicial, la formación permanente y la profesionalización de los docentes; una expansión del sistema de educación superior con limitaciones para asegurar su calidad y una paralización en la política de participación social; entre otros. Por otra parte, advertimos deficiencias en el diseño, pertinencia y difusión de algunas reformas y programas; que da cuenta de que los diseñadores de las políticas educativas han carecido de una visión global acerca de las condiciones en las que está funcionando el sistema educativo.

¿Cuáles son las propuestas centrales?

Propuestas Generales:

Implementar políticas públicas de Estado, y no de gobierno, cuya durabilidad no dependa de las personas que las diseñaron ni del partido político que gobierna, sino que partan de sólidas estructuras administrativas, capaces de poner en marcha estrategias integrales que atiendan las condiciones estructurales del sistema. Para ello se requiere:
a. Sustento técnico, basado en el conocimiento del funcionamiento del sistema educativo en su conjunto, para lo cual es necesario aprovechar los resultados de la investigación educativa y el trabajo de los especialistas que reflexionan en torno a la educación.
b. Visión integral del sistema, de los problemas y sus causas, de los procesos y de los actores.
c. Consenso de los diferentes actores involucrados en el diseño, la ejecución y la evaluación.
d. Evaluación fundamentada y objetiva de las políticas y de sus estrategias.
e. Combate a la corrupción, a la irresponsabilidad, al clientelismo, al corporativismo y a la simulación.
Desarrollar modelos educativos diversificados y flexibles para combatir la desigualdad educativa. Es imprescindible reconocer en todo momento las profundas desigualdades socioeconómicas y la diversidad étnica y cultural de la población para diseñar políticas y modelos que atiendan sus necesidades particulares. Todo ello exige una marcada diferenciación en los modelos educativos que son aplicados en las diferentes escuelas e instituciones, lo que implica:
f. Repensar y rediseñar los currículos para que resulten más relevantes en los diferentes contextos en los que funcionan (zonas rurales, zonas urbanas, zonas urbano-marginales, zonas indígenas, zonas fronterizas). Todo ello implica reactivar la descentralización de la educación, sin violentar la cohesión del sistema educativo nacional y asegurando que la diversificación no vaya en detrimento de la calidad.
g. Concebir políticas y modelos educativos que favorezcan la diversidad y la flexibilidad educativa, sin menoscabo de la calidad.
h. Definir la interculturalidad como un eje transversal para todos los niveles y modalidades educativas y que no se restrinja al ámbito indígena.
i. Fundamentar los nuevos modelos en el conocimiento generado por la investigación educativa.

Fomentar la innovación educativa y fortalecer la profesión docente, para transformar los procesos educativos a los que se recurre tradicionalmente, mismos que han demostrado sus límites derivando en resultados de aprendizaje poco satisfactorios. Esto exige:
j. Promover la innovación educativa, para que atienda las necesidades particulares que se presentan en los diferentes ámbitos de la educación (currículo, didáctica, formación de maestros, gestión escolar, entre otros). Para ello es necesario generar y fortalecer instancias dedicadas a la innovación, fomentar la evaluación y la investigación experimental y ensayar estrategias de bajo costo, como la asignación de los maestros más experimentados en los grados inferiores de la educación básica, entre otras.
k. Instrumentar una política pública que garantice la calidad de la formación de los docentes, tanto la inicial como la de los maestros en ejercicio, e instrumentar mecanismos de profesionalización que se centren en el desempeño. Una política de esta naturaleza debería contemplar criterios académicos para asegurar la formación inicial y la formación permanente, de desempeño para incentivar la responsabilidad profesional y el compromiso con la calidad educativa y compensatorios para alentar a los maestros que operan en situaciones adversas. Adicionalmente, se requiere asegurar las condiciones para que los maestros puedan tener un retiro digno y con ello favorecer la renovación de la planta docente.

Asegurar la participación social en materia educativa, entendiendo que no es una concesión gubernamental sino un derecho y que su ejercicio contribuye a enriquecer las políticas educativas. Para avanzar hacia una genuina participación social se requiere:
l. Diseñar políticas tendientes a crear capacidades para la participación, esto supone asegurar el flujo público de la información relevante en materia educativa, experimentar nuevas formas de participación social en proyectos locales y destinar recursos públicos para apoyar la organización y participación ciudadana.
m. Construir espacios de interacción y diálogo permanente entre los tomadores de decisiones y los miembros de la sociedad civil.
n. Contar con instancias que hagan exigible el derecho a la educación. Proponemos crear la figura del Ombudsman de la educación.
o. Fortalecer la rendición de cuentas como una obligación de las autoridades educativas, los funcionarios del sector y otras organizaciones que reciben recursos públicos.
p. Avanzar en la descentralización y democratización del sector educativo, impulsando la capacidad técnica y de gestión de los diferentes órganos e instituciones.
q. Transformar el marco legal en que se sustenta la participación social.

Propuestas Específicas:

Mejorar la calidad de la Educación Básica, Media Superior y Superior, lo que implica:
Distribuir equitativamente las oportunidades educativas (acceso, permanencia y conclusión exitosa)
Establecer modelos educativos adecuados a las diversas necesidades y particularidades de la población atendida
Asegurar que todos los alumnos logren por igual, o por lo menos en un grado mínimo aceptable, los objetivos de aprendizaje y una formación integral que les facilite un desempeño satisfactorio en los diferentes ámbitos de su vida.

Impartir una educación de adultos de calidad y diversificada para atender las necesidades heterogéneas de la población de 15 años y más y con ello contribuir a abatir el rezago educativo. Todo ello requiere:
a. Diversificar los programas para atender a los diferentes grupos presentes en la población 15 años y más.
b. Centrar el proceso educativo de los adultos en el aprendizaje y no en el logro de metas institucionales.
c. Impulsar programas que articulen los aprendizajes con diferentes intereses de la vida cotidiana de los jóvenes y adultos.
d. Profesionalizar a los educadores de adultos
e. Aumentar las partidas presupuestarias para atender la educación para adultos como un tema prioritario

Descentralizar el sistema educativo nacional, favoreciendo un desempeño democrático y técnicamente fundado del órgano central y de los estatales encargados de la educación. Para lo cual es necesario:
Realizar un amplio debate público sobre el tipo de relación deseable entre la federación y los estados.
Trabajar decididamente en la armonización de las tareas del órgano central con los órganos estatales encargados de la prestación del servicio educativo.
Consolidar la capacidad técnica de las diversas instancias educativa en las entidades federativas.

Contar con un modelo de financiamiento de la educación que asegure tanto la suficiencia de los recursos para el sector, como una distribución más eficiente, equitativa y transparente, que permita mejorar la eficacia del sistema educativo en su conjunto. Lo que exige:
Ampliar la reducida captación de recursos del gobierno.
Al distribuir los recursos, aplicar criterios de a) eficacia, medida en que las instituciones educativas y las entidades federativas logran cumplir las metas de formación planteados en los respectivos planes y programas educativos; b) equidad, que la repartición de recursos tome en cuenta las desigualdades regionales, locales e institucionales para compensar a los más rezagados; c) resarcitorio, que comprometa a la federación a destinar recursos que compensen la participación que tienen las diversas entidades federativas en la recaudación de impuestos; d) corresponsabilidad financiera, que busca nivelar el esfuerzo financiero de la federación y las entidades federativas; y e) eficiencia y transparencia, para estimular la información clara y pertinente sobre el uso de los recursos educativos, a partir de lo cual, también se compense el grado de eficiencia con que son utilizados.

 

 

ANEXO: Organizaciones y personas que firman la Plataforma Educativa 2006 junto con el Observatorio Ciudadano de la Educación, A.C.

En esta iniciativa participamos estudiantes, maestros, jefes de familia, investigadores de la educación, especialistas y comunicadores, junto con 81 organizaciones de la sociedad civil de todas las regiones del país, muchas de las cuales conforman el espacio nacional de Incidencia Civil en Educación.

INVESTIGADORES y ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN

Dra. Aurora Loyo
Dra. María del Carmen Pardo
Dr. Romualdo López Zárate
Mtra. Margarita Zorrila

FORO REGIONAL ZONA SUR
Mérida, Yucatán. Noviembre 18, 2005. Estados participantes: Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán
42 Asistentes y 20 Organizaciones representadas

FORO REGIONAL ZONA CENTRO
Puebla, Puebla. Noviembre 25, 2005 Estados participantes: Puebla, Distrito Federal, Morelos y Oaxaca
56 Asistentes y 13 Organizaciones representadas

FORO REGIONAL ZONA NORTE
Monterrey, N.L. Diciembre 10, 2005. Estados participantes: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Monterrey, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas

65 Asistentes y 18 Organizaciones representadas

FORO REGIONAL ZONA BAJÍO - OCCIDENTE
Guadalajara, Jal. Febrero 10, 2006. Estados participantes: Baja California, Chiapas, Distrito Federal, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Sinaloa y Veracruz
105 Asistentes y 14 Organizaciones representadas:

FORO REGIONAL ZONA D.F. y Área Metropolitana
Distrito Federal. Febrero 24, 2006. Estados participantes: Distrito Federal y Estado de México
50 Asistentes y 16 Organizaciones representadas