Asimismo, el control político y administrativo de las escuelas públicas ha dado lugar a que el sindicato, por complicidad u omisión, favorezca a directivos que lucran con las cuotas voluntarias, con la venta de libros, uniformes, alimentos y comida chatarra.

Por otro lado, el control político de los trabajadores de la educación ha supuesto distribuir beneficios entre los dirigentes regionales, en forma de comisiones sindicales (un poco más de diez mil, según la SEP), cuyas labores no están definidas y las evidencias muestran que fundamentalmente se dedican a tareas político-electorales y no al trabajo de representación sindical.

Adicionalmente, las relaciones del SNTE con los partidos, antes del año 2000, fundamentalmente con el PRI, ha implicado la utilización irregular de escuelas y maestros para apoyar a los candidatos, lo cual implica inequidad e ilegalidad en los términos del artículo 22 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). Esto se ha agudizado con la creación del partido del magisterio, Nueva Alianza, que de forma pragmática apoya a cualquier partido que le garantice espacios de poder en los estados. Con el reciente triunfo electoral en algunas entidades (Puebla y Sinaloa), esta fuerza política está en condiciones de imponer un secretario de Educación netamente sindicalista y conseguir que se margine a otros gremios de maestros.

Ahora bien, lo realmente preocupante es que la fuerza política de los líderes nacionales y regionales del sindicato no ha sido suficiente para que los maestros tengan los recursos necesarios para su capacitación profesional o para regularizar a los profesores interinos.

Al contrario, su fuerza se ha utilizado para consentir que ciertos grupos al interior de la organización se opongan o boicoteen políticas de evaluación a maestros y alumnos o para evitar que la administración central ubique a los mejores docentes en determinadas escuelas o grupos, y para evitar que las autoridades decidan, en función de méritos profesionales, quiénes deben ser directores, supervisores o jefes de sector.

Eso se define con criterios clientelares, de patronazgo o de cacicazgo. En este sentido, el desafío del gobierno y del sindicato es que el magisterio fortalezca su fuerza organizativa a partir de la actuación transparente de sus líderes en el manejo de las cuotas y las plazas, de una adhesión política definida en apoyos y en propósitos y de una definición precisa sobre su papel para fortalecer las políticas a favor de la calidad educativa. Sólo así la tarea del sindicato sería más útil a la educación.