SEP - OCDE: ¿hay cambio en la concepción de cambio?

Hace poco más de tres meses que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) firmaron un acuerdo para mejorar la calidad de la educación en México. A raíz de tal acuerdo, al final del año pasado, ambas instituciones realizaron un congreso sobre calidad educativa.

El objetivo principal del congreso fue fortalecer la reforma de la educación en el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE). Esta última, como recordará el lector, se firmó en mayo del año pasado y a la fecha persiste el conflicto para su puesta en marcha. Además, conviene advertir que en las discusiones del congreso, las autoridades de la SEP reconocieron que para que la ACE pudiera ser aceptada y fuera base y guía en la elaboración de las políticas públicas relativas a los temas analizados en el Congreso, era necesario un proceso previo de negociaciones con las fuerzas y actores de la educación.

Un dato importante en las exposiciones sobre la mejora de la educación en otros países fue la distancia que nos separa de los mecanismos para adoptar las políticas públicas. La experiencia de otras naciones muestra que detrás de una política adoptada por el gobierno correspondiente, hubo un espacio de negociación, público e intenso, con las fuerzas y actores afectados, proceso que en el caso de México al menos en lo concerniente a la ACE- no tuvo lugar y las negociaciones previas a su anuncio entre la presidencia y el sindicato magisterial no trascendieron a la prensa antes de ser presentadas.

En las exposiciones también quedó claro que una política gubernamental ideal en una sociedad democrática es la que toma en cuenta el interés de todos los segmentos de la sociedad, buscando el bienestar social y satisfacer a la mayoría. Por supuesto, identifica a los stakeholders (o portadores de intereses) que son los sujetos sociales que tienen un legítimo interés en la educación nacional. Entonces, la tarea de un gobierno democrático consiste en negociar con ellos y conciliar sus puntos de vista, pero en espacios públicos e institucionalizados y ajustándose a los valores éticos de equidad y justicia social.

Los temas del congreso fueron tratados por 30 expertos, nacionales e internacionales, aunque debe advertirse que entre los asistentes no figuraron los investigadores educativos, más bien predominaron los responsables de planeación y evaluación de los estados y algunos organismos de la sociedad civil.

Algunos de los puntos más sobresalientes del congreso fueron: a) reconocer que la imposición del cambio difícilmente permite una reforma sostenida; un reconocimiento que las propias autoridades de la SEP, como Jorge Santibáñez, se comprometieron a poner en práctica con la reforma educativa en curso; b) los ejemplos ilustrativos de otros países sobre el tema, pero cuyos resultados y lo que las autoridades piensen respecto de la calidad, no se puede transponer sin más; y c) el análisis de los casos internacionales puede ayudar a considerar dimensiones para generar un nuevo modelo propio en el contexto mexicano.

Sin duda habrá que enfatizar la congruencia entre los objetivos a largo y corto plazo, así como el diseño de políticas y su implementación en el campo educativo, pero sobre todo debe admitirse que es imperativo hacerle frente al deterioro de la educación. Si nada mejora, pese a la firma de acuerdos con organismos como la OCDE o la realización de múltiples debates y encuentros, entonces, en realidad no tiene sentido hablar de cambio y menos de reforma educativa.