La educación a debate (4/4)

Los temas apremiantes

Frente a este conjunto de propuestas aisladas, resulta imperioso aclarar cuál es el proyecto educativo que se persigue para con ello configurar planes de acción que conduzcan a soluciones efectivas que ofrezcan certeza frente a los retos del sistema educativo, que son muchos y de naturaleza y dimensiones diversas. Casi transcurrió el primer año de esta administración sin que las autoridades educativas nos hayan dicho cuáles eran sus prioridades o trasluciera una idea clara y articulada de sus iniciativas. Aunque una excepción parece constituirla el área de educación media superior, donde se están llevando a cabo acciones mejor integradas, lo que sin embargo resulta también indicativo de la ausencia de una visión de conjunto acerca de las prioridades en el marco de una iniciativa de reforma.

Hemos perdido un año en ambigüedades, en discursos cambiantes, en los laberintos de los intereses en juego, y poco o nada se ha hecho para afrontar los temas y los problemas más acuciantes. Existen por ejemplo una serie de temas sobre los que nunca hablan las autoridades, probablemente porque no tienen claro qué van a hacer o porque políticamente son complejos o escabrosos: la evaluación del magisterio; la política de salarios de los maestros; las reformas a la formación inicial y la actualización del magisterio; los mecanismos de asignación de plazas docentes y directivas; las estrategias para contrarrestar las desigualdades en la educación; la fórmula de distribución a los estados del Ramo 33; o las acciones orientadas hacia el área de ciencia y tecnología.

La SEP está ignorando temas insoslayables y de altísima prioridad, como los ocho ámbitos de política educativa que presentó el Observatorio hace poco más de un año en su plataforma educativa ciudadana y que constituyen elementos mínimos que una visión integradora de la educación debiera incluir: 1) implementar políticas públicas de Estado y no de gobierno; 2) desarrollar modelos educativos diversificados y flexibles para combatir la desigualdad educativa; 3) fomentar la innovación educativa y fortalecer la profesión docente con el fin de que el docente no descuide su función; 4) asegurar la participación social en materia educativa; 5) mejorar la calidad de la Educación Básica, Media Superior y Superior; 6) impartir una educación de adultos de calidad y diversificada; 7) descentralizar el sistema educativo nacional; y 8) configurar un nuevo modelo de financiamiento de la educación (véase Debate Educativo 21, Hacia una Plataforma Educativa Ciudadana, 20.04.2006, Diario Monitor).

A diez meses de trabajo del actual gobierno no queda claro aún qué camino tomará la política educativa del sexenio. Habrá que esperar el Programa Sectorial. Esto se debe probablemente a varias causas: a que la complejidad de los asuntos no acaba de ser superada por las nuevas autoridades o a que no saben cómo integrar sus políticas (fuera del discurso retóricos de "equidad, calidad, eficiencia"), o a desconocimiento de las propuestas que ha hecho la investigación educativa, o a no saber escuchar a la sociedad civil o a los conflictos de interés con el SNTE que han llevado a un impasse de sus actividades. Además, es evidente que la SEP no ha podido dar cauce y controlar un proyecto educativo coherente, dados los intereses de grupos de presión, como el empresarial y el de la Iglesia Católica.

Frente a la indefinición respecto a la “reforma educativa”, lo que los ciudadanos vamos concluyendo es que va a predominar la continuidad con los programas del sexenio pasado, lo que no está mal, si se basa en una sólida evidencia que muestre las bondades de tales acciones, pero dista de ser una innovación o renovación de las políticas en educación. Por lo tanto, el término “reforma” o “transformación” es inapropiado frente a los hechos.

Como lo sugerimos en la Plataforma Educativa 2006, el diseño de las políticas dirigidas al sector requieren de una visión integral, que exige atacar los problemas desde sus causas y no sólo mediante cambios a expresiones parciales del mismo. Un ejemplo notorio es el tema de la calidad que se ha pretendido resolver a través de programas fragmentados que no logran arribar a los resultados deseados. Habrá que preguntarse si las acciones desplegadas hasta ahora –escuela segura, escuelas de tiempo completo, infraestructura– responden a una comprensión cabal del hecho educativo y si tiene un impacto real en la calidad de la educación. Las respuestas iniciales apuntan que no, por ello es apremiante que las autoridades del sector den a conocer cuáles son las prioridades educativas basadas en un sólido sustento técnico y cómo las van a articular en un proyecto integral.

GRUPO DE REDACCIÓN DE OCE

Colaboraron en este número

Alejandro Canales, Daniel Cortés Vargas, Pedro Flores Crespo, Mery Hamui Sutton, Pablo Latapí Sarre, Aurora Loyo, Alejandro Márquez, Aldo Muñoz Armenta, Carlos Muñoz Izquierdo, Maira Pavón Tadeo, Miguel Ángel Rodríguez, Roberto Rodríguez, Marisol Silva Laya y Lorenza Villa Lever.