Acerca de OCE
Debates educativos
Artículos de opinión
Colaboraciones libres
Publicaciones
Sitios de interés


Share

Presupuesto educativo 2005 (1/3)

Falsas expectativas
Justificación pendiente

El 20 de diciembre pasado se publicó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), correspondiente a 2005. Inconforme con las modificaciones de partidas aprobadas por los diputados, el presidente interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de controversia constitucional, cuya aceptación en el máximo tribunal se acompañó de la suspensión provisional de recursos por más de cuatro mil millones de pesos. Además, en espera de la resolución de la Corte, la Secretaría de Hacienda ordenó, mediante el oficio circular 307-A-1318 del 20 de diciembre, la suspensión de las modificaciones aprobadas por los diputados. En los hechos, no será sino hasta que la SCJN tome una resolución sobre el asunto que persistirá la incertidumbre sobre los recursos con que contarán las distintas dependencias gubernamentales para el 2005.

Tomando en cuenta la situación, Observatorio considera oportuno abordar dos aspectos que se perciben problemáticos respecto a la asignación de recursos al sector educativo: a) la falta de mecanismos institucionales para garantizar los recursos suficientes para su funcionamiento y para cubrir las metas que se han fijado (por ejemplo, ampliar la cobertura de preescolar para responder a la obligatoriedad del mismo y mejorar la cobertura y los resultados de la educación secundaria); y b) la discrecionalidad que persiste en la asignación presupuestaria para las instituciones y programas educativos, ocasionando incertidumbre sobre los recursos con que efectivamente se cuenta para planear su desarrollo.

Discrepancias

La confrontación que se ha desatado entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en relación con la magnitud y la distribución de los recursos federales entre los distintos ramos del presupuesto, refleja tanto una confrontación entre fracciones partidistas, como una forma diferente de concebir el manejo de la política económica del país. Por un lado, el ejecutivo y su principal aliado en la Cámara de diputados, la fracción del Partido de Acción Nacional (PAN), procuran una política económica sustentada principalmente en la estabilidad de indicadores macroeconómicos, tales como el control de la inflación  y la deuda pública. Los partidos de oposición cuestionan la postura gubernamental de contención del gasto para el control macroeconómico. Como alternativa postulan el desarrollo de una política económica menos conservadora, con mayor acceso social a los recursos públicos y un marco más flexible en materia de inversión y gasto.