La educación en el DF y la reforma al artículo 122. Segunda parte (2/3)

La LGE identifica a la organización sindical (el SNTE) pero no al gobierno de la ciudad, ya que seguramente no previó que dejaría de ser dependiente del Ejecutivo Federal a partir de 1996. Según las disposiciones vigentes, queda claro que las obligaciones del DF en la prestación de los servicios educativos entrarán en vigor a partir de que se acuerde el proceso. ¿Por qué se consideró entonces necesario el cambio del artículo 122 constitucional cuando la LGE ya tenía previsto el momento de la participación del DF en el financiamiento de su educación?

En el debate no se ha mencionado la Ley de Educación para el DF, que aprobó la Asamblea Legislativa desde el 2000, en la que se establece la concurrencia del gobierno federal y del gobierno del DF en el financiamiento de la educación en la entidad, sin fijar cifras o proporciones (Art. 24). Al respecto, sería conveniente analizar los costos que significan los compromisos asumidos en esa Ley, por ejemplo: el nombramiento oficial (¿plaza docente automática?) para los egresados de las instituciones públicas formadoras de docentes de la ciudad (Art. 66); el derecho al año sabático (Art. 149); la disponibilidad de la mitad de horas de nombramiento para atender funciones generales relacionadas con la docencia (Art. 145); diversos tipos de apoyos económicos a los alumnos de escasos recursos: transporte, despensas, becas, internados, albergues escolares y materiales educativos; o el mandato de asignar a la educación el 8 por ciento del PIB de la ciudad (Art. 25).

Poco se sabe de las propuestas o intentos por llevar a cabo la descentralización en el DF. En versiones periodísticas se menciona la existencia de propuestas realizadas, sin alusiones concretas al contenido. Tampoco hay una versión pública sobre propuestas hechas por el gobierno federal. En la época del gobierno de Cuahutémoc Cárdenas se dijo que no se podía aceptar la descentralización porque no se transferirían los recursos financieros en su totalidad. Aparentemente Rosario Robles no logró la creación de una estructura de gobierno local que se hiciera cargo del paquete. Según versión de Ortiz Pinchetti, en el período actual se deshizo un posible acuerdo al inicio del sexenio en el sentido de que el Subsecretario de Educación para el DF fuese nombrado a sugerencia del gobierno local, como un primer paso para la descentralizacion.

Cabe mencionar, sin embargo, la presencia de una serie de nuevas propuestas en materia de gasto público educativo inscritas todavía en el terreno de la negociación y el debate gubernamental, resultado de los acuerdos de la Primera Convención Nacional Hacendaria llevada a cabo en agosto de 2004: que al DF le sean asignados recursos federales bajo las mismas consideraciones que al resto de las Entidades federativas, y además, con relación a estas últimas, que se incorporen a las fórmulas de asignación y distribución de sus recursos los elementos de equidad social, territorialidad, gradualidad, calidad, cobertura, esfuerzo local y un esquema compensatorio con el propósito de resarcir las aportaciones que con ingresos propios han aportado éstas, ya que, según se destaca, los convenios de descentralización no se acompañaron de los recursos suficientes para el financiamiento de las funciones transferidas.

Presupuesto educativo para el DF

Respecto de las adiciones al artículo 122 constitucional, que se traduce en una reducción de magnitud todavía desconocida al presupuesto federal asignado a la educación básica en el DF, sorprende la ausencia total de cifras exactas y de estudios presupuestales

Un texto más bien publicitario de la SEP, publicado en 1999, es el que parece dar sustento a las cifras que se manejan en la Cámara de diputados. De acuerdo con las cifras ahí registradas, correspondientes a 1996, las entidades federativas aportaron en ese año, en promedio, un 21 por ciento del gasto total en educación básica. Cinco entidades aportaron menos del 5 por ciento, Oaxaca, por ejemplo, no aportó nada. Sólo nueve entidades aportaron más que el promedio, incluso llegando al 43 por ciento como en el caso de Baja California. Se trata fundamentalmente de aquellas entidades que a lo largo del siglo XX construyeron un sistema educativo estatal que compartía de manera equilibrada con la federación la prestación de los servicios educativos desde antes de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB).

Una investigación publicada en 2000, realizada por Pablo Latapí y Manuel Ulloa (El financiamiento de la educación básica en el marco del federalismo), es la única que tiene datos y análisis pertinentes para el tema. Desafortunadamente, sus cifras son para el período 1988-1993 y en ocasiones incluye algunas de 1995. De acuerdo con estos autores, en el período analizado el presupuesto educativo del DF fue sumamente castigado, pasó del 26.5 por ciento del total federal en educación al 18.6 por ciento. Particularmente, en educación básica pasó del 14.4 por ciento al 8.9 por ciento. Estas reducciones fueron utilizadas para financiar la educación básica -prioridad del sexenio- en el resto de los estados, cuyo presupuesto educativo fue reforzado antes de que se les traspasara la operación de la misma y el financiamiento en operación.