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En ese momento, 25 entidades federativas tenían su sistema escolar financiado y operado, fundamental o predominantemente, por el gobierno federal. Sólo en cinco estados coexistía de manera equilibrada un sistema estatal de educación básica con el federal: Jalisco, México, Nuevo León, Sinaloa y Veracruz. Se traspasaron entonces a los gobiernos de todos los estados: 68,932 escuelas primarias, 9,436 escuelas secundarias, 349,435 maestros de primaria y 148,637 de secundaria, 116,000 puestos administrativos, 22 millones de bienes muebles y 13.5 millones de alumnos. En cada entidad federativa el traspaso de la operación tuvo efectos importantes y diferentes según la historia de sus sistemas escolares, el tipo de gobierno en turno, la existencia o no de grupos preparados para asumir la conducción local de la escolaridad, las relaciones de poder entre las secciones sindicales y las autoridades educativas estatales y/o federales, o las disputas internas sobre la conducción y el sentido de la educación. En cada caso, el traspaso de una enorme partida presupuestal afectó seriamente el presupuesto estatal y motivó tentaciones de aplicarlo a la solución de otras necesidades más sentidas e inmediatas de los estados. Después de 12 años de tomada la medida ha habido ciertamente una riqueza de innovaciones educativas y mejorías en las cifras nacionales de atención a la educación primaria, aunque hay también nuevos problemas generados, en donde se echa de menos una evaluación genérica de los efectos de la descentralización. InterrogantesDe esta forma, frente a la aplicación de ambas propuestas, ninguno de los actores implicados en la toma de decisiones parece preguntarse y preocuparse por el impacto que ha tenido la descentralización sobre la calidad de la educación básica en el DF: los objetivos y finalidades que se pretendieron, la manera como se dio la descentralización en todas las entidades de la federación, los problemas que implicó y las diferentes soluciones logradas a lo largo ahora de más de 12 años de realizada; los acuerdos iniciales que se tomaron con respecto de la única excepción que quedó en esa fecha: el DF; la necesidad de diálogo con los principales interesados, en este caso el gobierno de la Ciudad de México, o la información objetiva y exacta de las cifras sobre la distribución del presupuesto educativo; o como lo señalan Manuel Ulloa y Pablo Latapí, la relación federación-entidades federativas al respecto, la importancia relativa de cada fuente y la evolución histórica de su concurrencia (El financiamiento de la educación básica en el marco del federalismo, 2000).Frente a lo anterior, nos resulta clara la necesidad de demandar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo que se fundamenten técnicamente todas las iniciativas antes de ponerlas en marcha, así como solicitar se conceda mayor importancia a la formalización de acuerdos y a la comunicación, no sólo entre ellos, sino entre todos los actores que estamos involucrados en la definición de la política educativa nacional. Anexos
ReferenciaComunicados OCE sobre Sistema e institucionesD.R. Observatorio Ciudadano de la Educación Redacción: Edgar Becerra Bertram, Teresa Bracho, Alejandro Canales, Daniel Cortés Vargas, María de Ibarrola, Pedro Flores Crespo, Raquel Glazman, Antonio Gómez Nashiki, Pablo Latapí Sarre, Carlos Muñoz Izquierdo, Roberto Rodríguez Gómez, Miguel Ángel Rodríguez y Lorenza Villa Lever. Noviembre 18, 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||