La educación en el DF y la reforma al artículo 122. Primera parte (2/3)

La segunda propuesta se refiere al dictamen de reforma ya aprobada por la Cámara de diputados para adicionar una base sexta al apartado C del artículo 122 constitucional. En este momento el Senado de la República estudia dicho dictamen con objeto de ratificarlo, modificarlo o no aprobarlo. La esencia de esta reforma consiste en obligar al gobierno del DF a aportar, con cargo a su presupuesto, un porcentaje equivalente al promedio de los recursos que las entidades federativas destinan al financiamiento de la educación básica, lo que representaría para el DF una erogación cercana a los 4 mil millones de pesos (no parece justificada la estimación de 9 mil millones, que en algunos medios ha sido mencionada). Con esto se pretende suprimir el régimen de excepción del que hasta ahora ha disfrutado el gobierno del DF; ya que esta entidad federativa es la única en la cual la operación de la educación básica que en ella se imparte es financiada en un 100 por ciento por la federación, misma que opera y administra hasta la fecha el preescolar, la primaria y la secundaria en la entidad.

Nuevamente, el intenso debate que han causado ambas propuestas, en particular la segunda, manifiesta los serios conflictos y discrepancias existentes entre los principales actores de la política educativa nacional, lo que ya habíamos observado con la sorpresiva aprobación por parte del Congreso de tres años de preescolar obligatorio, no previsto sin duda por el Ejecutivo que se preparaba para hacer constitucionalmente obligatorio solo un grado.

Las federalizaciones de la educación básica

Se han presentado dos procesos de federalización en México, que corresponden a dos decisiones con el mismo nombre pero sentido diferente, tomadas una al principio y otra al final del siglo XX, cuya finalidad explícita fue mejorar la atención educativa para toda la población del país mediante la asignación diferenciada de facultades y responsabilidades a los diferentes niveles de gobierno reconocidos por la Constitución: la federación, los estados y los municipios.

La primera federalización, acordada al crearse la SEP, a principios de la década de los veinte, inició el largo camino hacía la centralización educativa, aprovechando la facultad otorgada al gobierno federal de fundar escuelas y auxiliar a las entidades federativas. De esta manera, el gobierno federal llegó a operar directamente más del 70 por ciento de las escuelas del país en preescolar, primaria, secundaria y Normal; unificó sueldos, prestaciones y condiciones de trabajo; propició la enorme expansión del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que respondió sólo a la autoridad de la SEP, al tiempo que con el crecimiento de la educación en el país, incrementó el número de sus afiliados, sus recursos, sus campos de acción y sus prebendas, muchas de ellas incorporadas en la legislación laboral del país; finalmente, unificó también propuestas, programas, contenidos, libros de texto e hizo de la acción educativa una operación homogénea en todo el territorio nacional.

Los excesos de esta centralización se hicieron ya evidentes para la década de los setenta: serias ineficiencias en lo referente a pago de sueldos, trámites, cambios de adscripción, distribución de libros de texto y desayunos escolares, mantenimiento de escuelas, supervisión efectiva, y un largo etcétera. Lo más importante fue que dificultó seriamente la presencia de contenidos de interés regional y local en los planes, programas de estudio y libros de texto, al igual que la participación de los actores locales y regionales en las decisiones sobre la educación nacional.

Distintos esfuerzos de desconcentración primero (1978) y descentralización después (1983) resultaron ineficientes y no logrados: se crearon estructuras adicionales, por ejemplo las Unidades de servicios educativos a descentralizar (sorprende la semejanza con la propuesta de una nueva Administración Federal de Servicios Educativos en la Ciudad de México) y hubo fuertes oposiciones exitosas, tanto del SNTE como de diversos gobiernos estatales.

La segunda federalización tiene correspondencia con uno de los tres puntos centrales de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) en 1992. En esta ocasión, el sentido de la misma fue contrario al anterior: el gobierno federal traspasa y el gobierno estatal recibe- los establecimientos escolares con todos los elementos de carácter técnico y administrativo, derechos y obligaciones, bienes muebles e inmuebles con los que la SEP venía prestando en el Estado respectivo los servicios educativos mencionados, así como los recursos financieros utilizados en su operación.