Observatorio Ciudadano de la Educación

Debate educativo 4

La educación en el DF y la reforma al artículo 122. Primera parte

Confusión por las propuestas
¿Cómo ha impactado la descentralización educativa al DF?

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En los últimos meses se han presentado dos propuestas que tienen impacto sobre la educación básica en la Ciudad de México: la creación de una nueva entidad desconcentrada denominada Administración Federal de Servicios Educativos en la Ciudad de México, y la reforma para adicionar una base sexta al apartado C del artículo 122 constitucional. La coincidencia de ambas propuestas produjo serias confusiones respecto de sí se trata de la descentralización del nivel que quedó pendiente desde 1992. De referirse a ese caso, la descentralización se estaría dando sin diálogo o concertación previa y con una injustificada reducción de los recursos federales asignados al Distrito Federal (DF). Observatorio analiza en esta entrega los aspectos que involucra cada propuesta, así como las inherentes vicisitudes que la federalización educativa envuelve. En la siguiente entrega dará cuenta de los aspectos jurídicos y presupuestales que suponen dichas propuestas para la educación en el DF.

Propuestas

La segunda propuesta se refiere al dictamen de reforma ya aprobada por la Cámara de diputados para adicionar una base sexta al apartado C del artículo 122 constitucional. En este momento el Senado de la República estudia dicho dictamen con objeto de ratificarlo, modificarlo o no aprobarlo. La esencia de esta reforma consiste en obligar al gobierno del DF a aportar, con cargo a su presupuesto, un porcentaje equivalente al promedio de los recursos que las entidades federativas destinan al financiamiento de la educación básica, lo que  representaría para el DF una erogación cercana a los 4 mil millones de pesos (no parece justificada la estimación de 9 mil millones, que en algunos medios ha sido mencionada). Con esto se pretende suprimir el régimen de excepción del que hasta ahora ha disfrutado el gobierno del DF; ya que esta entidad federativa es la única en la cual la operación de la educación básica que en ella se imparte es financiada en un 100 por ciento por la federación, misma que opera y administra hasta la fecha el preescolar, la primaria y la secundaria en la entidad.

Nuevamente, el intenso debate que han causado ambas propuestas, en particular la segunda, manifiesta los serios conflictos y discrepancias existentes entre los principales actores de la política educativa nacional, lo que ya habíamos observado con la sorpresiva aprobación por parte del Congreso de tres años de preescolar obligatorio, no previsto sin duda por el Ejecutivo que se preparaba para hacer constitucionalmente obligatorio solo un grado.

Las “federalizaciones” de la educación básica

La primera “federalización”, acordada al crearse la SEP, a principios de la década de los veinte, inició el “largo camino” hacía la centralización educativa, aprovechando la facultad otorgada al gobierno federal de fundar escuelas y “auxiliar” a las entidades federativas. De esta manera, el gobierno federal llegó a operar directamente más del 70 por ciento de las escuelas del país en preescolar, primaria, secundaria y Normal; unificó sueldos, prestaciones y condiciones de trabajo; propició la enorme expansión del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que respondió sólo a la autoridad de la SEP, al tiempo que con el crecimiento de la educación en el país, incrementó el número de sus afiliados, sus recursos, sus campos de acción y sus prebendas, muchas de ellas incorporadas en la legislación laboral del país; finalmente, unificó también propuestas, programas, contenidos, libros de texto e hizo de la acción educativa una  operación homogénea  en todo el territorio nacional.

Los excesos de esta  centralización se hicieron ya evidentes para la década de los setenta: serias ineficiencias en lo referente a pago de sueldos, trámites, cambios de adscripción, distribución de libros de texto y desayunos escolares, mantenimiento de escuelas, supervisión efectiva, y un largo etcétera. Lo más importante fue que dificultó seriamente la presencia de contenidos de interés regional y local en los planes, programas de estudio y libros de texto, al igual que la participación de los actores locales y regionales en las decisiones sobre la educación “nacional”.

Distintos esfuerzos de desconcentración primero (1978) y descentralización después (1983) resultaron ineficientes y no logrados: se crearon estructuras adicionales, por ejemplo las Unidades de servicios educativos a descentralizar (sorprende la semejanza con la propuesta de una nueva Administración Federal de Servicios Educativos en la Ciudad de México) y hubo fuertes oposiciones exitosas, tanto del SNTE como de diversos gobiernos estatales.

La segunda “federalización” tiene correspondencia con uno de los tres puntos centrales de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) en 1992. En esta ocasión, el sentido de la misma fue contrario al anterior: el  gobierno federal “traspasa” –y el gobierno estatal recibe-  los establecimientos escolares con todos los elementos de carácter técnico y administrativo, derechos y obligaciones, bienes muebles e inmuebles con los que la SEP venía prestando en el Estado respectivo los servicios educativos mencionados, así como los recursos financieros utilizados en su operación.

En ese momento, 25 entidades federativas tenían su sistema escolar financiado y operado, fundamental o predominantemente, por el gobierno federal. Sólo en cinco estados coexistía de manera equilibrada un sistema estatal de educación básica con el federal: Jalisco, México, Nuevo León, Sinaloa y Veracruz. Se traspasaron entonces a los gobiernos de todos los estados: 68,932 escuelas primarias, 9,436 escuelas secundarias, 349,435 maestros de primaria y 148,637 de secundaria, 116,000 puestos administrativos, 22 millones de bienes muebles y 13.5 millones de alumnos. En cada entidad federativa el traspaso de la operación tuvo efectos importantes y diferentes según la historia de sus sistemas escolares, el tipo de gobierno en turno, la existencia o no de grupos preparados para asumir la conducción local de la escolaridad, las relaciones de poder entre las secciones sindicales y las autoridades educativas estatales y/o federales, o las disputas internas sobre la conducción y el sentido de la educación. En cada caso, el traspaso de una enorme partida presupuestal afectó seriamente el presupuesto estatal y motivó tentaciones de aplicarlo a la solución de otras necesidades más sentidas e inmediatas de los estados. Después de 12 años de tomada la medida ha habido ciertamente una riqueza de innovaciones educativas y mejorías en las cifras nacionales de atención a la educación primaria, aunque hay también nuevos problemas generados, en donde se echa de menos una evaluación genérica de los efectos de  la descentralización.

Interrogantes

Frente a lo anterior, nos resulta clara la necesidad de demandar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo que se fundamenten técnicamente todas las iniciativas antes de ponerlas en marcha, así como solicitar se conceda mayor importancia a la formalización de acuerdos y a la comunicación, no sólo entre ellos, sino entre todos los actores que estamos involucrados en la definición de la política educativa nacional.

Anexos

Referencia