¿A dónde va la educación? (2/2)

Mientras que, por otro lado, existen nuevas acciones propuestas por la actual administración que merecen puntual vigilancia en sus avances. Una de ellas ha sido la iniciativa para la reforma integral de la educación secundaria. Ya Observatorio ha opinado al respecto (Debate 1, Diario Monitor, 15.07.04). No obstante, es importante hacer notar que el gran cúmulo de puntos de vista, opiniones y críticas vertidas sobre este asunto algunas débilmente fundadas no han encontrado expresión a través del diálogo público con los responsables de la reforma. De hecho, la carencia de mecanismos de interlocución entre el gobierno y la sociedad pone de relieve una meta incumplida por el gobierno de Fox: la reestructuración de los consejos de participación social. De acuerdo con el Programa Nacional de Educación 2001-2006 (PNE), el Consejo Nacional de Participación Social en Educación (CONAPASE) debió reestructurarse desde 2002. Entonces, si la SEP sostiene que para que las propuestas del PNE se materialicen hay que alcanzar acuerdos entre los actores y grupos sociales, ¿qué mecanismos pensará utilizar para recoger de manera sistemática los esfuerzos y experiencias de los ciudadanos, maestros, especialistas y jefes de familia? Al parecer la amplia participación ciudadana, que podría ser un valioso medio para impulsar transformaciones sustanciales dentro del sistema educativo, está pasando inadvertida para la actual administración.

El rumbo elegido: IV informe de Gobierno

Algunas otras de las acciones emprendidas por el gobierno actual se ha distinguido por impulsar proyectos específicos para cada uno de los tres objetivos estratégicos formulados en el PNE, a saber: 1) avanzar hacia la equidad en educación; 2) proporcionar una educación de calidad adecuada a las necesidades de todos los mexicanos; y 3) impulsar el federalismo educativo, la gestión institucional y la participación social. Encontramos así de hecho señalados como aspectos sobresalientes en el mensaje político que el presidente Vicente Fox leyó ante el Congreso durante su IV informe los siguientes programas: Bibliotecas de Aula, programas de becas, Escuelas de Calidad (PEC) y Enciclomedia. Que son, sin duda, programas con logros cuantitativos importantes: en el ciclo escolar 2003-2004 se produjeron 31.5 millones de ejemplares de Libros del Rincón en beneficio de 150 mil bibliotecas escolares y 850 mil bibliotecas de aula, y se otorgaron 5.3 millones de apoyos económicos a niños y jóvenes para cursar niveles educativos desde la educación primaria hasta la universidad (como las becas OPORTUNIDADES y PRONABES). Para el actual ciclo escolar, se estima que se apoyarán a 20 mil escuelas dentro del Programa Escuelas de Calidad.

Además, se continuará con la introducción del programa Enciclomedia, que está siendo aplicado en casi 22 mil aulas de quinto y sexto grado de primaria de todo el país; de tal forma que para el 2006 este innovador programa pueda expandirse a todas las primarias públicas de México, lo cual representa una meta muy ambiciosa tomando en cuenta el número de primarias en el país (91 966, según el Anexo Estadístico del Informe). Este nuevo proyecto abre, sin embargo, interrogantes fundamentales: ¿Se estudió su validez pedagógica? ¿Se dialogó con el magisterio para evaluar sus ventajes y limitaciones? ¿Se consideró cómo llevar a cabo de manera transparente y equitativa la elección de proveedores, además del grado de dependencia tecnológica que implica hacia las firmas distribuidoras de materiales y programas?

Repaso a la enseñanza: Indicadores de la OCDE 2004

No obstante las acciones y resultados expresados en materia de política educativa, para la primera mitad del actual sexenio hay indicios de que no todo ha marchado de forma conveniente. El informe 2004 de la OCDE (las cifras se refieren por lo general al curso escolar 2002 o al ejercicio económico 2001) permite llegar a las siguientes conclusiones para el sistema educativo mexicano: tenemos resultados muy pobres en materia de cobertura escolar, de escolaridad alcanzada en promedio (7.4 por ciento en el grupo de edad de 25 a 64 años, y de estos un 87 por ciento con estudios terminados de secundaria) y de competencias alcanzadas por los alumnos; tenemos también el doble de desafíos en materia de población a atender (por ejemplo, un 22 por ciento de la población entre 5 y 14 años de edad, cuando el promedio de los países miembros de la OCDE es del 12 por ciento) y, en términos absolutos, tenemos el gasto educativo directo más bajo del mundo (corresponde al gasto público total como porcentaje del PIB, que oscila en el 21 por ciento y es el más bajo de los países miembros de la OCDE). Mientras que en materia de impacto de la escolaridad alcanzada en empleo e ingresos, los resultados muestran que el desempleo de las personas con educación superior en México (0.9 por ciento) no alcanza las tasas de otros países (Turquía tiene un 6 por ciento y Corea un 2.4 por ciento), aunque sorprende el porcentaje de personas con educación superior (46 por ciento) que están fuera de la Población Económicamente Activa (PEA).

De igual forma, en materia de distribución del presupuesto seguimos proporcionalmente las mismas tendencias de la mayoría de los países: los maestros mexicanos de educación primaria reciben anualmente sueldos superiores al PIB/per capita (1.77 por ciento, que traducido en dólares estadounidenses corresponde a 16,324), aunque los maestros de educación secundaría y media superior reciben poco menos del doble que los de educación primaria (2.25 por ciento, y en dólares 20,722). Pero, si se considera que el salario obligatorio promedio por hora de enseñanza neta es de 38 dólares en la educación primaria en países de la OCDE, en la educación primaria de México se muestran salarios relativamente bajos (de 20 dólares o menos). Frente a estos datos, qué soluciones ofrece la OCDE: ¿Incrementar la participación del gasto educativo en educación? ¿Incrementar la participación del gasto educativo en el gasto público? ¿Disminuir los salarios de los maestros?

Presupuesto 2005

La propuesta central del Congreso es incrementar hacía el final del sexenio el gasto público en educación al 8 por ciento del PIB, y de ello asignar 1 por ciento a educación superior e investigación y desarrollo. Pero debe quedar claro que lo que se tiene que incrementar es el gasto federal respecto al PIB (que en 2004 fue del 4.5 por ciento) y el gasto público total como porcentaje del PIB, no la participación relativa actual del gasto público en educación (que fluctúa en un 24 por ciento, según la OCDE). Sabemos que el sector público mexicano actualmente tiene la mayor participación de su presupuesto en educación, pero ello entraña algunos dilemas para 2005: ¿Cuánto se destinará a la obligatoriedad del preescolar? ¿Cómo modificará el Congreso la distribución por niveles? ¿Le dará a la educación superior y a la investigación científica el presupuesto que solicitan? ¿Qué prioridad tendrá la atención a los jóvenes de 16 a 19 años?

A escala de las instituciones de posgrado e investigación se observan los efectos destructivos de la continua disminución de presupuesto: reducción de las becas al extranjero, el fin de la gratuidad a ese nivel y el cobro prepotente de los adeudos a los jóvenes becarios; problemas de repatriación, no solo para crear plazas nuevas, sino al perderse las que se desocupan. Se observa que el presupuesto asignado a cada plaza es insuficiente para cubrir el sistema de incremento a los ingresos que se gestó desde 1984: los estímulos, las becas de desempeño, entre otros. Pero, paradójicamente, el presupuesto destinado es proporcionalmente el más alto.

Debe señalarse que el PNE establecía que para el 2004 debía operar un modelo de subsidio para las IES públicas basado en criterios objetivos y transparentes, pero en el IV Informe no se hizo mención a este mecanismo de asignación de fondos públicos ni al significado de las nuevas instituciones de educación superior frente a las grandes metas de equidad, calidad y federalismo. Esta dilación quizás se explique porque aún en estos momentos siguen las negociaciones y cabildeos entre los legisladores y los órganos de representación de las universidades públicas del país.

Condiciones para cumplir metas

Se debe aceptar que la educación no es la responsable directa de la solución de los problemas y desarrollo nacionales. Si hay escuelas sin electricidad, sin drenaje es porque hay localidades o zonas sin electricidad y sin drenaje. La escolaridad tiene que integrarse a otras soluciones: en salud, comunicaciones o creación de empleos. Ya pasó el momento histórico en que podíamos definir prioridades a los niveles educativos.

En sus mensajes políticos, Vicente Fox ha enfatizado la necesidad de lograr acuerdos entre los diversos actores políticos y ha resaltado que la relación entre el poder legislativo y el ejecutivo no ha sido fluida. Este señalamiento es importante, ya que demuestra que se requiere de acciones conjuntas para poder cumplir los objetivos educativos que originalmente se plantearon. En lo inmediato, el financiamiento justo a la educación pública es un tema que pone de relieve la necesidad de tales acuerdos.

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