El titular de la SEP cuestionó recientemente el contenido de uno de los libros de historia para secundaria. Se trata de Historia de México. Un enfoque analítico, escrito por Claudia Sierra Campuzano, publicado por Editorial Esfinge, el cual fue autorizado por la SEP desde 1998 para el uso de los alumnos de tercero de secundaria. El cuestionamiento volvió a poner en la mesa de discusión el asunto de la transmisión del saber a niños y jóvenes. Es claro que la historia de un país no es unívoca y que quienes autorizan los libros no tienen derecho o autoridad para definir y limitar el tipo de interpretación histórica o la postura ideológica frente a teorías científicas o económicas que se presenten a niños y jóvenes. La determinación unívoca y unilateral de los contenidos educativos tiene cada vez menos sentido, tanto desde el punto de vista político como desde la perspectiva de la progresiva maduración del juicio crítico de los educandos. Si el régimen político mexicano asumió que la educación pública y gratuita financiada por el Estado fuera también definida ideológicamente por éste, el actual proceso democratizador plantea exigencias diferentes. Ahora que el país cuenta con un sistema político de partidos que ha introducido nuevas reglas democráticas, se debiera tender a que la interpretación de los valores morales e históricos se realice en un ambiente de diálogo del que resulten consensos básicos. Sólo así podremos vivir juntos.

Interrogantes

Es claro que la gratuidad de los libros de texto y otros apoyos educativos no puede seguirse asociando con el mantenimiento de posturas cerradas. El tema debe, sin duda, abordarse desde una nueva perspectiva. El balance actual sobre los LTG necesariamente implica una acción incluyente y de corresponsabilidad que atienda a las siguientes preguntas: ¿cuál es la relación que debe guardar la educación pública con la ideología del Estado? Bajo las nuevas reglas de vida democrática, ¿qué legitima al Estado para imponer una determinada versión de los contenidos educativos? ¿Qué tipo de respuestas y conflictos se plantean a los profesores de escuela pública ante el canon oficial de los LTG? ¿Sobre qué bases de participación debe reconocerse el derecho de los padres de familia para fijar las orientaciones de la educación pública? ¿Por qué la SEP no impulsa investigaciones sobre la historia y la ideología de los libros; sobre su uso y su desarrollo; sobre la manera de resolver estos problemas en otros países

Referencias

Comunicados OCE sobre Políticas y programas

D.R. Observatorio Ciudadano de la Educación

Redacción: Alejandro Canales, Pedro Flores Crespo, María de Ibarrola, Pablo Latapí Sarre, Humberto Muñoz García, Carlos Muñoz Izquierdo, Roberto Rodríguez  y Leonel Zúñiga..

Abril 1, 2003.