Al ponderar la implicación del aumento previsto, hay que tomar en cuenta, primero, que no toda la investigación se hace en las IES, por lo que la partida tendría que sumarse a la inversión pública en ciencia otorgada a otras entidades que hacen investigación. Segundo, que actualmente el gasto público en educación superior, considerando juntas funciones de docencia, investigación y otras, no alcanza siquiera el uno por ciento del producto. De llevarse a cabo la iniciativa, el gasto en ciencia se cuadruplicaría y se concentraría principalmente en universidades.

Preocupa no sólo de dónde provendrán los recursos, sino cómo serán ejercidos en la práctica. Hay varias posibilidades: entregar los recursos directamente a las IES; repartirlos mediante el ramo 38 del presupuesto (ciencia y tecnología); establecer nuevos programas en la SESIC, o distribuirlos por fondos sectoriales manejados por el Ejecutivo. ¿Acaso las IES tienen capacidad para manejar un presupuesto de investigación científica cuatro veces superior al actual? Finalmente, quizá por descuido de los legisladores, o acaso con intención, se dejó en el texto aprobado la expresión "instituciones de educación superior", lo que no excluye a la iniciativa privada como posible beneficiario.

Interrogantes

• En el cálculo de 8 por ciento del PIB, ¿qué cifra del producto se considerará: el PIB estimado para el año de aplicación del presupuesto o el PIB al cierre del año anterior al ejercicio presupuestal?
• En la argumentación de los diputados faltan las proyecciones indispensables a 2006: de la matrícula por niveles y modalidades escolares, costos unitarios, evolución de los principales programas, etcétera, que deben normar la aplicación de los recursos adicionales.
• ¿Qué garantías puede tener la opinión pública de que los recursos adicionales redundarán en mayor calidad educativa (particularmente en las modalidades y escuelas que atienden a la población más necesitada) y no acabarán absorbidos por la burocracia o el simple incremento salarial del magisterio?
• ¿No sería la ocasión para que el Congreso introdujera mecanismos para fiscalizar el uso de los recursos educativos que se entregan a los gobiernos estatales y municipales, asunto sobre el que se sospechan serias irregularidades?

Referencias

Comunicados OCE sobre Economía y educación

D.R. Observatorio Ciudadano de la Educación

Redacción: Alejandro Canales, Pedro Flores Crespo, María de Ibarrola, Pablo Latapí Sarre, Humberto Muñoz García, Carlos Muñoz Izquierdo, Roberto Rodríguez  y Leonel Zúñiga..

Diceimbre 13, 2002.