8 por ciento: ¿un compromiso? (2/3)

No obstante las propuestas emanadas del gobierno federal, la reforma a la LGE fue iniciativa de los legisladores. Un primer proyecto fue presentado por el PRD en septiembre de 2000. Desde entonces, otros actores políticos se pronunciaron por el cumplimiento del compromiso presidencial, contribuyendo a crear presión para que los diputados se ocuparan. El PRI llevó a la Cámara de Diputados, en octubre de 2002, una iniciativa que propone que "el presupuesto anual que la Federación destine al gasto en educación pública partirá de un mínimo de 8 por ciento del PIB y no podrán recortarse sus montos." A fines del mismo mes, el PAN presentó su proyecto en el que reitera la necesidad de incluir en la estimación la participación económica "de la sociedad civil".

Luego de tres excitativas, a principios de noviembre de este año la mesa directiva exhortó a las comisiones a presentar su propuesta a más tardar el día 12. Pese a las solicitudes del PAN a la Junta de Coordinación para que el dictamen se omitiera del orden del día, finalmente el 26 de noviembre se consideró, debatió y votó la reforma. En la deliberación sólo el PAN manifestó una postura divergente: aceptaba la posibilidad de alcanzar en 2006 8 por ciento siempre que se incluyera en la cifra el gasto privado, postura derrotada en el debate.

En las propuestas de los partidos, en la exposición de motivos de la reforma aprobada y también en el debate público acerca del gasto educativo, se insiste en que la cifra de 8 por ciento proviene de una recomendación de la UNESCO, aseveración que es inexacta. En diciembre de 1979 la Conferencia Regional de Ministros de Educación y Ministros Encargados de la Planificación Económica de América Latina y el Caribe, organizada por UNESCO con la cooperación de la CEPAL y la OEA, estipuló en la Declaración de México, que los estados miembros deberían "dedicar presupuestos gradualmente mayores a la educación, hasta destinar no menos del 7 u 8 por ciento de su PNB a la acción educativa". La recomendación proviene de un acuerdo intergubernamental, no de la UNESCO.

Al margen de la precisión histórica sobre el origen del 8 por ciento, los diputados convinieron en que es un nivel de gasto educativo apropiado para México. Sin omitir sus rasgos políticos, hoy la discusión es más técnica, en particular sobre las formas de canalizar al ramo educativo más recursos del gasto público: cómo se distribuirán internamente y de qué manera se traducirán en equidad y calidad de la educación.

Según datos del último informe de gobierno, la proporción del gasto educativo nacional respecto al PIB es aproximadamente 6.8 por ciento, cifra que se compone de 5.5 por ciento de gasto público y 1.3 por ciento del privado. El primero se divide en 4.5 por ciento federal y uno por ciento estatal y municipal; el segundo es una estimación de la SEP basada quién sabe en qué.

Llevar el gasto público a una proporción de 8 por ciento para 2006 significa incrementar casi 50 por ciento el volumen actual de recursos públicos dedicados a educación. En términos absolutos sería pasar de 339 mil millones de pesos de este año (suma de gasto federal, estatal y municipal) a más de 560 mil millones al término del sexenio, con un crecimiento anual promedio del PIB de 3 por ciento.

Si la reforma se aprueba entrará en vigor hasta 2003 y regirá para el presupuesto de 2004, lo que implica que en cada uno de los años restantes deberá agregarse al gasto educativo el equivalente a un punto porcentual del PIB. Este escenario resalta sobremanera con el actual proyecto de egresos presentado por Hacienda, que considera un aumento real para educación de 1.6 por ciento, lo que equivale a 14 mil millones de pesos más que en 2002. Los diputados, tendrán que encontrar la fórmula para conciliar las enormes diferencias entre las previsiones de Hacienda y los supuestos de la nueva ley.

La segunda parte de la propuesta se refiere al gasto en investigación científica a ser ejercido por las instituciones de educación superior (IES). Según la iniciativa, en 2006 deberá ser equivalente a uno por ciento del PIB, como parte del 8 por ciento para educación. Alcanzar esa meta supone un esfuerzo sin precedentes. Las IES reciben hoy 62.4 por ciento del gasto público en ciencia, lo que equivale a 16 mil 500 millones de pesos. La iniciativa propone pasar de este monto a lo que en 2006 sea el uno por ciento del PIB (actualmente son más de 60 mil millones de pesos).