8 por ciento: ¿un compromiso? (1/3)
Aunque con dudas de viabilidad, podrían despegar educación
pública, ciencia y teconología
El 26 de noviembre pasado los diputados reformaron con voto mayoritario
(410 a favor, nueve en contra y nueve abstenciones) el artículo
25 de la Ley General de Educación (LGE). El texto aprobado quedó
en los siguientes términos: "El Ejecutivo federal y el gobierno
de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de
ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables,
concurrirán al financiamiento de la educación pública
y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado -Federación,
entidades federativas y municipios- destine al gasto en educación
pública y en los servicios educativos no podrá ser menor
a 8 por ciento del producto interno bruto del país, destinando de
este monto, al menos el uno por ciento del producto interno bruto a la
investigación científica y al desarrollo tecnológico
en las Instituciones de Educación Superior" (Gaceta parlamentaria,
14/10/02). En artículo transitorio se precisó que el incremento
aprobado sería gradual y el mandato de la reforma se cumpliría
en 2006.
Lo más celebrado es la decisión de los diputados de asignar
a la educación pública tal nivel de financiamiento y obligar
por ley al Estado a cumplirlo. Sin embargo, el debate público acerca
de sus implicaciones apenas comienza. El nuevo artículo aún
no entra en vigencia: debe ser ratificado por el Senado y el Ejecutivo
federal, que tiene poder de veto. Si la propuesta se cuestionara, volvería
a la Cámara de origen para nuevo dictamen. Es improbable que suceda;
las fuerzas políticas votaron a favor y se prevé que repitan
su actuación en el Senado, porque está en curso el proceso
de renovación parlamentaria de 2003 y los legisladores buscarán
mostrar al electorado su preocupación por la educación. El
Presidente de la República tampoco rechazará la iniciativa,
ya que celebró la decisión, no sin recuperar la autoría
de la iniciativa: "es nuestra, la hicimos en campaña y ahora la
respalda la Cámara de Diputados" (Boletín de la Presidencia,
02/12/02). Efectivamente, fue la propuesta 59 del documento 150 propuestas
de Vicente Fox de su plataforma electoral, respaldada por el PAN y el PVEM.
La promesa de campaña no precisó si se refería
al gasto público o al gasto total, tampoco la distribución
de recursos ni su fuente de origen. Una vez que Fox ganó la elección,
la propuesta fue incluida en las Bases para el Programa Sectorial de Educación
del equipo de transición educativa (noviembre de 2000), que recuperó
la idea, más allá de su formulación original, al establecer
que "el gasto en educación se eleve paulatinamente a lo largo de
2001-2006 y pase del actual 6.1 por ciento del PIB a 8.5 por ciento" y
propuso que ese nivel se alcanzaría "con la participación
federal, estatal y de la iniciativa privada".
El Programa Nacional de Educación (PNE), dado a conocer en septiembre
de 2001, establece "alcanzar en 2006 una proporción de 8 por ciento
del PIB destinada a educación" (p. 94). Aclara que se considera
el gasto público y el privado, no el de ciencia y tecnología.
Esto es, la propuesta del PNE es de 8 por ciento al gasto educativo (público
y privado) más uno por ciento para ciencia y tecnología;
en cambio, en la reforma de los diputados la proporción para investigación
y desarrollo está contenida en el gasto educativo.
La educación en las plataformas electorales 
