8 por ciento: ¿un compromiso? (1/3)

Aunque con dudas de viabilidad, podrían despegar educación pública, ciencia y teconología

El 26 de noviembre pasado los diputados reformaron con voto mayoritario (410 a favor, nueve en contra y nueve abstenciones) el artículo 25 de la Ley General de Educación (LGE). El texto aprobado quedó en los siguientes términos: "El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y municipios- destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos no podrá ser menor a 8 por ciento del producto interno bruto del país, destinando de este monto, al menos el uno por ciento del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior" (Gaceta parlamentaria, 14/10/02). En artículo transitorio se precisó que el incremento aprobado sería gradual y el mandato de la reforma se cumpliría en 2006.

Lo más celebrado es la decisión de los diputados de asignar a la educación pública tal nivel de financiamiento y obligar por ley al Estado a cumplirlo. Sin embargo, el debate público acerca de sus implicaciones apenas comienza. El nuevo artículo aún no entra en vigencia: debe ser ratificado por el Senado y el Ejecutivo federal, que tiene poder de veto. Si la propuesta se cuestionara, volvería a la Cámara de origen para nuevo dictamen. Es improbable que suceda; las fuerzas políticas votaron a favor y se prevé que repitan su actuación en el Senado, porque está en curso el proceso de renovación parlamentaria de 2003 y los legisladores buscarán mostrar al electorado su preocupación por la educación. El Presidente de la República tampoco rechazará la iniciativa, ya que celebró la decisión, no sin recuperar la autoría de la iniciativa: "es nuestra, la hicimos en campaña y ahora la respalda la Cámara de Diputados" (Boletín de la Presidencia, 02/12/02). Efectivamente, fue la propuesta 59 del documento 150 propuestas de Vicente Fox de su plataforma electoral, respaldada por el PAN y el PVEM.

La promesa de campaña no precisó si se refería al gasto público o al gasto total, tampoco la distribución de recursos ni su fuente de origen. Una vez que Fox ganó la elección, la propuesta fue incluida en las Bases para el Programa Sectorial de Educación del equipo de transición educativa (noviembre de 2000), que recuperó la idea, más allá de su formulación original, al establecer que "el gasto en educación se eleve paulatinamente a lo largo de 2001-2006 y pase del actual 6.1 por ciento del PIB a 8.5 por ciento" y propuso que ese nivel se alcanzaría "con la participación federal, estatal y de la iniciativa privada".

El Programa Nacional de Educación (PNE), dado a conocer en septiembre de 2001, establece "alcanzar en 2006 una proporción de 8 por ciento del PIB destinada a educación" (p. 94). Aclara que se considera el gasto público y el privado, no el de ciencia y tecnología. Esto es, la propuesta del PNE es de 8 por ciento al gasto educativo (público y privado) más uno por ciento para ciencia y tecnología; en cambio, en la reforma de los diputados la proporción para investigación y desarrollo está contenida en el gasto educativo.