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Todas estas modificaciones vienen a sumarse a otros cambios en la estrategia científico tecnológica del régimen: la existencia de fondos sectoriales que manejarán las secretarías de Estado en coordinación con el Conacyt, y la probable reconstitución del Sistema Nacional de Investigadores al formar parte de la nueva ley orgánica de dicho organismo. No hay que olvidar tampoco los ajustes a la función de investigación científica en las instituciones de enseñanza superior públicas que provienen del subprograma de educación superior de la SEP, los cuales adolecen en fondo y forma de una articulación suficiente con el esquema que promueve Conacyt. Tomadas en conjunto, las modificaciones normativas parecen constituir un avance. Sin embargo, como ha quedado claro con diferentes iniciativas en el pasado, no es suficiente. Está por verse que el nuevo marco efectivamente impulse los objetivos que pretende: alentar el desarrollo de la ciencia y la tecnología y lograr una mejor vinculación entre los sectores académico y productivo. Como el otro eslabón de la cadena los recursos financieros para investigación y desarrollo- se ha mostrado francamente débil, la expectativa de conformar -ahora sí y a largo plazo- un sistema sólido que sirva de impulso al crecimiento económico del país y a la solución de sus problemas sociales, es todavía una apuesta al futuro. Interrogantes
ReferenciasComunicados OCE sobre Políticas y programasD.R. Observatorio Ciudadano de la Educación Redacción: Alberto Aziz Nassif, Alejandro Canales, Pedro Flores Crespo, María de Ibarrola, Pablo Latapí Sarre, Felipe Martínez Rizo, Humberto Muñoz García, Carlos Muñoz Izquierdo, Roberto Rodríguez y Leonel Zúñiga.. Junio 28, 2002. |