Política científica y tecnológica: una trayectoria accidentada (1/3)

Como en otros ámbitos del gobierno, en el correspondiente a la gestión de la ciencia y la tecnología el presidente anunció grandes cambios y un respaldo económico sin precedente. Hasta el momento no hay, sin embargo, signos claros que apunten en esa dirección. Al contrario, la política científica y tecnológica del régimen se percibe entrampada en fallas de coordinación entre los sectores competentes: el Ejecutivo federal y el Legislativo; la SEP y el Conacyt; el sector académico y las empresas. Los recursos son insuficientes, no acaban de llegar a donde deben ser ejercidos, y el debate sobre nuevas normas e instrumentos ha ocupado la mayor parte del espacio de negociación y acuerdos.

La más reciente novedad en este panorama es el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, cuya mesa directiva se instaló el pasado 17 de junio. Según la nueva Ley de Ciencia y Tecnología (Diario Oficial de la Federación 05.06.02) esta instancia se propone como un órgano de apoyo y consulta del Ejecutivo federal y del Conacyt, para promover la expresión de científicos, académicos y del sector productivo en la formulación de propuestas.

No obstante, el foro no es una iniciativa tan original. La anterior ley para la actividades científicas y tecnológicas, promulgada en abril de1999 y vigente hasta hace un par de semanas, previó la creación de un foro con características similares al que recientemente se constituyó. Esa fórmula se demoró casi dos años en integrarse poco más de treinta miembros sesionaron por primera vez en noviembre del 2000- y su expresión pública más visible fue la difusión de un documento con propuestas al Plan Nacional de Desarrollo y al programa sectorial correspondiente.

La instalación del nuevo organismo es otro ajuste a la legislación científica y tecnológica. También es parte de una larga serie de cambios que se han realizado en los últimos tres años y un paso previo a la constitución de un órgano más relevante que se pondrá en marcha próximamente: el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (CGICyDT). La adecuación del marco normativo de las actividades científicas, como se puede apreciar, continua en el presente. Sin embargo, conviene preguntarse cuál es la dirección de estos cambios, quiénes y cómo los impulsan y, muy especialmente, si las bases normativas que hoy están aprobadas permitirán una política científica de largo plazo o serán necesarias más y más modificaciones.

Una reforma acotada e insuficiente

En diciembre de 2001 el Ejecutivo federal envió al Congreso la propuesta de una nueva Ley Orgánica para Conacyt y una serie de reformas y adiciones a la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica. La intención, se argumentó en las consideraciones, era asegurar una organización de impulso multisectorial y descentralizado.

El componente fundamental de la iniciativa era el establecimiento de un Consejo General de política y coordinación en materia de ciencia y tecnología, el CGICyDT, mismo que tendría influencia en toda la actividad de la administración pública federal. El Consejo, se anotaba claramente en el proyecto, no sería un órgano operativo de gestión administrativa o de consulta, sino de coordinación y decisión que definiría los lineamientos programáticos y de presupuesto sobre los rubros de investigación científica en las dependencias de la administración pública. También se preveía que fuera un órgano presidido por el Ejecutivo federal, e integrado por representantes del sector gubernamental y académico.