CNAE: ¿Respuesta a problemas de la federalización educativa? (1/3)

Ni punto de acuerdo ni decreto, para el nuevo organismo
Responsabilidad limitada en organismos estatales

Al final de enero se reunieron el titular y los subsecretarios de la Secretaría de Educación Pública con los secretarios de educación de las entidades federativas. En esta nueva administración es la tercera reunión que realizan y, según se ha informado, la intención ha sido discutir temas relevantes para la Federación y los estados, y llegar a acuerdos que permitan consolidar el federalismo educativo. La agenda es variada, pero incluye algunos de los problemas que requieren pronta definición, como la evaluación, el financiamiento, el sistema de planeación y los ámbitos de participación en los programas en marcha.

El trabajo conjunto entre autoridades federales y estatales está previsto en el Programa Nacional de Educación 2001 ?2006 (PNE), en el marco de un renovado impulso al federalismo y con la novedad operativa de un Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CNAE), el cual, según anotó el Ejecutivo federal en septiembre, quedó instalado con la asistencia de los responsables de educación de los estados a la ceremonia de presentación del PNE. Sin embargo, legalmente no ha quedado constituido y cabría preguntarse si con las reuniones realizadas hasta ahora se satisface su esquema de funcionamiento y, sobre todo, cuáles deberían ser la agenda y la naturaleza de los acuerdos.

Federalización centralizadora

Desde que comenzó a desarrollarse el sistema de educación pública en el siglo XIX, la actividad educativa se consideró responsabilidad de los estados y no del gobierno federal, al que correspondía ocuparse de las escuelas del Distrito Federal y los territorios, precisamente porque éstos no tenían calidad de entidades libres y soberanas.

La insuficiente capacidad de los estados para hacer frente a tal obligación, y la todavía mayor de los municipios, a los que pretendió transferirla una fugaz reforma promovida por Carranza, fortaleció la opción contraria; esta tendencia se concretó en la creación, en 1921, de la SEP: un ministerio federal de educación, cuya competencia se extendía a todo el país.

La federalización centralizadora se fortaleció de manera determinante en 1934, cuando se modificó el artículo 73 de la Constitución que, desde entonces y hasta ahora, establece que el Congreso de la Unión tiene la facultad para "establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales", lo mismo que la distribución de la función educativa en los diferentes órdenes de gobierno y los correspondientes recursos económicos (fracción XXV).

Con fundamento en la legislación reglamentaria, o simplemente por el peso del Ejecutivo federal en el sistema político mexicano, desde entonces hasta hace una década, el papel de las secretarías estatales de educación fue insignificante, en comparación con el de la SEP, en lo relativo a la definición de las políticas educativas.

Las tendencias de los 80, llamadas igualmente federalizadoras, pero ahora en el sentido de descentralización, culminaron con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal (ANMEB), firmado el 18 de mayo de 1992 por el Ejecutivo federal, los gobernadores de los 31 estados y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). A partir de este acuerdo, el gobierno federal transfirió a los estados el manejo de todas las escuelas de los niveles prescolar, primaria y secundaria, así como las normales. En la nueva situación, las dependencias responsables del sistema educativo de los estados adquirieron un peso mucho mayor que en el pasado.