En el nuevo contexto cívico-político que ha ido emergiendo a partir del 2 de julio de 2000, hay todavía grandes indefiniciones; una es la de las formas concretas de participación de la sociedad en la vida pública. Tras un año de intentos, fracasó, en cuanto sabemos, la ambiciosa iniciativa presidencial Alianza Ciudadana que pretendía promover la participación de los ciudadanos en la definición de las políticas públicas. Recientemente el coordinador de la oficina fue reasignado como vocero de la Presidencia y quedó a cargo de despacho Bernardo Avalos Casillas, quien se había desempeñado como sub-coordinador de la misma. Sin embargo, los compromisos del Ejecutivo federal, asumidos al poner en marcha Alianza Ciudadana, siguen a la espera de cumplirse. Particularmente aquellos que se reconocieron como prioritarios: un marco jurídico para la participación de las organizaciones de la sociedad civil, establecimiento de mecanismos institucionales para esos propósitos y acceso a información de las entidades gubernamentales.

Muchas dependencias del gobierno federal han organizado "consejos consultivos ciudadanos" en los que han invitado a participar a personas independientes, generalmente capaces y reconocidas. Creemos que esta forma de participación de ciudadanos en el gobierno es positiva y beneficiará a ambas partes, pero también opinamos que en una sociedad democrática deben funcionar otras formas de participación desde afuera del gobierno, cuya independencia esté a salvo de toda forma de coptación, a través de las cuales se pueda demandar a los gobernantes con legitimidad la rendición de cuentas de su gestión, alertar públicamente de sus errores y fortalecer la representación de los intereses de los grupos sociales y el diálogo entre gobierno y sociedad. Dentro de esta categoría se inscribe la acción de OCE.

En materia de participación social quedan aún dudas por esclarecer respecto a sus sujetos, la legitimidad de su representación, los mecanismos y niveles de participación y sobre todo la rendición de cuentas, respecto a la cual debe esclarecerse quién rinde cuentas, a quién, sobre qué asuntos, en qué tiempos, con qué procedimientos y con qué consecuencias.

Una vida ciudadana robusta requiere procesos y dinámicas tanto de participación como de rendición de cuentas -las dos caras de la moneda-, sin mengua, por supuesto, del funcionamiento de los partidos y del debate político en el Congreso de la Unión y demás órganos formales del gobierno.

En el sector educativo el Programa Nacional de Educación 2001-2006 claramente reconoce que la participación social ha sido desatendida y acepta que el Consejo Nacional de Participación Social en Educación (Conapase) -al igual que los consejos que operan a nivel local-, ni por su composición ni por su desempeño, responde a los retos en esta materia (p. 69). En consecuencia, el programa establece como metas la restructuración del Conapase, la creación de nuevos organismos de vinculación en el caso de la educación media superior y superior, y la promoción de nuevas formas de participación social.

Persisten, sin embargo, ciertas dudas sobre el tipo y tiempo de la restructuración de los consejos; la operación, influencia y composición de los consejos de vinculación que se pondrán en marcha; y, especialmente, en cuanto a las novedosas formas de participación que se prevén. Incluso, para estas últimas, el programa sectorial soslaya metas y proyectos, pues advierte que "la tarea de fomentar el desarrollo de formas diversas de participación social en escuelas e instituciones corresponderá a cada tipo educativo" (p. 98).

Pese a las indefiniciones respecto a la participación social, concretamente en asuntos que atañen a la educación, creemos que la función irá haciendo el órgano; la labor que nos hemos propuesto en OCE contribuirá a esclarecer las cuestiones pendientes y a hacer realidad la presencia ciudadana en este importante sector de la vida pública.

Por nuestra parte, además de cumplir con las actividades ya mencionadas, insistiremos en demandar respuesta pública a las interrogantes que acompañan a cada uno de nuestros comunicados. Son preguntas que, en correspondencia con los objetivos que impulsan a OCE, intentan esclarecer las políticas educativas, analizar las acciones, fomentar la discusión razonada y contribuir a la formación de una opinión pública más informada; las hemos formulado siempre en términos respetuosos y lo seguiremos haciendo de esa manera.

Ha transcurrido el primer año de la actual administración gubernamental, ya ha definido cuáles son sus objetivos estratégicos en el campo educativo, las líneas de acción, así como las metas que piensa alcanzar a lo largo de su periodo. Esperamos, en consecuencia con lo que se ha declarado, transparencia en el manejo de la información que se genera en el sector, rendición de cuentas de las autoridades y respuesta a las preguntas que seguiremos formulando al final de nuestros comunicados.

Referencias

Comunicados OCE sobre Autoevaluación de OCE

D.R. Observatorio Ciudadano de la Educación

Redacción: Alberto Aziz Nassif, Alejandro Canales, Pedro Flores Crespo, María de Ibarrola, Pablo Latapí Sarre, Felipe Martínez Rizo, Humberto Muñoz García, Carlos Muñoz Izquierdo, Roberto Rodríguez, Lorenza Villa Lever y Leonel Zúñiga..

Enero 28,  2002.