El Consejo Nacional para la Vida y el Trabajo (2/3)
"Desarrollo y reconocimiento de competencias", como tercera estrategia,
ofrece crear una red para la normalización y certificación
de conocimientos y habilidades, integrada por el Consejo de Normatividad
y Certificación de Competencia Laboral (Conocer), el Programa de
Acreditación de Conalep, y por un nuevo proyecto aún sin
denominación clara, que aparentemente se desarrollará en
los Cecatis.
Por último, la cuarta estrategia refiere dos innovaciones: creación
de "plazas comunitarias" y un "portal educativo" que ofrecería servicios
educativos formales y no formales. Las plazas comunitarias, definidas en
el PNE como un nuevo espacio para aprender, contarían con un espacio
para brindar atención de manera tradicional, otro equipado con televisión,
videocasetera y la señal de Edusat, y un tercero que ofrecería
a los adultos "acceso al conocimiento de la humanidad" a través
del portal Conevyt y una biblioteca digital.
¿Qué le hace falta al Conevyt?
Con la propuesta del Conevyt, México decide atender la educación
de toda su población a lo largo de la vida, en el mismo momento
en que la mayor parte de los países reconocen esta prioridad y enfrentan
los desafíos de cómo llevarla a cabo. Como participantes
del equipo de transición, varios de los redactores de Observatorio
anticipamos en su oportunidad diversos retos que el PNE no expresa.
El primero es reconocer que la demanda que presumiblemente atenderá
el Conevyt tiene una naturaleza "virtual" (o potencial), lo que significa
que sólo podría convertirse en demanda real si, mediante
intervenciones directas en las comunidades, se llevasen a cabo un conjunto
de procesos encaminados a articularla, organizándola, por ejemplo,
alrededor de proyectos productivos, de educación familiar o cívica.
Desde luego, estos procesos requieren la participación muy activa
de diversos actores sociales y no pueden basarse en tecnologías
de punta. Sin embargo, estos aspectos no figuran en las estrategias del
Conevyt.
Además, si bien se reconoce el reto de la equidad, y se le otorga
absoluta prioridad, carece de contenido preciso. La población del
país debe reconocerse como heterogénea, con una exigencia
de respuestas focalizadas y pertinentes que permitan integrar el conocimiento
en diversos procesos cotidianos. Sin descartar la atención a jóvenes
y adultos cuya escolaridad superó la básica obligatoria,
debe enfatizarse la prioridad que merecen millones de mexicanos con escasa
o nula escolaridad y en condiciones precarias; en particular la magnitud
del grupo de jóvenes de 15 a 24 años que no terminó
secundaria, la mitad de los cuales ni siquiera concluyó la primaria
y que serán quienes llevarán el peso del desarrollo en los
próximos 20 años. El desafío de la cobertura se une
al de la equidad.
Otro reto es la naturaleza del organismo responsable. Se trata de crear
una nueva institucionalidad que no sólo coordine lo existente sino
que realmente innove. La posibilidad de coordinar los esfuerzos que existen
requiere un conocimiento y acercamiento cuidadoso con cada una de las instituciones
que los respaldan. Los esfuerzos institucionales difieren ampliamente en
cuanto a sus alcances institucionales, naturaleza jurídica, situación
financiera, experiencia, existencia o no de grupos técnicos, y características
de sus logros y problemas principales. Por ejemplo, ¿cuál
es la diferencia entre el Modelo de Educación para la Vida, diseñado
por el INEA, y la secundaria a distancia para adultos (SEA), impulsada
por la Subsecretaría de Educación Básica, y por qué
el Conevyt opta por uno y no por otro? Otro ejemplo es la naturaleza y
formas de operar institucionalmente: el INEA, institución en proceso
de descentralización que funciona con el apoyo solidario de instructores
con escasa escolaridad y a los que se les da un pago simbólico,
y el Conocer, que a la fecha enfrenta el difícil problema de no
tener un status jurídico definido y cuya operación se concibió
sobre la base de actividades de evaluación y certificación
operadas por terceros que cobran por estos servicios. Además, sorprende
la ausencia total de referencias al CREFAL, institución pionera
e innovadora en el campo, que el gobierno de México ha albergado
desde hace 50 años.
Otro reto que no se anticipa es la necesidad de evaluar la mayor parte
de los programas en marcha. Si bien es importante, como propone el PNE,
recuperar y hacer visible la acción de los Centros de Capacitación
para el Trabajo Industrial y los nuevos Institutos de Formación
Laboral de los Estados, no se puede ignorar que se trata de las entidades
del sistema escolar menos conocidas en cuanto a su oferta curricular y
forma de trabajo. Por otra parte, el plan no hace referencia ninguna al
Programa de Modernización de la Educación Técnica
y la Capacitación, que había logrado una interesante interacción
entre la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Educación
Pública. Asimismo, el gran sistema que coordinará el consejo
requiere una nueva base jurídica, que no se menciona en el apartado
correspondiente del PNE. Se ignora que la Ley de Educación de Adultos
quedó abrogada en 1993 y que la Ley General de Educación
vigente trata sólo aspectos generales de la educación de
adultos.