Comentarios al PNE (2) (2/3)

Otro de las grandes metas gubernamentales es Alcanzar, en 2006, una proporción del 8% del PIB destinada a educación (p.94). A diferencia del resto de metas, para ésta se hacen algunas precisiones: el porcentaje se refiere al total del gasto, lo que quiere decir que incluye gasto el público el y privado, y la tarea del ejecutivo se limitará a proponer a los legisladores un esquema para alcanzar esa meta dado que, se anota en el PNE, la aprobación del presupuesto de egresos es facultad exclusiva del Congreso.

Debe recordarse que el propósito de incrementar los recursos al 8 por ciento respecto al PIB, fue uno de los compromisos de campaña más reiterados por el ahora presidente Fox, una de las propuestas del equipo de la transición educativa (aunque recomendó destinar el 8.5 por ciento) y una de las demandas más persistentes en el campo de la educación desde hace décadas, de modo que resulta hasta cierto punto explicable que se haya incluido esa meta en el PNE.  Sin embargo, lo que resta por aclarar es en qué medida crecerá el gasto público y en cuál privado para alcanzar la meta. Las cifras indican que durante la administración anterior el gasto público en educación osciló entre el 4.7 y el 4.9 respecto al PIB, mientras que el gato total (público más privado) pasó de 4.9 a 6.1 por ciento. La pregunta, a la vista del actual panorama económico, es si la meta podrá cumplirse y qué se hará para impulsar la educación si fuera imposible destinarle mayores recursos.

En cuanto a la meta de establecer un acuerdo con el SNTE en favor de la calidad de la educación, sorprende que en el PNE no se incluya un plazo para cumplirla. No se puede soslayar que alcanzar un acuerdo en esta materia podría ser un factor de suma relevancia para impulsar una mejora educativa, sobre todo a la vista de los indicadores, nacionales e internacionales, que muestran sensibles deficiencias en el desempeño y calidad del sistema educativo. Sería conveniente que las autoridades educativas y el SNTE hicieran públicas sus posiciones al respecto y que se concretara el contenido y fecha del acuerdo.

El diseño de una nueva gestión educativa complementa las metas indicadas con propuestas para profundizar el proceso de federalización y mejorar el esquema de participación social. En ambos casos, en lugar de anunciar reformas inmediatas, la SEP ha  optado por una vía de transformación gradual que abarcaría la totalidad de este sexenio. Esta opción parece atender a la complejidad de un escenario político caracterizado por la presencia de fuerzas políticas y sociales diversas (partidos, fracciones, actores institucionales y movimientos sociales) con las cuales la SEP propone establecer un gran acuerdo nacional aunque no indica ni sus términos ni su plazo.

Para la educación media superior, que en realidad debería ser educación media a secas una vez asimilada la secundaria al ciclo básico, el PNE propone la creación de una coordinación, objetivo que reemplaza a la propuesta manejada con anterioridad de crear una subsecretaría específica. Añade propósitos de restructuración curricular con base en un nuevo modelo de bachillerato, la meta de incrementar en 50 por ciento el financiamiento al nivel y la meta de superar en 12 por ciento el actual nivel de cobertura. Desde luego el alcance de estas metas no depende exclusivamente de una voluntad de reforma: el objetivo de financiamiento está acotado por la capacidad de la SEP de acceder a un financiamiento público creciente y la meta de cobertura está en función, en buena medida, en la capacidad del sistema escolar para atraer y retener a la población de jóvenes en el tramo escolar correspondiente, situación que se torna delicada en un contexto de crisis económica como el que se avizora con toda claridad.