Comentarios al PNE (1) (3/4)

Otro tanto puede decirse de la meta de cobertura adjudicada al sistema de educación superior, en que se prevé la incorporación de casi un millón de nuevos estudiantes. Independientemente de la capacidad de crecimiento de los sistemas público y privado en este nivel, habría que considerar las posibilidades reales de los jóvenes para acceder a la oferta de estudios superiores propuesta en el PNE en un contexto como el indicado. En el diseño de reforma del nivel superior son más bien escasas las alternativas diseñadas para la atención de una demanda escolar que estará presionada tanto por apremios económicos de subsistencia como por una creciente disminución de opciones de empleo en el mercado profesional.

Es importante reconocer que el PNE no se reduce a las estrategias y metas que hemos comentado. Por el contrario, los temas que se abren a la discusión son múltiples y merecen un análisis en profundidad, lo que Observatorio propone discutir en futuros comunicados.

El pasado 28 de septiembre, en ceremonia encabezada por el presidente Vicente Fox en el Palacio de Bellas Artes, se presentó el Programa Nacional de Educación (PNE) 2001-2006. Por la importancia que tiene este documento en la definición de la política educativa nacional, Observatorio dedicará este comunicado y los próximos dos a su análisis.

A diferencia del Programa de Desarrollo Educativo del sexenio anterior, el PNE ofrece metas específicas para educación básica, media superior, superior y para el nuevo programa de educación para la vida y el trabajo. Dichas metas ?cuyo análisis será tema del próximo comunicado?, así como los objetivos particulares, estrategias y acciones correspondientes, se refieren a los tres propósitos generales del programa: "avanzar hacia la equidad en educación, proporcionar una educación de calidad adecuada a las necesidades de todos los mexicanos, e impulsar el federalismo educativo, la gestión institucional y la participación social en la educación" (PNE: 76).

En el PNE, además, se describen los medios para impulsar estos propósitos, así como las reformas que implican. También se establecen dos requisitos para hacer viable el cambio de enfoque. El primero, de carácter económico, es la ampliación del gasto hasta alcanzar un nivel equivalente a 8 por ciento del PIB, meta que discutimos en el comunicado anterior. El segundo es de naturaleza política y se refiere a la necesidad de lograr "un gran acuerdo nacional" (PNE: 40) en torno a las propuestas del programa y una serie de acuerdos, consensos y pactos que reúnan los intereses de los actores involucrados.

 En el mensaje del secretario Reyes Tamez Guerra, contenido en el texto del programa, se reitera: "convocamos a los profesores y a las organizaciones; a los padres de familia y los alumnos; a las escuelas e instituciones; a los demás sectores de la sociedad; a los poderes Legislativo y Judicial; y a los gobiernos estatales y municipales del país, a sumarse a un gran acuerdo nacional por la educación, buscando hacer realidad la prioridad de este sector en la agenda pública" (PNE: 12).

Es interesante que, a través de esta convocatoria, el Poder Ejecutivo Federal proponga ampliar la gama de sus interlocutores tradicionales y afirme la necesidad de concurrencia de otros actores (estudiantes, padres de familia, los demás poderes de la Unión y las organizaciones civiles) dentro del tablero de negociaciones que requiere la reforma de la educación.

Existe el riesgo de que una convocatoria de esa naturaleza quede en el plano meramente discursivo si la participación solicitada adolece de medios efectivos para su materialización. Es un riesgo más que aparente.

En el reciente Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional del 7 de octubre, suscrito por el Presidente de la República y los presidentes de los partidos representados en el Congreso, la educación se incluye en la "agenda social" en términos de "fomentar el acceso universal a la educación pública, laica, gratuita y de calidad", propósito contenido en el artículo 3º constitucional y en la Ley General de Educación; pero, a diferencia de otros enunciados políticos y económicos del acuerdo, no se anticipa ninguna estrategia para tal propósito ni tampoco ocupa lugar la educación en el elenco de las "acciones inmediatas" convenidas.