El PIB y la educación (2/2)

Por otra parte, en nuestro país se estima que el gasto educativo total (gasto público autorizado por el Congreso más gasto de las familias en colegiaturas, materiales escolares y otros insumos) representa el 6.6% del PIB nacional proyectado por el gobierno. El cálculo de la SEP sobre gasto educativo privado se basa en los resultados de una encuesta levantada por el INEGI en 1997 y en información recogida desde 1998 a través de los denominados formatos 911. Aunque la SEP ha reconocido el carácter inexacto de la proporción imputada al gasto privado, informa que ésta se aproxima al 20% del gasto educativo total.

El 5.3% de PIB que transfiere el Estado a la educación pública equivale al 22.5 % del gasto público neto (gran total de recursos autorizados por el Congreso) y al 26.6% del gasto público primario (gasto neto menos costo financiero del gobierno, es decir deuda pública más rescate bancario), lo que quiere decir que el Estado gasta en educación aproximadamente una cuarta parte de sus recursos. Para entender el significado de estos datos es necesario internarse en la estructura del gasto público del país.

Una primera observación es que en la actualidad el Estado recoge apenas el 21.9% del PIB nacional. Los ingresos del gobierno federal equivalen al 16% del PIB y el resto proviene del sector paraestal de control presupuestario directo. Los impuestos (que forman parte de los ingresos del gobierno federal), representan sólo el 10.7% del producto. Todavía en la década de los ochenta el Estado recuperaba más del 30% del PIB, proporción que disminuyó por medidas de privatización y desincoporación que no fueron compensadas a través de una mayor recuperación fiscal. Los coeficientes de gasto público y recaudación de impuestos como proporciones del PIB colocan a México en una posición desventajosa en la comparación internacional y representan, como ha sido subrayado por el Secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, el principal indicador de la debilidad estructural de las finanzas públicas.

La posibilidad de incrementar el gasto educativo depende esencialmente de dos factores: a) que se autorice cada año un a proporción creciente de recursos del gasto público, es decir, un aumento por encima del crecimiento anual del PIB y de la inflación. Esta posibilidad está condicionada por el monto de recursos que el Estado obtenga mediante el fisco, la venta de petróleo y la contratación de deuda, y b) que ocurra una tendencia, también creciente, de gasto privado en educación, lo que supone la mejora del nivel de ingresos de las familias (disminuye el desempleo y se incrementan los salarios) para propiciar la adquisición de bienes y servicios vinculados a la educación. Cabe hacer notar que el solo aumento de impuestos a salarios y productos provocaría no el incremento sino la disminución del gasto privado que se destina a la educación (véase Comunicado 53, La nueva hacienda y la educación).

Conviene advertir que el indicador de gasto educativo como proporción del PIB depende de dos magnitudes y es afectado por cualquiera de ellas. Esta proporción puede aumentar ya sea por el incremento real del gasto o por el decrecimiento del PIB, situación que no es impensable en el escenario económico que se vislumbra.

Consideraciones e interrogantes

Aunque son claras las ventajas de retener como meta del gasto educativo el nivel de 8% del PIB, consideramos necesario que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y de la SEP, informen a la ciudadanía sobre la viabilidad financiera de tal meta y sobre las previsiones programáticas que se están tomando para alcanzarla.

En los últimos años, todos los recortes al gasto público aprobado han incluido a la educación y afectado distintas partidas ¿se ha previsto algún procedimiento para evitar esta práctica en el futuro?

A la luz de las actuales expectativas de crecimiento del PIB, de las dificultades para mejorar la captación de recursos por la vía fiscal y de la incertidumbre sobre los precios futuros del petróleo ¿se ha considerado la posibilidad de asegurar, con fuerza legal, una proporción base del gasto público destinado a la educación? Consideramos que esta es una propuesta que conviene discutir en el seno del Congreso de la Unión.

Además de la reforma fiscal propuesta y ante un escenario de recesión económica como el que se vislumbra ¿se están planteando alternativas e instrumentos para compensar el posible deterioro del gasto social y del gasto educativo concretamente?

**Cuadro 1. Indicadores del gasto educativo**
	Gasto Público D.R. Observatorio Ciudadano de la Educación Redacción: Alberto Aziz Nassif, Alejandro Canales, Pedro Flores Crespo, María de Ibarrola, Pablo Latapí Sarre, Felipe Martínez Rizo, Humberto Muñoz García, Carlos Muñoz Izquierdo, Roberto Rodríguez y Lorenza Villa Lever. Septiembre 28, 2001 Atrás [1] [2]