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Vicisitudes de ciencia y tecnología (2/3)

Además, debe resaltarse que la mayor parte de recursos para IDE son de origen público. De acuerdo con los mismos indicadores de Conacyt, el sector privado aporta 17 por ciento del total de gasto en IDE, porcentaje que representa poco más de 2 mil millones de pesos.

Una de las razones para la escasa participación del sector productivo en CyT, como los mismos empresarios han reconocido, es que prefieren la importación de tecnología en lugar de invertir para desarrollar sus propios sistemas de innovación. Otro factor ya señalado es que la actual reglamentación es sumamente complicada para la obtención de incentivos fiscales para este tipo de gastos y a ello se suma el desconocimiento de los empresarios sobre qué procedimientos seguir para la obtención del beneficio. Según datos para el año anterior, de los 500 millones de pesos de crédito fiscal previstos, solamente fueron justificados el 1.7 por ciento y únicamente por dos grandes empresas en el país.

Debe advertirse, sin embargo, que no todas las actividades de investigación son de interés para el financiamiento privado y que el Estado debe asumir la responsabilidad que le corresponde, particularmente en aquella investigación que genera beneficios de apropiación pública y se relaciona con problemas fundamentales para el país, como la salud o la seguridad. Entre la búsqueda de la verdad y la comercialización de productos innovadores hay una gran brecha y es claro que ambos no representan los intereses de toda la población.

En lo que se refiere a los recursos humanos también se trata de cifras reducidas. Conacyt reportó que en 1998 el número de personas empleadas en ocupaciones de CyT era de 2.6 millones, de las cuales 30 por ciento se concentraban en el Distrito Federal y en el estado de México, 18 y 12 por ciento respectivamente. Sin embargo, el indicador, al contabilizar a todas las personas que han completado estudios posteriores al bachillerato, no muestra con claridad la especialización de recursos en el área.

Un dato más revelador es el número de investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Este sistema reconocía en 1990 a 5 mil 704 personas como investigadores y en 1999 a 7 mil 252; una incorporación de apenas mil 500 nuevos investigadores a lo largo del periodo. Además, cerca de la mitad del total está concentrado en las instituciones de enseñanza superior del centro del país (una tercera parte en la UNAM) y no todos los miembros del SNI son reconocidos plenamente como investigadores. El 18 por ciento del total de integrantes en 1999 permanecía como candidato a investigador, lo que de acuerdo con los parámetros del SNI daría como resultado que la planta de investigadores del país es de poco más 6 mil.

A pesar de que el SNI ha jugado un papel relevante en la diferenciación y desarrollo de la actividad, su alcance es sumamente reducido y no se prevé que vaya a modificar su funcionamiento a corto plazo. La reforma del sistema en 1999 no alteró los criterios de acceso y tampoco ha permitido ampliar y renovar de forma sustantiva la base de investigadores. Así, parece necesario buscar nuevas formas de impulsar el desempeño y superación de la actividad. Especial cuidado deberá prestarse al sistema de becas que opera Conacyt, particularmente sobre las áreas de estudio que se impulsarán, la justificación de criterios para disminuir los apoyos a los becarios bajo ciertas condiciones y la pertinencia de los mecanismos punitivos para orientar a los becarios.

¿Articular o crecer?

Es claro que el sistema científico y tecnológico debe crecer, fortalecerse y contar con mayor financiamiento. Seguramente ésa es una de las razones por las que el presidente Vicente Fox se comprometió en su periodo de campaña a duplicar los recursos para la CyT, compromiso que no se vio reflejado en el presupuesto de diciembre, pero que, según declaraciones de directivos de Conacyt, sigue vigente. Sin embargo, no solamente se requieren mayores recursos financieros o un aumento sustantivo de personas dedicadas a la CyT, es necesario diseñar una política integral y de largo plazo en esta materia. Habrá que prever, entre otros aspectos, qué papel le corresponde desempeñar al sistema científico y al de innovación tecnológica, cómo se articulan con el sistema educativo y el entorno, cómo lograr un desarrollo regional más equilibrado, qué política seguir para la formación de recursos en este campo y qué opciones laborales efectivas tendrán. Por esta razón preocupa que el PND solamente advierta como parte de su diagnóstico la escasa vinculación de la CyT: "el sistema nacional de investigación no se ha articulado adecuadamente con las necesidades sociales y productivas del país, y existen además enormes diferencias regionales en cuanto a la operación, aplicación y desarrollo de conocimientos para el mejoramiento general de la población".

La apreciación anterior concuerda con la posición del director de Conacyt, quien anunció desde su toma de posesión que el mayor desafío y el cambio estructural más importante en el organismo rector de las políticas sería la vinculación de las instituciones científicas con proyectos de interés común. "Se trata de decirle al científico aquí hay un tema para ti y no la vieja concepción de tengo una bolsa de recursos, propón cosas y te doy dinero", dijo (La Jornada, 26/02/01). Posteriormente habló de un cambio de paradigma en la administración científica, en el que la actividad estaría más bien orientada por la demanda de conocimiento y se borrarían las fronteras entre ciencia y tecnología (Adiat, 05/04/01). Elementos que, por lo demás, también plantea el Banco Interamericano de Desarrollo como estrategia para el desarrollo de la actividad en América Latina y orientación para sus préstamos (BID 2000).