Vicisitudes de ciencia y tecnología (2/3)
Además, debe resaltarse que la mayor parte de recursos para IDE
son de origen público. De acuerdo con los mismos indicadores de
Conacyt, el sector privado aporta 17 por ciento del total de gasto en IDE,
porcentaje que representa poco más de 2 mil millones de pesos.
Una de las razones para la escasa participación del sector productivo
en CyT, como los mismos empresarios han reconocido, es que prefieren la
importación de tecnología en lugar de invertir para desarrollar
sus propios sistemas de innovación. Otro factor ya señalado
es que la actual reglamentación es sumamente complicada para la
obtención de incentivos fiscales para este tipo de gastos y a ello
se suma el desconocimiento de los empresarios sobre qué procedimientos
seguir para la obtención del beneficio. Según datos para
el año anterior, de los 500 millones de pesos de crédito
fiscal previstos, solamente fueron justificados el 1.7 por ciento y únicamente
por dos grandes empresas en el país.
Debe advertirse, sin embargo, que no todas las actividades de investigación
son de interés para el financiamiento privado y que el Estado debe
asumir la responsabilidad que le corresponde, particularmente en aquella
investigación que genera beneficios de apropiación pública
y se relaciona con problemas fundamentales para el país, como la
salud o la seguridad. Entre la búsqueda de la verdad y la comercialización
de productos innovadores hay una gran brecha y es claro que ambos no representan
los intereses de toda la población.
En lo que se refiere a los recursos humanos también se trata
de cifras reducidas. Conacyt reportó que en 1998 el número
de personas empleadas en ocupaciones de CyT era de 2.6 millones, de las
cuales 30 por ciento se concentraban en el Distrito Federal y en el estado
de México, 18 y 12 por ciento respectivamente. Sin embargo, el indicador,
al contabilizar a todas las personas que han completado estudios posteriores
al bachillerato, no muestra con claridad la especialización de recursos
en el área.
Un dato más revelador es el número de investigadores que
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Este sistema reconocía
en 1990 a 5 mil 704 personas como investigadores y en 1999 a 7 mil 252;
una incorporación de apenas mil 500 nuevos investigadores a lo largo
del periodo. Además, cerca de la mitad del total está concentrado
en las instituciones de enseñanza superior del centro del país
(una tercera parte en la UNAM) y no todos los miembros del SNI son reconocidos
plenamente como investigadores. El 18 por ciento del total de integrantes
en 1999 permanecía como candidato a investigador, lo que de acuerdo
con los parámetros del SNI daría como resultado que la planta
de investigadores del país es de poco más 6 mil.
A pesar de que el SNI ha jugado un papel relevante en la diferenciación
y desarrollo de la actividad, su alcance es sumamente reducido y no se
prevé que vaya a modificar su funcionamiento a corto plazo. La reforma
del sistema en 1999 no alteró los criterios de acceso y tampoco
ha permitido ampliar y renovar de forma sustantiva la base de investigadores.
Así, parece necesario buscar nuevas formas de impulsar el desempeño
y superación de la actividad. Especial cuidado deberá prestarse
al sistema de becas que opera Conacyt, particularmente sobre las áreas
de estudio que se impulsarán, la justificación de criterios
para disminuir los apoyos a los becarios bajo ciertas condiciones y la
pertinencia de los mecanismos punitivos para orientar a los becarios.
¿Articular o crecer?
Es claro que el sistema científico y tecnológico debe crecer,
fortalecerse y contar con mayor financiamiento. Seguramente ésa
es una de las razones por las que el presidente Vicente Fox se comprometió
en su periodo de campaña a duplicar los recursos para la CyT, compromiso
que no se vio reflejado en el presupuesto de diciembre, pero que, según
declaraciones de directivos de Conacyt, sigue vigente. Sin embargo, no
solamente se requieren mayores recursos financieros o un aumento sustantivo
de personas dedicadas a la CyT, es necesario diseñar una política
integral y de largo plazo en esta materia. Habrá que prever, entre
otros aspectos, qué papel le corresponde desempeñar al sistema
científico y al de innovación tecnológica, cómo
se articulan con el sistema educativo y el entorno, cómo lograr
un desarrollo regional más equilibrado, qué política
seguir para la formación de recursos en este campo y qué
opciones laborales efectivas tendrán. Por esta razón preocupa
que el PND solamente advierta como parte de su diagnóstico la escasa
vinculación de la CyT: "el sistema nacional de investigación
no se ha articulado adecuadamente con las necesidades sociales y productivas
del país, y existen además enormes diferencias regionales
en cuanto a la operación, aplicación y desarrollo de conocimientos
para el mejoramiento general de la población".
La apreciación anterior concuerda con la posición del
director de Conacyt, quien anunció desde su toma de posesión
que el mayor desafío y el cambio estructural más importante
en el organismo rector de las políticas sería la vinculación
de las instituciones científicas con proyectos de interés
común. "Se trata de decirle al científico aquí hay
un tema para ti y no la vieja concepción de tengo una bolsa de recursos,
propón cosas y te doy dinero", dijo (La Jornada, 26/02/01). Posteriormente
habló de un cambio de paradigma en la administración científica,
en el que la actividad estaría más bien orientada por la
demanda de conocimiento y se borrarían las fronteras entre ciencia
y tecnología (Adiat, 05/04/01). Elementos que, por lo demás,
también plantea el Banco Interamericano de Desarrollo como estrategia
para el desarrollo de la actividad en América Latina y orientación
para sus préstamos (BID 2000).