Rendir cuentas en educación (2/3)
En México estamos empezando a experimentar cambios en el ejercicio
del poder que se derivan de la competitividad política y de los
procesos de alternancia. Hace diez años era inimaginable ver la
dinámica política que existe hoy en el Congreso de la Unión,
que ha superado la época en que era una oficina de trámites
legislativos del Presidente de la República; o el tipo de información
que circula por los medios masivos, algunos de los cuales son dispositivos
permanentes de fiscalización de lo público; o la actuación
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, que toman decisiones con autonomía
y son los árbitros encargados de dirimir jurídicamente los
conflictos sociales.
Una de las innovaciones institucionales que se han encontrado para que
la rendición de cuentas y la transparencia se puedan desarrollar,
es la creación de espacios públicos con autonomía,
de composición plural y con participación ciudadana. Es el
caso del Instituto Federal Electoral (IFE), institución que después
de varias reformas y pruebas electorales, de las que ha salido con resultados
positivos, se ha convertido en un espacio público con prestigio
suficiente como para servir de modelo; así, se habla ya de un IFE
para las comunicaciones, la educación o la ciencia. El objetivo
es tener espacios públicos estratégicos que sean eficientes,
transparentes, y en los cuales pueda participar la sociedad en la toma
de decisiones.
La insuficiencia de los espacios políticos formales para la rendición
de cuentas es uno de los rasgos de la crisis de la democracia. La otra
cara de la moneda de la transparencia gubernamental es la participación
ciudadana. No se trata de quitarle importancia y centralidad a los partidos
políticos ni al Congreso, sencillamente se necesita buscar nuevos
espacios para fortalecer la presencia ciudadana, porque una democracia
sin una ciudadanía fuerte puede resultar una aberración.
Educación: insuficiente rendición de cuentas
El sistema educativo es uno de los espacios públicos, quizá
el mayor de todos, en donde se da una participación organizada de
millones de mexicanos; además, se trata de la actividad que tiene
mayor presupuesto del gobierno federal y de muchos gobiernos locales. No
obstante, la rendición de cuentas en el ámbito educativo
ha sido insuficiente. El secretario de Educación Pública
comparece ante el Congreso de la Unión después del informe
que rinde anualmente el Presidente, y en una sesión maratónica
se da una confrontación entre él y los legisladores. Además,
internamente rinde cuentas de sus finanzas, como las otras dependencias
gubernamentales, a la Secretaría de la Contraloría para el
control interno de sus recursos. Hay además una cadena descendente
de mecanismos de vigilancia gubernamental que pueden ir de la SEP hasta
la escuela más alejada del país.
La otra parte de las cuentas tiene que ver con las evaluaciones del
sistema educativo, con sus resultados. Se trata de los insumos, recursos,
actores del proceso educativo, y de los planes y programas. Para nadie
es un secreto la baja calidad de nuestra educación básica
y los graves problemas en los niveles medios y superiores. En los últimos
años se han hecho diversos diagnósticos y evaluaciones del
sistema educativo, como el de la Fundación Nexos a principio de
los años noventa sobre la educación básica, y que
la revista del mismo nombre dio a conocer como "México, un país
de reprobados". La SEP ha venido construyendo un sistema nacional de evaluación
y para ello ha aplicado diversas pruebas a los alumnos (ver los tres últimos
informes de Labores); también ha propiciado la participación
de México en evaluaciones internacionales. Sin embargo, la administración
pasada fue renuente a dar a conocer con claridad los resultados de estas
pruebas; en unos casos recurrió a presentaciones parciales o amañadas;
en otros, simplemente los calló. Parece que en la cultura triunfalista
de los regímenes priístas reconocer deficiencias del sistema
educativo equivalía a una autodenigración.
Acceso a la información
En una democracia es un requerimiento indispensable que los ciudadanos
tengan acceso a información alternativa a la oficial. Además,
se necesita mucho más que datos estadísticos sobre cobertura
e inscripción. Para que el sistema educativo tenga una real accountability
se requiere llenar huecos y vencer inercias. Por ejemplo, la sociedad tiene
derecho a saber por qué el mayor presupuesto del país no
tiene buenos resultados; por qué millones de alumnos reprueban;
cuáles son las razones de que el sistema educativo tenga problemas
graves de calidad, cobertura y pertinencia. Ha llegado el tiempo en el
que las auditorías sobre el uso de recursos no deben tener obstáculos.
Los ejemplos que impiden la transparencia pueden ser múltiples,
desde la falacia que considera a la autonomía de las universidades
como impedimento para auditar los recursos públicos, pasando por
los intereses gremiales que interfieren en transparentar la realidad del
sistema educativo, hasta los malos resultados que se esconden por razones
políticas.