Tres centésimas de incremento al gasto educativo (2/3)

En lo que corresponde a la distribución del gasto por niveles escolares, cabe señalar que la exposición de motivos de la iniciativa presidencial no revela mayor detalle al respecto. Si bien se reconoce que las tendencias demográficas permiten anticipar hacia el final de la presente administración una disminución en la demanda del nivel básico y un importante incremento en la media superior y superior, en la explicación del gasto por niveles educativos únicamente se destaca, de manera sumamente escueta, que la educación básica absorberá 65.3 por ciento del gasto y la superior 14 por ciento. No se explica si el porcentaje restante corresponde a la media superior, si en educación superior se incluye gasto de investigación y educación de posgrado, o bien, si la diferencia es porque el gasto se está ajustando a los nuevos programas que se impulsarán. Si efectivamente las proporciones de gasto en educación básica y superior son inferiores a las del sexenio anterior (en 2000 la básica captó 69.9 por ciento del presupuesto y la superior 19.9 por ciento), la estructura de la educación formal se vería seriamente afectada, por lo cual consideramos que el tema merece ser aclarado y ventilado públicamente.

Finalmente, la iniciativa de presupuesto incluyó algunos de los programas anunciados por el presidente Fox desde su campaña electoral, y que en conjunto prevén un presupuesto de poco más de 2 mil 500 millones de pesos. Por ejemplo, se establece que para abatir el rezago educativo se creó el Consejo Nacional para la Educación Permanente --nombre que por cierto, como se recordará, difiere del que anunció el Ejecutivo federal al presentar al titular de ese consejo-- y a la educación permanente se le destinarán 200 millones de pesos.

Otro caso es el Sistema Nacional de Becas y Créditos Educativos, dirigido a los estudiantes en edad de cursar la educación media superior y superior, al cual se le destinarían 248 millones de pesos, y el Fondo Nacional de Créditos de Sostenimiento para la Educación, mediante el cual se aportarían recursos a los estados para que éstos a su vez apoyaran con créditos a los estudiantes y que sugiere una asignación de 52 millones.

El mayor volumen de los programas especiales es el destinado al fortalecimiento de la infraestructura en educación media superior y superior, con un monto de 978 millones. En orden de importancia financiera le siguen: el de Educación Apoyada en la Tecnología, cuya operación "se basará en el desarrollo y aplicación de nuevos medios y métodos electrónicos", con un monto de 524 millones de pesos; el Programa Nacional de Escuelas de Calidad con 400 millones de pesos; y el de Evaluación de la Educación, en el cual se incluye la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el fortalecimiento del Ceneval, con un monto de 100 millones de pesos.

Algunos de estos programas, en especial el de becas, el de educación permanente (también denominado "para la vida y el trabajo") y, sobre todo, el de evaluación externa, han sido ampliamente cuestionados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y por otros actores del sistema educativo. No obstante, la aprobación de su presupuesto indica que son prioridades gubernamentales no sujetas a negociaciones de fondo. Seguramente, en los próximos meses, éste será un tema de debate, si no es que de conflicto, en la arena educativa del país.

Los cambios

El Ejecutivo federal mismo reconoció la insuficiencia de los recursos presupuestados para el sector educativo. En la presentación de la nueva dirigencia del SNTE, unas semanas después de que el Ejecutivo federal enviara al Congreso su iniciativa, el presidente Fox señaló: "buscaré por todos los medios elevar el presupuesto en la educación. Y si bien, de momento en este primer presupuesto no hemos podido hacerlo, es porque requerimos de lo que propusimos desde la campaña: de una reforma fiscal, de una reforma hacendaria, cuyo destino de los fondos recaudados es precisa y particularmente la educación".

Los diputados, por su parte, no esperaron a la reforma fiscal y modificaron la propuesta del Ejecutivo federal. Básicamente, aumentaron en 22 mil 264 millones de pesos el Presupuesto de Egresos "en respuesta a las crecientes demandas sociales", según dictaminó la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Debe señalarse que el incremento también elevó el déficit público de 0.5 a 0.65 por ciento del PIB y, de hecho, en el mismo dictamen se anotó que si las variables sobre la cuales se fundamentan los ingresos públicos se modifican, como el precio del petróleo, "será necesario tomar medidas inmediatas que disminuyan el gasto del sector público y así evitar un mayor déficit presupuestario". En otras palabras, si el precio del petróleo cae por debajo de 18 dólares a lo largo de este año, habrá recorte en el presupuesto.

De la cifra total de incremento en el gasto, a educación le correspondieron poco más de 4 mil millones: mil 400 millones de incremento y 3 mil de reasignaciones. Es decir, mientras en la propuesta original del Ejecutivo se preveía un gasto educativo total de 245.7 mil millones, los legisladores aprobaron un presupuesto de 249.9 mil millones.

El incremento de los diputados se orientó a rubros específicos. En el ramo 11 se destinaron 825.1 millones más para salarios y plazas; 200 millones adicionales para inversión en educación superior; 180 millones para el Programa de Mejoramiento del Profesorado; 100 millones para el Fondo de Modernización de la Educación Superior; 100 millones para el Sistema SEP-Conacyt; y 400 millones más para la UNAM, institución que, a pesar de la incertidumbre sobre su reforma académica, fue beneficiada con un incremento que las propias autoridades universitarias apreciaron como "razonablemente bueno".