En espera de las definiciones que sobre estos asuntos se hagan en las próximas semanas, Observatorio considera que el gobierno entrante debe tomar posición con respecto a un conjunto de temas críticos que forman la agenda educativa por resolver, y que desde luego van más allá de las propuestas que han alcanzado visibilidad en el período de transición (becas, educación permanente y reforzamiento de infraestructura). Así, el presente comunicado llama la atención sobre una serie de propuestas recogidas en las mesas de discusión del Foro Nacional la Educación en las Plataformas Electorales (mayo de 2000), que sintetizan la opinión de los ciudadanos participantes en ese acto, y que representan una simple muestra del complejo universo de retos y rezagos educativos que habrá de enfrentar la nueva administración. Hemos organizado estas propuestas en torno a diez grandes retos que se refieren a diferentes aspectos de la problemática educativa nacional. En este comunicado se tratan los primeros cuatro y en el siguiente se abordará el resto.

Educación pública, laica y gratuita

Parece no haber controversia sobre la obligación del Estado de proporcionar educación de carácter público, laico y gratuito en el nivel básico. Esta obligación está definida en la Constitución, aunque hay aspectos cualitativos a resolver, por ejemplo: si se reconoce que la educación como tal es un bien público, ¿se deben aproximar y coordinar las formas de regulación, supervisión y evaluación que se ejercen sobre las instituciones públicas y particulares? ¿cómo armonizar los propósitos educativos de identidad nacional con el necesario reconocimiento de nuestra realidad pluriétinica y multicultural? ¿se tiene pensado suprimir o regular los cobros adicionales que se hacen en las escuelas públicas, a través de las asociaciones de padres de familia, para su mantenimiento y con otros propósitos?

El tema de la gratuidad cobra otro perfil al situarlo en los niveles de educación media y superior; los argumentos en la discusión oscilan entre afirmar que el Estado debería apoyar el acceso a estos niveles garantizando su gratuidad y, por otra parte, afirmar que todas las instituciones de enseñanza media superior y superior, la UNAM incluso, deberían continuar cobrando cuotas a los estudiantes. Al parecer la propuesta del nuevo gobierno es más favorable a la segunda opinión, con el matiz de proponer un sistema de becas y crédito educativo para los estudiantes en condiciones económicas desfavorables. Sin embargo todavía parece necesario abordar el punto en toda su extensión o bien trasladar su debate al Congreso de la Unión.

Afianzar la educación básica para todos

Un logro educativo de este sexenio fue el de generar una oferta de educación primaria equivalente a la cantidad de niños en edad de cursarla, así como elevar los niveles de retención en primaria y de absorción en secundaria a través de diversos programas compensatorios. No obstante, el reto de cobertura que persiste es múltiple: por un lado afianzar el volumen de la oferta de primaria y secundaria para hacer realidad la obligación del Estado de proporcionar educación básica a todos los mexicanos, lo que incluye a la población urbana y rural, aún en zonas de alta dispersión demográfica y a los grupos definidos como de necesidades especiales.

Lo que esta información sugiere es la necesidad de un intenso programa de formación de adultos que permita cerrar algunas de las brechas de rezago prevalecientes, en particular que abra oportunidades de terminación de estudios y de adquisición de competencias laborales al segmento de la población económicamente activa en plena edad productiva, y tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Un programa de esta naturaleza tendría que proponer objetivos precisos de calidad, equidad y pertinencia, ser abierto y flexible, convertir los centros de trabajo en espacios educativos y contar con medios eficaces para llegar a la población no integrada a las actividades productivas.

Profundizar el federalismo educativo y la autonomía universitaria

A partir de la transferencia de los servicios educativos a las entidades federativas que se inició con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992 (proceso pendiente únicamente para el caso del D.F.), la promulgación de la Ley General de Educación al año siguiente y la creación en 1997 del Ramo 33 (Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal) del Presupuesto de Egresos de la Federación, se ha intentado establecer un nuevo tipo de relación entre la federación y los estados en la función educativa. Sin embargo, varios temas permanecen sin una definición clara y otros son motivo de preocupación.

A la fecha, el proceso de federalización se ha limitado a la transferencia de recursos y operación de los servicios escolares en los estados, pero no se ha discutido realmente que tipo de relación es la deseable entre los diferentes niveles de gobierno, las atribuciones que les debieran corresponder y sus ámbitos de responsabilidad. Tampoco se ha aclarado cuál es el esquema que habría que seguir para distribuir los recursos financieros a los estados y qué reservar a la federación; ni cómo garantizar la correcta aplicación de los recursos y a quién rendir cuentas. Hasta ahora la distribución se ha conducido más bien bajo criterios discrecionales y poco equitativos. Es necesario que a la brevedad se tomen decisiones y se den los pasos necesarios para darle un mayor alcance y sentido a la federalización educativa, esto es transitar de un esquema de distribución de recursos a un modelo de descentralización de las decisiones y la operación del sistema.

En el nivel de la educación superior prevalece la distinción entre universidades autónomas e instituciones superiores dependientes del gobierno. No obstante, la autonomía académica de todos los centros de estudios superiores es un objetivo deseable y posible, aunque requiere de nuevos diseños que aseguren su coordinación, así como la existencia de mecanismos generales de evaluación y acreditación que garanticen la calidad de los programas y establecimientos que ofrecen educación superior.

Referencias

Comunicados OCE sobre Política y educación

D.R. Observatorio Ciudadano de la Educación

Redacción: Alberto Aziz Nassif, Alejandro Canales, Pedro Flores Crespo, María de Ibarrola, Pablo Latapí Sarre, Felipe Martínez Rizo, Javier Mendoza, Humberto Muñoz García, Carlos Muñoz Izquierdo, Roberto Rodríguez y Lorenza Villa Lever.

Octubre 27, 2000.