Al cabo, la Cámara de Diputados determinó una reasignación de 2 mil millones de pesos, de los cuales 380 millones para la UNAM. Esta reasignación fue, sin embargo, considerada insatisfactoria por la Universidad Nacional: "La Máxima Casa de Estudios funcionará en un escenario de sobrevivencia - advirtió el Dr. Barnés - pues el monto adicional aún es insuficiente." (La Jornada, diciembre 23, 1998). El 11 de febrero el rector presentó al Consejo Universitario de la UNAM la iniciativa de reforma al Reglamento General de Pagos. El Consejo aprobó la reforma, la respuesta de los estudiantes no se hizo esperar y todos conocemos su lamentable desenlace.

Es demostrable que las universidades públicas, entre ellas la UNAM, carecieron en el sexenio del respaldo financiero que normalmente les otorgaba el gobierno. Por su parte, las iniciativas de la administración del rector Barnés se comprenden en el marco de la política de financiamiento impulsada en la última década, aunque también como reacción al recorte de 1998-1999. Quedan sin embargo varias preguntas por aclarar.

Interrogantes

• ¿A qué obedece el empeño por sostener que el gobierno otorgó prioridad financiera a las universidades cuando los datos muestran lo contrario? ¿En qué indicadores y cálculos se basan sus afirmaciones? ¿Representan una forma de deslinde o arrepentimiento frente a las generalizadas críticas sobre la política seguida?
• El seguir en México esquemas que pueden ser eficaces en países tan distintos del nuestro ¿no implica ignorar las profundas diferencias existentes entre el nivel de desarrollo educativo de nuestro país y el alcanzado por las naciones de referencia? ¿No se reducirán así las oportunidades que, de otro modo, podríamos tener para impulsar un desarrollo económico, social y tecnológico independiente?
• En lugar de recortar el subsidio a las universidades públicas y a la UNAM por razones meramente coyunturales ¿no hubiera sido preferible replantear a fondo el problema de la gratuidad de la enseñanza superior, analizando con detenimiento todas sus implicaciones, así como las diversas alternativas a las que se pudo haber recurrido para solucionarlo? Y, una vez que ese análisis se hubiera realizado, ¿no hubiera sido aconsejable someter sus conclusiones a la opinión pública y, en particular, al debate en el Congreso de la Unión?
• Con respecto a la UNAM, ¿Tuvo el Ejecutivo Federal conocimiento previo de la reforma al Reglamento General de Pagos, a sabiendas de que en ocasiones anteriores esa iniciativa había desencadenado conflictos estudiantiles? ¿Avaló esa medida? ¿Se hizo un cálculo político de su trascendencia al final del sexenio?

Referencias

Comunicados OCE sobre Economía y educación

DR. Observatorio Ciudadano de la Educación

Redacción:  Alberto Aziz Nassif, Alejandro Canales, María de Ibarrola, Pablo Latapí Sarre, Felipe Martínez Rizo, Javier Mendoza, Humberto Muñoz García, Carlos Muñoz Izquierdo, Roberto Rodríguez y Lorenza Villa Lever.

Junio 23 de 2000