El gasto en educación superior y el conflicto de la UNAM (2/3)

En el sexenio el número de estudiantes de licenciatura y posgrado en instituciones públicas (sin contar Normales) observó alguna expansión, al pasar de 978,220 estudiantes en 1994 a 1,143,687 en 1999, o sea 16.9% más. Al dividir el gasto ejercido real (pesos de 1993) entre una base mayor de estudiantes, toca menos a cada uno: $8,784 en 1994 contra $6,309 en 1999. Aún no hay datos consolidados sobre matrícula escolar del 2000 pero es previsible alguna recuperación en virtud del importante incremento presupuestal al sector. Considérese además que en el periodo se crearon casi 75 nuevas instituciones tecnológicas superiores (entre universidades tecnológicas e institutos). Obviamente, al repartir el presupuesto entre el número total de establecimientos también toca menos a cada uno.

En síntesis, el gasto federal en educación superior decreció, independientemente de cómo se mida: en pesos constantes, como proporción del PIB, como proporción del gasto federal educativo total, como gasto por alumno o como gasto por institución. Visto el periodo en conjunto, la educación superior no fue una prioridad financiera del gobierno.

Cabe añadir que tanto en el sexenio de Carlos Salinas como en éste, la política de distribución de los recursos a las universidades combinó el subsidio con programas adicionales de financiamiento competitivos (PROMEP, FOMES, PACIME y SNI, entre otros). Desde 1991 el Consejo Nacional para la Planeación de la Educación Superior estableció como línea de acción prioritaria la "diversificación de fuentes de financiamiento" (Prioridades y Compromisos para la Educación Superior en México, 1991-1994), este lineamiento se recogió posteriormente en el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 de la Presidencia de la República. En 1996 se publicó el informe solicitado por el gobierno mexicano a la OCDE, en el cual, entre otras recomendaciones, se propone "encarar un aumento de la contribución de los estudiantes al costo de sus estudios". Así, reestructuración del modelo de subsidio a las universidades públicas; diversificación de fuentes de financiamiento y recuperación del costo educativo a través de cuotas de inscripción y matrícula fueron, en definitiva, componentes de las políticas de financiamiento a la educación superior de los últimos dos sexenios, aunque acrecentadas en el último.

Tanto la prioridad asignada a la educación básica como las políticas de fortalecimiento de la educación tecnológica tuvieron su razón de ser, como también hay argumentos que justifican las estrategias de diversificación del financiamiento de la educación superior pública y las cuotas. Lo que es criticable es que ahora pretenda el gobierno deslindarse de esas políticas y que, en cambio, afirme haber dado un "gran respaldo" a las universidades públicas. La siguiente gráfica es muy clara para visulizar las tendencias que hemos anotado. Pero hay más.

La coyuntura 1998-1999 y la UNAM

A finales de 1998 el Poder Ejecutivo hizo llegar al Legislativo su iniciativa de egresos para 1999; en ella se contemplaba una reducción de 8% a las partidas de educación superior e investigación científica y tecnológica. La medida, se recordará, se aunaba a los tristemente célebres "recortes" que la Secretaría de Hacienda prescribió al gasto federal de 1998.

Al conocerse la propuesta la reacción de la comunidad académica del país fue pronta y airada. En la inminencia del debate sobre el presupuesto 1999 en la Cámara de Diputados, tanto la UNAM como la ANUIES publicaron sendos pronunciamientos (el 18 y 26 de noviembre de 1998, respectivamente) contra la disminución anunciada. La propia Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados estableció un Punto de Acuerdo en que se manifestó inconforme con la medida y dispuesta a formular una propuesta de reasignación presupuestal (diciembre 1, 1998). Incluso el subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda reconoció que: "El presupuesto de las universidades es una tristeza, en el sentido de que no hayamos podido tener suficientes recursos de gasto para que el componente de inversión pudiese tener un crecimiento" (Reforma diciembre 2, 1998).

En la coyuntura, el rector de la UNAM, doctor Francisco Barnés, compareció ante la Cámara de Diputados para señalar: "En una primera estimación, se puede concluir que, después de cubrir los compromisos ya adquiridos y los servicios generales imprescindibles, la Universidad dispondría en el año de 1999 solamente de 200 millones de pesos para su operación y gasto corriente, es decir, para adquirir los insumos y servicios básicos que requieren las entidades académicas para apoyar los programas sustantivos de la Institución, frente a los 611 millones con los que contó en 1998 (expresados en pesos de 1999), lo que significa una reducción del 67%. La reducción es aún más dramática si se incluyen las partidas de inversión. Esta reducción tiene serias consecuencias para los programas docentes y de investigación de la Universidad." (Gaceta UNAM, diciembre 3, 1998).