El último recorte (2/2)

Respecto al recorte de 1,200 millones al sector educativo, el subsecretario de Planeación y Coordinación hizo declaraciones que un periódico nacional calificó de cínicas: explicó que era previsible por la forma en que los diputados aprobaron el presupuesto, puesto que las cifras no cuadraban (ingresos y egresos),  aparte de que la disminución estaba más que compensada por los incrementos previamente autorizados por los diputados. Además, señaló que no se afectaría ningún programa sustantivo ni las metas programadas puesto que los recursos recortados se repondrían fundamentalmente a través de ahorros administrativos.

A pesar de que la cantidad restada a la educación representa solamente el 0.5 por ciento del presupuesto total programado para este año (poco más de 210 mil millones de pesos), es evidente que si la mitad del recorte  se aplica a gasto de inversión ello tendrá efectos importantes en las acciones presentes y futuras de varios programas (Véase Cuadro anexo).

Es obvio, por ejemplo, que recortar 96 millones de pesos al gasto de infraestructura del CONAFE (educación rural) o 100 millones a la educación de los adultos afectará las posibilidades educativas de importantes proporciones de la población más necesitada del país. Se recortan también rubros que afectarán gravemente a la investigación, a las instituciones de educación superior, al nivel de media superior y a la atención escolar por medios electrónicos.

La curiosa explicación dada por las autoridades de la SEP de que con ahorros administrativos se podrá subsanar sin mayores dificultades este ajuste presupuestal lleva a la opinión pública a inferir que esa dependencia podría operar con menos recursos o cuenta con partidas de gasto suntuario de las que puede prescindir, ya que confiesa que le sobra dinero y lo ahorra; y a proponer que se revisen los procesos de gestión financiera en esa dependencia y se instaure una efectiva rendición de cuentas a la sociedad. Fue, creemos, una respuesta frívola e insustancial, más atenta a salir del paso a los cuestionamientos que a afrontar la verdad.

Hemos insistido en Comunicados anteriores en que la prioridad que las autoridades dicen otorgar a la educación no se corresponde con los montos financieros que le destinan. Existe una contradicción entre lo que dice y lo que hace el gobierno, lo cual le resta legitimidad y provoca desconfianza en las instituciones. Hemos también mostrado que los incrementos del gasto educativo que repetidamente ponderan los informes oficiales no son tales cuando se correlacionan, en términos reales, con el crecimiento de la matrícula o el número de habitantes (Comunicado 2). A lo largo de la actual administración, también lo hemos señalado,  el presupuesto educativo ha tenido un crecimiento mínimo si consideramos su proporción respecto al PIB (de 3.97 pasó a 4.07 por ciento). A nada de esto ha respondido el gobierno. Ahora los nuevos recortes confirman a la opinión pública que la educación no ha sido prioritaria en este sexenio.

Interrogantes

• Si, como lo afirmaron las autoridades educativas, el recorte a su presupuesto no afectará a ningún  programa sustantivo, ¿por qué esos recursos serán repuestos  "a través de ahorros administrativos"? ¿No era posible hacer algo semejante en otros ramos  presupuestales, con el fin de evitar que  la SHCP restara 1,200 millones a los 2,300 que los diputados dispusieron agregar al presupuesto educativo de la federación? ¿Por qué las autoridades siguen sin entender el carácter estratégico que tiene la educación para el país?
• Más allá de las declaraciones parciales e insuficientes hasta hoy dadas, ¿no tienen las autoridades educativas una mejor explicación de la manera en que los últimos recortes afectarán en realidad los programas y acciones que estaban previstos para este año?
• ¿Por qué no han dado ninguna explicación de la manera como distribuyeron el peso de este recorte sobre las diferentes partidas del presupuesto y las razones de esas decisiones? ¿Por qué unos rubros fueron afectados y otros no? ¿Qué criterios guiaron esas decisiones?
• ¿Qué respuesta dan a la muy lógica sugerencia hecha por varios analistas en la prensa de que una parte de los ingresos petroleros excedentarios se aplique a la educación, si ésta es en verdad prioritaria?

Referencias

DR. Observatorio Ciudadano de la Educación

Redacción:  Alejandro Canales, María de Ibarrola, Pablo Latapí Sarre, Felipe Martínez Rizo, Javier Mendoza, Carlos Muñoz Izquierdo, Roberto Rodríguez y Lorenza Villa Lever.

Marzo 10 de 2000