El último recorte (1/2)

Asunto político más que una decisión técnica
Sin efecto el incremento autorizado por legisladores
Explicaciones de las autoridades: frívolas e insatisfactorias
La educación no tiene prioridad

El pasado 29 de febrero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió a la Cámara de Diputados el informe en el que se detalla el ajuste de 7 mil 623.7 millones al Presupuesto de Egresos de la Federación para este año. A pesar de que se trata de una reasignación prevista en el mecanismo de diseño y aprobación del gasto entre el gobierno federal y los legisladores, los renglones de gasto que fueron afectados por la dependencia gubernamental provocaron amplias muestras de rechazo en la opinión pública.

Una tercera parte del monto total del ajuste fue realizado en el gasto social: 1,200 millones menos para educación y 1,100 menos para entidades relacionadas con los servicios de salud. La disminución de recursos para el sector educativo deja prácticamente sin efecto los incrementos ya aprobados por los diputados el pasado mes de diciembre. Asimismo, las explicaciones dadas por diferentes funcionarios gubernamentales, aparte de insatisfactorias, muestran que se trata más bien de un conflicto de carácter político entre el poder ejecutivo y el legislativo. En todo caso, lo que queda claro es que la prioridad de la educación sigue siendo un discurso retórico y no una realidad.

Los recursos petrolizados

El proceso de negociación entre las fracciones parlamentarias y funcionarios del gobierno federal realizado al final de 1999 para la aprobación del gasto de este año, culminó finalmente el 28 de diciembre con la firma del Decreto Aprobatorio. La modificación sustantiva de los diputados al proyecto del ejecutivo fue el incremento de 15 mil 500 millones de pesos, en distintos rubros de gasto. Como ya lo hemos precisado en Comunicados anteriores, para el sector educativo esto significaba un aumento de 2 mil 300 millones de pesos (Cuadro anexo).

Los legisladores argumentaron que el precio promedio del petróleo en el proyecto del ejecutivo federal de 15.50 dólares estaba subestimado, de modo que era prudente incrementarlo a 16 dólares con lo cual se podría financiar la mitad (poco más de 7 mil millones) del incremento en el gasto que aprobaron. La otra mitad de los recursos adicionales, según el Decreto, debería ser realizada por el ejecutivo (a través de la SHCP) mediante los ajustes conducentes, reasignando gasto y procurando no afectar los programas prioritarios (Artículo 84, fracción IX).

El presidente de la República, en la visita de cortesía que días después le hicieron los legisladores, les recriminó sus modificaciones al gasto. Por un lado, señaló que se habían petrolizado por lo menos 7 mil 500 millones de pesos adicionales de nuestro gasto público; por otro, advirtió que las reasignaciones serían en realidad recortes y tal vez no sólo afectarían el gasto corriente sino también el de inversión.

La reciente medida de la SHCP confirmó la renuencia del ejecutivo a aceptar la decisión de los legisladores; la advertencia del presidente se convirtió en una contramedida que recortó inapelablemente no sólo el gasto de inversión sino también el gasto social. Según la información proporcionada por Hacienda, la reducción de 7 mil 623.7 millones de pesos se aplicó en un 63.3 por ciento a gasto de inversión y el restante a gasto corriente. Los más afectados fueron: Pemex 1,500 millones (19.7%), Comunicaciones y Transportes 1,476.2 millones (19.4%), Educación 1,200 millones (15.7%), y el sector salud (con) 1,100 millones (14.4%).

Aunque la reducción represente una cantidad poco significativa en el volumen total del presupuesto (el 0.6 por ciento del total), su importancia estriba en exhibir la nulificación de las decisiones de los legisladores el Centro de Estudios del Sector Privado lo llamó una señal de disciplina para el Congreso--; inclusive en responsabilizarlos por las afectaciones realizadas.

Menos dinero para infraestructura educativa