Los derechos de la infancia ¿avances o sólo buenas intenciones? (1/2)

El pasado 27 de septiembre en Ginebra, Suiza, se discutió el segundo informe del gobierno mexicano ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, para dar cuenta de las recomendaciones que en esta materia se le hicieran en 1994. Posteriormente, el pasado 2 de octubre en México, un grupo de personalidades del ámbito de la cultura en Iberoamérica dio a conocer el Manifiesto por la infancia y la adolescencia de América Latina y el Caribe, en donde se reconoce su grave problemática en la región y se urge a resolverla.

El tema de los niños es un asunto que no solamente preocupa a los organismos internacionales o a los gobiernos de las naciones, es también de sumo interés para la sociedad en general, como lo muestra el reciente manifiesto.

Reportes de Unicef señalan que "unos 130 millones de niños en edad escolar del mundo en desarrollo, entre ellos 73 millones de niñas, crecen sin poder recibir una educación básica". En México, una cuarta parte de su población está compuesta por infantes menores de nueve años y más de un millón no asisten a la escuela. Tanto por su estado de vulnerabilidad como por el futuro que representan, es importante analizar su situación y perspectivas. Observatorio presenta un breve examen de los contenidos del informe del gobierno mexicano ante el comité del organismo internacional.

Alimentación y mortalidad: preocupantes

En noviembre de 1989, en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en el marco de la Convención sobre los Derechos de la Infancia, se adoptó unánimemente el convenio mediante el que se estipulan los derechos y se definen los principios y normas universales relativos a la condición jurídica de los niños.

Al ratificar el acuerdo, los Estados parte (de la Convención) se comprometen a respetar los acuerdos ahí establecidos, y a informar periódicamente sobre los avances logrados. México ratificó la Convención en 1990 y, de acuerdo con las normas establecidas, envió su primer informe al Comité de las Naciones Unidas en 1993; los posteriores son cada cinco años.

El segundo informe del gobierno mexicano fue enviado en 1998, pero apenas en septiembre de este año lo sustentó ante el Comité y dio cuenta de las recomendaciones que se le hicieran en la ocasión anterior.

El reporte gubernamental aborda seis grandes rubros: las medidas adoptadas para armonizar la legislación federal y estatal con las disposiciones de la convención; información sobre los efectos concretos de las medidas; la asignación de recursos a programas para la infancia; la atención a menores en circunstancias especialmente difíciles; la denuncia de malos tratos, abuso y violencia en contra de niños y niñas; y por último la difusión de la convención sobre los derechos de la infancia.

A lo largo del documento se abunda en descripciones de consultas, iniciativas y metas; poco se dice, sin embargo, sobre las acciones y sus efectos concretos en las condiciones de vida de los menores, más allá de la presentación de cifras globales que expresan la tendencia demográfica de reducción de la mortalidad infantil. Asimismo, temas como la nutrición y la asignación de recursos para la infancia se tratan de manera superficial.