La educación en el V Informe de Gobierno (2) (2/2)

En el Informe poco se dice del desarrollo académico de la educación superior; se enuncian generalidades relativas a procesos de transformación cualitativa de las universidades públicas y se presentan datos agregados sobre los principales programas en operación para el apoyo a las instituciones públicas (de mejoramiento del profesorado, estímulos al desempeño, para la modernización de la infraestructura, y evaluación). Las ausencias son notorias en lo que hace al desarrollo cualitativo de las instituciones de control federal y el impacto de los programas de la SEP en el mejoramiento de la calidad educativa. El tono triunfalista del informe impide desprender de él elementos para una reflexión responsable de lo que aún falta por hacer o de las insuficiencias de algunas estrategias aplicadas, que en otros comunicados hemos señalado (financiamiento a la educación superior y universi- dades tecnológicas).

Esta sección del informe concluye con una alusión imprecisa sobre la UNAM: "En el marco de la ley, y con entero respeto a la autonomía de la Universidad Nacional, el Gobierno Federal ha coadyuvado a buscar una solución al conflicto actual, si bien ésta debe ser impulsada por la propia comunidad universitaria". Cabe preguntarse en qué ha consistido dicha labor de coadyuvancia, que al menos no ha sido visible para la ciudadanía en estos cinco meses de paro estudiantil.

Cambios tardíos en ciencia y tecnología

En este rubro, el informe destaca fundamentalmente los cambios normativos e indicadores que expresarían los avances en el periodo. En el primer caso se señalan las cuatro reformas realizadas en el año presente: la nueva Ley de Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica; los cambios a la Ley de Creación del Conacyt; las Reglas Generales para la Aplicación del Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología, y la reforma del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Los cambios normativos realizados son importantes. Sin embargo, son iniciativas que han llegado tardíamente: la mayor parte de los problemas que intentan resolver fueron reconocidos en el programa sectorial desde 1995, y sólo hasta el año presente, cuando está por concluir la gestión, se intenta dar una respuesta. Por ejemplo, al inicio de la actual administración se reconocía que una de las mayores dificultades para impulsar el desarrollo científico en el país era la escasa o nula coordinación y comunicación entre las distintas entidades gubernamentales que participan de la actividad --principal deficiencia que la nueva Ley intenta subsanar--, pero es hasta hoy cuando se busca solución; o bien, la intención expresada al inicio del periodo gubernamental de que sería "oportuno revisar" los métodos de evaluación del SNI, reforma que no quedó concluida sino hasta abril de este año.

Los cambios normativos no necesariamente se traducen en lo que manifiestan las intenciones. Por un lado, habrá que aguardar a la plena puesta en marcha de las reformas, dado que a la fecha todavía hay aspectos de los que no se tiene noticia, como sería el caso de la instauración de fondos de financiamiento y el Foro Permanente en Ciencia y Tecnología previstos en la nueva Ley, o los nuevos procedimientos de valoración y el funcionamiento del recurso de inconformidad en el SNI. Por otro, restará por saber si los cambios producen los resultados esperados o, por el contrario, son más bien un obstáculo para el desarrollo científico. Sin embargo, por la lentitud mostrada, los efectos no se conocerán sino en la siguiente administración.

Las cifras del Informe enfatizan el mayor tamaño del sistema de ciencia y tecnología en comparación con el inicio del periodo: incremento en los montos financieros, más apoyos para la formación de recursos humanos, creciente número de investigadores, más proyectos de investigación, etcétera.

Sin embargo, en México la planta de personal dedicado a las actividades científicas y tecnológicas sigue siendo sumamente limitada. La oferta de científicos e ingenieros por cada 10 mil habitantes es de 376.4, mientras que en el hemisferio norte ese indicador oscila entre 563.8 y 1186.8, y en los países de la OCDE el promedio es de 744.8.

En el número de investigadores reconocidos en el SNI, uno de los indicadores que expresarían el crecimiento efectivo de la planta científica en el país, se destaca que la cifra estimada para este año es de 7 mil 079 investigadores. Es decir, en números absolutos, a lo largo del periodo solamente se han incorporado mil 200 investigadores (133 por año), crecimiento más bien modesto e insuficiente.

Lo más notable es que todas las categorías de investigador (candidatos, nivel I, II y III) se incrementan en el último año. Es posible que tal tendencia se presentara en el caso de los niveles I, II y III, pero es muy extraño e improbable para los candidatos, puesto que estos últimos han mantenido una tendencia descendente a lo largo del periodo debido al incremento en los requisitos de ingreso, y que no se modificaron con la última reforma (ver Comunicado No.11). Preferible es que se trate de un equívoco, susceptible de enmen- darse --puesto que se trata de cifras estimadas-- y no de un afán por mostrar a toda costa un incremento en los indicadores.

Interrogantes

La visión optimista sobre la educación que traza el Ejecutivo Federal en su penúltimo Informe de Gobierno, no corresponde con la situación que prevalece; persisten graves problemas, y existen serias dudas sobre la pertinencia del modelo que se ha adoptado.
¿Por qué los Informes de gobierno no incorporan una postura autocrítica y presentan un balance equilibrado de su desempeño, en donde aparezcan logros, pero también las dificultades y las tareas pendientes?
¿Por qué los datos que presenta el Informe no retoman los referentes que el propio gobierno estableció en su programa sectorial al iniciar su gestión y permite una apreciación cualitativa de los avances?
Desde la perspectiva del Gobierno Federal ¿cuál es el perfil de la educación a futuro, y qué participación se tiene prevista de los sectores público y privado?
¿El actual conflicto de la UNAM no merecía en el informe mayor atención, sin por ello violentar su carácter autónomo?

Referencias

Comunicados OCE sobre Planes e informes oficiales

DR. Observatorio Ciudadano de la Educación

Redacción: Alejandro Canales, María De Ibarrola, Pablo Latapí Sarre, Felipe Martínez Rizo, Javier Mendoza, Carlos Muñoz Izquierdo, Elsie Rockwell, Roberto Rodríguez y Lorenza Villa Lever.

Septiembre 24 de 1999