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La reforma del Sistema Nacional de Investigadores (1/2)

Respuesta a inquietudes de la comunidad científica
Aciertos: se acepta que los investigadores enseñen, se restructuran las áreas disciplinares, se establece posibilidad de apelación
Limitaciones: no alienta a investigadores jóvenes, afianza estructura piramidal, mantiene los mismos niveles de estímulos económicos

Hace 15 años se estableció el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y desde entonces ha sido reformado en cinco ocasiones, la última el pasado abril. Conviene examinar su funcionamiento y el sentido de sus recientes cambios.

El SNI fue creado por decreto presidencial en julio de 1984 y es básicamente un sistema de evaluación y certificación de los investigadores individuales; previa valoración de los méritos académicos, otorga la categoría de investigador nacional o candidato a investigador a quien se dedica de tiempo completo a esta actividad; la distinción conlleva un incentivo  económico mensual acorde con la categoría y el nivel obtenido: candidato a investigador, niveles I, II y III e investigador emérito. Las diferencias son sustantivas entre cada categoría pues el monto que se recibe en el rango más alto cuadriplica el del más bajo; para los investigadores beneficiados el incentivo económico representa otro tanto o más de su salario base, por lo cual se ha convertido en un ingreso indispensable.

La pertenencia al SNI no sólo significa un ingreso económico adicional, sino una diferenciación de funciones y prestigios al interior del gremio. En el ámbito académico pertenecer al SNI se ha convertido en un indicador utilizado para variados propósitos, no todos explícitos: es requisito o garantía para obtener financiamiento de los proyectos, elemento que condiciona la conducción de las investigaciones, aval de la calidad de las instituciones y de su oferta de estudios de posgrado, requisito para acceder a puestos o para formar parte de instancias de evaluación y decisión.

La trayectoria en cifras

¿Cuál es el alcance real del SNI? Su dimensión ha sido y sigue siendo muy limitada. Se inició en 1984 con 1,396 miembros y 13 años después su membresía sumaba 6,356; a pesar de que la cifra casi se multiplicó por cinco, su crecimiento ha sido sumamente gradual y sigue siendo muy reducido su volumen en comparación con la comunidad de investigadores, de la cual comprende aproximadamente una quinta parte.

Otro aspecto que destaca en la evolución del Sistema es la escasa movilidad entre sus diferentes categorías y niveles. Al inicio 15% de sus miembros eran candidatos, 57% pertenecía al nivel I, 19% al nivel II y 9% al III; en 1997 las proporciones eran muy similares, solamente los candidatos aumentaron su participación en 6 puntos porcentuales con la consecuente disminución en los otros niveles; conserva, por tanto, una estructura piramidal, en cuya base (candidatos y nivel I) se siguen concentrando tres cuartas partes del total de integrantes. De hecho, en el último año del que se tiene información, del total de miembros que solicitaron renovación, 7 de cada 10 conservaron el mismo nivel, dos lograron ascender al siguiente y uno fue rechazado o descendió de nivel.

No parece que ni el considerable incremento de los posgrados ni las políticas de becas para estudios de este nivel en el país o en el extranjero hayan incidido en forma significativa en el desarrollo del Sistema. Probablemente esto se deba a que se han incrementado paulatinamente los requisitos de ingreso; una de las consecuencias de este proceso ha sido que los beneficios privilegien sobre todo a los investigadores relativamente establecidos y menos a quienes aspiran a serlo. Entre 1992 y 1997 el número de candidatos a investigador disminuyó a la mitad (de 2,655 a 1,332) no porque hubiesen sido promovidos al siguiente nivel como hubiese sido deseable, sino porque se estableció el requisito de cursar el doctorado para ser aceptado como candidato.

La última reforma

Desde hace varios años la comunidad académica venía señalando varias limitaciones del SNI: su reducido alcance, la escasa movilidad ascendente y, sobre todo, las frecuentes insatisfacciones con los resultados de las evaluaciones; se pedía aplicar criterios cualitativos, establecer mecanismos más claros, diferenciar las normas por áreas de conocimiento e incrementar los estímulos económicos. Desde septiembre de 1997 el CONACYT abrió una consulta que recogió las sugerencias con miras a evaluarlas y efectuar reformas.

Un elemento que se sumó a los señalamientos críticos fue la recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos envió al SNI en julio de 1998 para que incluyera en su estructura normativa una instancia que permitiera impugnar los dictámenes de las comisiones dictaminadoras, toda vez que se consideró que los aspirantes estaban en condiciones de indefensión.