¿Avanza la descentralización educativa? (2/2)

Además, esta tendencia centralizadora se evidencia si se analizan las políticas financieras que han guiado la descentralización. A partir de 1993 la SEP, además de transferir a los estados los recursos necesarios para la operación de la enseñanza básica y normal (antes a través del ramo 25, ahora del 33), se reserva en el ramo 11 otros recursos destinados al funcionamiento de las oficinas centrales y de los organismos descentralizados. Las tendencias que han seguido ambas cantidades en los últimos años muestran que los fondos que la SEP se reserva para sí misma han crecido fuera de toda proporción: calculados por habitante y por alumno (de enseñanza básica), han aumentado respecto a 1994 en 181% por habitante y en 171% por alumno, en términos reales. En cambio el total de las aportaciones federales a los estados para la enseñanza básica y normal ha aumentado apenas en 3.5% (por habitante) y 1.6% (por alumno) respecto a 1994 (además de que en 1999 descendieron, respecto a 1998, en -2.8% y -3.1% respectivamente). En otras palabras, se transfiere a los estados casi exclusivamente el "irreductible" o "regularizable" (los sueldos y prestaciones del personal), en tanto que la Secretaría se ha reservado en forma creciente los recursos destinados a innovación, mejoramiento del magisterio, apoyos didácticos y otros programas de los que depende fundamentalmente la elevación de la calidad educativa.

Ciertamente muchos de los programas que la SEP realiza con estos recursos (libros de texto, Edusat, por ejemplo) redundan en beneficio de las entidades; lo que queremos señalar es que las pautas de financiamiento decididas unilateralmente por la SEP reflejan una concepción de la federalización en la que el gobierno federal mantiene una directividad operativa muy distante de la que sería congruente con el federalismo establecido en la Constitución. Decisiones como éstas debieran ser tomadas conjuntamente con los estados soberanos.

El carácter centralizador de la federalización se evidencia en las exigencias que plantea la SEP a las autoridades estatales; suele decidse que ahora la SEP exige a los estados que logren con menos recursos lo que ella, con más, no pudo lograr durante décadas; se los presiona a alcanzar metas de cobertura y niveles de eficiencia y calidad, sin facilitarles los recursos necesarios, lo que genera tensiones e inconformidades.

Muchos gobiernos estatales afirman que estarían dispuestos a aportar mayores recursos a la educación con tal de que se establecieran criterios de financiamiento objetivos y más equitativos; piden, por ejemplo, que se reformen las disposiciones fiscales que determinan que las empresas paguen sus impuestos en la entidad federativa en la que tienen su domicilio fiscal (en muchos casos en el Distrito Federal) aunque operen y obtengan sus utilidades en otras. El ejecutivo federal se ha limitado a exhortar a los gobiernos estatales a aportar más fondos a la educación; no es de extrañar que el gasto educativo de los estados, en su conjunto, esté disminuyendo en términos reales..

No es el único punto de fricción el del financiamiento; la federalización provoca situaciones inéditas y diferencias de apreciación en muchos campos. De parte de la SEP hay insatisfacción con las entidades federativas sobre todo en dos asuntos: el incumplimiento de éstas de su obligación de entregar información veraz y oportuna sobre el funcionamiento de sus sistemas educativos, y la fundada sospecha de que, en algunos casos, los recursos educativos que les transfiere la federación no se aplican íntegramente a sus fines; jurídicamente no es claro si el uso de esos recursos debe estar sujeto o no a una supervisión federal.

De parte de los gobiernos estatales se reprocha a la federación que sea ella la que lleva a cabo las negociaciones salariales anuales, sin que participen en ella los estados, aunque las consecuencias posteriores deberán ser afrontadas por éstos. Hay inconformidad también respecto a las modalidades con que operan los programas compensatorios diseñados desde el centro, y se advierten diferentes concepciones respecto a lo que debe ser el "sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación" de los maestros de que habla la LGE (art. 12). Algunos gobiernos estatales surgidos de partidos de oposición se quejan también de un trato discriminatorio.

D.R. Observatorio Ciudadano de la Educación

Redacción: Alejandro Canales, María de Ibarrola, Pablo Latapí Sarre,  Javier Mendoza Rojas, Carlos Muñoz Izquierdo, Elsie Rockwell, Roberto Rodríguez , Lorenza Villa Lever.

Abril 24 de 1999