¿Avanza la descentralización educativa? (1/2)

Una descentralización centralizada
Exigencias de la SEP y reclamos de los estados
Insuficiente la información que se proporciona a la opinión pública
La legislación no prevé un organismo para la coordinación entre la federación y los estados

A siete años de adoptada, la decisión de descentralizar la enseñanza básica y normal se aprecia a la vez como medida de gran trascendencia por sus potenciales efectos sobre la organización, eficiencia y calidad del servicio educativo, y como origen de nuevas situaciones que plantean problemas inéditos.

La llamada "federalización" ha contribuido sin duda a reactivar el interés de la sociedad por la educación, estimulado a muchos gobiernos estatales a asumir mayores responsabilidades, aligerado trámites administrativos y acercado algunas decisiones a aquéllos a quienes afectan. Como la nueva configuración del sistema educativo requiere tiempo para consolidarse y, además, el proceso descentralizador sigue extendiéndose a otros niveles, tipos y servicios educativos, no es fácil establecer un balance equilibrado de sus logros y limitaciones al presente. Señalamos aquí algunos de sus problemas irresueltos.

Los informes de labores de este gobierno reportan importantes avances en la federalización: a partir de 1992 son 22 los estados que han promulgado leyes educativas que toman en cuenta la situación definida por la Ley General de Educación (LGE); quedan sólo 9 entidades en las que aún no se han fusionado los organismos ex-federal y estatal de los servicios educativos; y se ha logrado establecer un mecanismo de comunicación entre las autoridades federales y estatales; en el último año se realizaron 42 reuniones de funcionarios, aunque no se informa acerca de los temas discutidos ni de los acuerdos tomados.

Se descentraliza sólo la operación

En realidad nunca se ha sometido a debate público el tipo de relación que -dentro del federalismo constitucional y de los ordenamientos de la LGE- conviene se establezca entre la federación y los estados, y por tanto el grado de autonomía de que deban disponer éstos para planificar sus subsistemas, adaptar las normas nacionales a sus necesidades o introducir innovaciones organizativas o pedagógicas. No son pocas las atribuciones que asigna la LGE a la federación o a los estados y municipios que admiten interpretaciones diversas, además de que está en pie el principio constitucional de que "las funciones no expresamente concedidas a la federación se entienden reservadas a los estados" (art. 124).

El actual gobierno no ha estimulado ese necesario debate; ha seguido entendiendo la federalización fundamentalmente como la transferencia de recursos económicos a los estados y delegación de las responsabilidades operativas; lejos de esta concepción queda la posibilidad de que las entidades federativas dispongan de una verdadera capacidad de decisión que, siendo respetuosa de la necesaria unidad de la educación nacional, fuese congruente con su soberanía en materia educativa.

Son escasos los márgenes en que los estados pueden hacer valer sus propias prioridades respecto a niveles y modalidades escolares, adaptaciones curriculares o sistemas de actualización del magisterio.

Descentralización centralizadora

Algunos gobiernos estatales califican el actual proceso como "descentralización centralizadora" no sólo por el predominio de las atribuciones federales en la legislación, sino por los controles administrativos y financieros que la Secretaría de Educación Pública (SEP) les aplica. Desde luego, se preguntan por qué no ha disminuido la burocracia central de la SEP si los estados han asumido muchas de las funciones que anteriormente desempeñaban instancias federales; las autoridades federales nunca han informado acerca de reducciones de su personal.