La participación social en la escuela (2/2)

En conclusión, el actual gobierno se propuso: "Durante los próximos años, la política educativa procurará el crecimiento de la participación social en la escuela, así como una relación equilibrada y responsable entre las partes que sirven al propósito común de mejorar la educación. Junto con las autoridades educativas de los estados, la Secretaría de Educación Pública promoverá la conformación de un marco normativo flexible para dar cabida a la gran diversidad de formas de organización establecidas..." (p.42).

Cifras y dudas

En principio, conviene señalar que aun sin contar con los canales apropiados, la participación social siempre ha estado presente en la escuela; las experiencias de múltiples centros escolares y los logros en distintas comunidades y regiones son una muestra de la amplia participación ciudadana. Particularmente los padres y madres de familia están pendientes de la escuela de sus hijos y en muchos casos interactúan con sus maestros y directores, además de aportar recursos económicos importantes.

En lo que se refiere a los CPS, los informes anuales de labores de la SEP no proporcionan información sustantiva respecto a los avances logrados, en estos cuatro años, en su constitución y funcionamiento. Ciertamente no se ha cumplido con la expedición del "marco normativo flexible" prometido; no carece de importancia el hecho, pues ha impedido aprovechar el potencial de los distintos niveles de participación (escolar, municipal, estatal, nacional).En su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el 23 de septiembre de 1998, el secretario de Educación Pública fue cuestionado en esta materia por los legisladores de todos los partidos de oposición; en su respuesta, el funcionario informó que en 14 entidades federativas se han ya constituido los consejos estatales, así como en 903 ayuntamientos los municipales y en más de 61,000 planteles los escolares. Estas cifras, en el mejor de los casos, corresponden a la constitución formal de dichos organismos; entre el acto protocolario de establecerlos y su funcionamiento efectivo media una gran distancia sobre la cual no se proporciona información.

El horizonte de las soluciones

Nos parece de suma importancia, como ciudadanos, que los procesos de participación cívica que se vienen fortaleciendo en el país sean acompañados por una creciente participación de la sociedad en su educación.

En el campo específico de la educación actividad que atañe e involucra a toda la sociedad la participación de los ciudadanos tiene que expresarse en forma de comunicación e interacción entre los diversos actores de la tarea educativa, principalmente la que se realiza a través de la tarea escolar, maestros, escuelas, alumnos, padres de familia, autoridades. La cultura cívica implica una cultura pedagógica que genere interacciones cotidianas entre los actores educativos, principalmente entre los ciudadanos y las autoridades gubernamentales. Por los rasgos autoritarios y corporativos del sistema político del país, esa cultura pedagógica está aún por construirse.

La participación puede darse en distintos niveles y con diversas modalidades; la manera como la concibe y determina la Ley General de Educación, al fijar las atribuciones de cada CPS y la complementariedad entre ellos, puede ser un punto de partida para empezar a abrirle cauces y posibilidades. Es importante reconocer que las perspectivas del nivel escolar, municipal, estatal y nacional, son muy diferentes entre sí, de modo que una amplia participación social en las diferentes escalas permitiría, en cada caso, ofrecer aportaciones valiosas precisamente a ese nivel. La diversidad de situaciones escolares es tan amplia que no puede darse un solo modelo de consejo escolar de participación social; también los consejos municipales y estatales debieran admitir variantes dentro del espíritu de la ley. Es preocupante que en la actualidad, en tanto siguen sin constituirse varios de los consejos, y especialmente el Consejo Nacional de Participación Social, las decisiones en torno a los programas de estudio y los asuntos pedagógicos más relevantes, sean tomadas unilateralmente por las autoridades federales. El Consejo Nacional, en particular, deberá hacer efectiva la voz de los sectores sociales ante el secretario de Educación y cumplir funciones de contrapeso en sus decisiones, no menos que de seguimiento y evaluación del desarrollo educativo nacional.

Cuestionamientos

Por todo lo anterior, externamos nuestras preocupaciones en forma de preguntas a las autoridades de la SEP:

¿Por qué no se informa a la sociedad del avance real y de los problemas que se han enfrentado en la promoción de la participación social? Por ''avance real'' entendemos el funcionamiento efectivo de los CPS en todos los niveles.
¿Por qué no se ha expedido a la fecha el ''marco normativo flexible'' previsto o, si éste no se ha considerado viable, por qué no se promueve una reforma de la ley en estos aspectos?
¿Por qué no se ha constituido aún el Consejo Nacional de Participación Social? ¿Qué ventajas o desventajas consideran las autoridades que tendrá su establecimiento? ¿Qué composición tendría, de modo que se garantice plenamente su legitimidad social? ¿Cuál será su peso en el proceso de toma de decisiones?
¿Qué medidas se piensa tomar para ir preparando a todos los actores de la educación (principalmente directores de escuela, maestros, funcionarios y líderes sociales) para el funcionamiento efectivo de estos organismos?
¿Qué metas, más cualitativas que cuantitativas, se juzga razonable fijar para lograr avances sustantivos en esta materia, antes de que finalice este gobierno?

Referencias

Comunicados OCE sobre Políticas y programas

D.R. Observatorio Ciudadano de la Educación

Redacción: Teresa Bracho, Alejandro Canales, María de Ibarrola, Pablo Latapí Sarre, Javier Mendoza Rojas, Carlos Muñoz Izquierdo, Elsie Rockwell, Roberto Rodríguez, Lorenza Villa Lever.

Enero 28 de 1999