La participación social en la escuela (1/2)

Graves retrasos en las metas de este sexenio
Dudas sobre la operación de los consejos ya establecidos
¿Se creará ya el Consejo Nacional previsto en la ley?

Es congruente con el objetivo de este Observatorio Ciudadano de la Educación que nuestro primer comunicado se pronuncie sobre la participación social en la escuela. Habiendo entrado el actual gobierno a su quinto año, algunos ciudadanos opinamos que en esta materia se registra un serio rezago respecto a lo que esta administración federal se había propuesto. Examinemos el problema.

Qué prescribe la ley

La Ley General de Educación de 1993 dedica todo un capítulo (artículos 65 a 73) a la participación social en la educación; en él se dictan disposiciones respecto a la participación de los padres de familia, de los consejos de participación social y de los medios de comunicación. Por ahora queremos referirnos específicamente a los Consejos de Participación Social (CPS): por primera vez en nuestra legislación se establece una amplia estructura de consejos que, a diversos niveles --en cada escuela, cada municipio y cada estado, además del nivel nacional--, intentan posibilitar la participación de la sociedad en las tareas educativas.

La ley precisa pormenorizadamente la composición de cada consejo y sus atribuciones; sin embargo, sus disposiciones admiten interpretaciones diversas en puntos importantes. Es probable que, respecto a los consejos escolares, los intentos de hacerlos funcionar se hayan frenado por diversas causas: la inadecuación del modelo propuesto en la ley a las circunstancias concretas del plantel, la confusión entre sus atribuciones y las de las asociaciones de padres de familia, resistencias de algunos directores y maestros, intereses sindicales o partidistas o simplemente la ausencia de hábitos de participación. En el caso de los consejos municipales y estatales las causas pueden haber sido de otra naturaleza, pero también parece que predomina en el país, una situación de incumplimiento de las disposiciones legales.

Las metas de este sexenio

El actual gobierno trató este tema con madurez y prudencia en su documento programático. Reconoció que tenía por delante una tarea compleja: ''Conviene resaltar que la participación social en el quehacer educativo es todavía incipiente. Hasta el momento la conformación de los consejos ha sido poco dinámica y su desarrollo bastante desigual. Esta situación se debe, en parte, a la enorme variedad de usos y costumbres que existen en el país y que la conformación de los consejos debe tomar en cuenta, a fin de que respondan realmente a las necesidades y características de la comunidad: lo que funciona en un contexto puede no ser lo más adecuado para otro''. Asimismo, refiriéndose al paso, estimó que ''las modalidades de operación correspondientes al centralismo no permitieron que el interés de la colectividad encontrara suficientes cauces que sumaran más esfuerzos a favor de la educación''. (p. 28s.)

Sin embargo, el mismo Programa de Desarrollo Educativo también afirma que ''una educación de calidad exige una activa participación de los diferentes actores que intervienen en el proceso", y prevé que "la construcción de una nueva cultura de la participación" procederá "de manera gradual, conforme las experiencias sugieran métodos y procedimientos que fortalezcan a la escuela" (p.42). Además destaca, en relación con los CPS escolares, que su funcionamiento "demanda un análisis exhaustivo, de manera que las experiencias favorables se aprovechen en beneficio de otras comunidades y escuelas. Asimismo se tomarán en cuenta, cuando sean establecidos, los consejos nacionales y estatales".