El Programa Sectorial de Educación 2007-2012: continuidad sin novedades (5/6)

Las propuestas de ampliar la utilización de las TIC en los diferentes niveles y modalidades del sector educativo carecen de una propuesta pedagógica concreta, no están acompañadas de algún análisis de viabilidad financiera que asegure la implementación de estos servicios en los planteles escolares, ni tampoco detallan los procesos de capacitación que sería necesario impulsar para asegurar que los docentes los usen de forma adecuada en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Cuatro metas concretas se refieren a la implementación de este tipo de servicios en las instituciones educativas: 1) ampliar las aulas de medios con telemática de 51.9 % a 100 %; 2) pasar de un promedio de 18.2 a 10 alumnos por computadora en los planteles federales de educación media superior; 3) aumentar de 85 % a 100 % las instituciones públicas de educación superior con conectividad a Internet en bibliotecas, y 4) aumentar de 24.2 % a 75 % la cantidad de docentes de primaria y secundaria capacitados en el uso educativo de las TIC.

Cabe mencionar que la meta de aumentar de 3 % a 100 % el porcentaje de aulas de telesecundaria equipadas con TIC no se encuentra en este objetivo del PSE, sino en el correspondiente al aumento de oportunidades educativas y equidad. De la misma manera, varias de las medidas implicadas en la implementación de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje se encuentran distribuidas en los otros objetivos del programa; sin embargo, muchas de ellas son tan generales que permiten dudar de la viabilidad de llevarlas adelante. Todo lo cual habla de la falta de estructuración del PSE.

Un aspecto que adquiere relevancia en la medida en que se prevé que las modalidades de educación abierta y a distancia en todos los niveles se constituirán en uno de los mecanismos fundamentales a través de los cuales se ampliará la cobertura de la educación secundaria, media superior y superior, tiene que ver con la supervisión y evaluación de los procesos de implementación de las TIC, pero cabe preguntarse: ¿cómo es que estas modalidades pueden responder al reto de brindar una educación de calidad?

Comentarios generales

Las propuestas del PSE no sólo reflejan continuidad con respecto a las políticas que se han venido estructurando desde mediados de la década de los ochenta, sino que incluso puede observarse la intensificación de las mismas. Estas políticas generales relacionadas con la calidad, la equidad, el uso de nuevas tecnologías y la adecuación de los procesos de formación a los requerimientos del sector productivo, no han brindado los resultados esperados. De forma reiterada las medidas que se han propuesto han resultado insuficientes o, peor aún, tiene efectos contraproducentes, y ello no siempre se debe a un mal diseño de las medidas, sino a que muchas veces no son puestas en práctica y quedan solamente como recursos retóricos de los programas. En este sentido, sería necesario establecer mecanismos que obliguen al Estado a cumplir los compromisos establecidos no sólo en los programas sectoriales, sino en las leyes y normas que indican los compromisos que tiene con respecto al desarrollo del sistema educativo. Mientras esto no ocurra, probablemente seguiremos lamentando el incumplimiento de las responsabilidades del Estado con la educación.

Es preocupante que el sistema educativo se mantenga atrapado en el juego de intereses políticos y económicos de diversos grupos de interés, como es el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cuya lidereza ha logrado negociar con el gobierno federal diversos privilegios y concesiones que le permiten mantener el control y ciertas prerrogativas sobre la educación básica, como la creación de una norma oficial mexicana y el establecimiento de una nueva fase del Programa de Carrera Magisterial. Ello, a pesar de que esta organización sindical ha sido calificada por académicos prestigiados y organismos nacionales e internacionales como uno de los principales obstáculos para establecer cambios que redunden en el mejoramiento del sistema educativo. Asimismo, la falta de compromiso del Estado para establecer mecanismos y normas claras en la designación y distribución de los recursos hacia el sistema educativo, provoca que cada año el presupuesto educativo se siga definiendo discrecionalmente en razón de coyunturas políticas y el juego de intereses de los actores que participan de estos recursos.