El Programa Sectorial de Educación 2007-2012: continuidad sin novedades (3/6)

Las propuestas del PSE encaminadas a desarrollar los procesos de evaluación y la creación de un Sistema Nacional de Evaluación Educativa buscan servir para identificar los avances y problemas que se presentan en el sistema educativo, orientar la toma de decisiones para la mejora del sistema, así como establecer mecanismos que sirvan para la rendición de cuentas y transparencia en el uso de los recursos destinados al sector, por lo que es difícil ponerlas a discusión. No obstante, hasta la fecha, el uso que se le ha dado a la evaluación está lejos de cubrir estos objetivos. Las propuestas del PSE al respecto son tan generales y difusas que corren el riesgo de quedar plasmadas sólo en el papel. Hubiese sido adecuado que entre las propuestas del PSE se asegurara que los recursos destinados a los procesos de evaluación se vieran reflejados en la mejoría de los aprendizajes de los alumnos, evitando que se constituyan en elementos de simulación para la obtención de recursos por parte de las instituciones, los programas educativos, los docentes y los alumnos. Parece que a pesar de que se propone el logro de la calidad como objetivo estratégico, ésta se concibe básicamente como insumos y resultados, dejando de lado los procesos de innovación pedagógica que favorezcan el logro de los aprendizajes esperados en los alumnos.

En la medida que el PSE concentra sus estrategias en la intensificación de los procesos de evaluación, pasa por alto la necesidad de fortalecer la profesionalización de los docentes. Esto sugiere formular a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la siguiente pregunta: ¿qué sentido tiene intensificar la evaluación sin satisfacer al mismo tiempo la necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza (mediante, entre otras cosas, el fortalecimiento de la profesionalización de los docentes), que es indispensable para mejorar los resultados de los procesos que van a ser evaluados?

b) Políticas de equidad sustentadas en acciones compensatorias, pero no en la transformación de los procesos educativos que han intervenido en la generación de la inequitativa distribución de las oportunidades educativas

Las metas puntuales que se plantean en el PSE en materia de equidad están orientadas al aumento del número de becas en los diferentes niveles educativos para grupos focalizados, principalmente población de bajos recursos; asimismo, se piensa en la aplicación de políticas compensatorias para ampliar las oportunidades educativas (cobertura) en las entidades más rezagadas, entre la población indígena, y entre la población de 15 a 39 años que no ha concluido la educación básica. También se plantea aumentar el número de aulas de telesecundaria equipadas con tecnologías de la información y comunicación (TIC), pasando de un 3.7% que se tiene actualmente al 100% de las mismas.

Con las medidas anteriores se espera alcanzar la meta de aumentar los años promedio de escolaridad de la población de 8.4 a 9.7 años hacia el año 2012. Sin embargo, aunque estas propuestas parecen alentadoras, se carece de un análisis sobre su viabilidad financiera, que sustente la posibilidad de concretarlas, más aún considerando que los aumentos principales de cobertura se centran en la educación media superior (9.4 %) y superior (5.7 %), cuyos costos por alumno atendido son los más elevados del sistema educativo. Al considerar solamente la propuesta para la educación superior y con base en las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población (CONAPO), sería necesario crear aproximadamente 80 mil nuevos lugares anualmente para que en 2012 se lograra tener una cobertura del 30 por ciento.

Conviene destacar que en el PSE no se asumen propuestas concretas respecto a los compromisos del Estado en el financiamiento del sistema educativo, aunque se señala (pág. 12) que la estimación de los recursos para la ejecución del Programa estará determinada en los proyectos de presupuestos que anualmente sean presentados por la SEP y quedarán sujetos a la disponibilidad de recursos. Este párrafo del PSE permite considerar la continuidad de las prácticas discrecionales en la determinación de la magnitud y distribución de los recursos para el sector, así como las prácticas de negociación entre los diferentes actores que dependen del presupuesto federal, lo cual redunda en que los más beneficiados sean los actores que cuentan con mayor poder y capacidad de presión política. Se ignora lo estipulado en la Ley General de Educación concerniente a que desde el año 2006, los recursos anuales que debe destinar el Estado (Gobiernos Federal, Estatal y Municipal) al gasto educativo no debe ser menor al 8 por ciento del producto interno bruto (PIB); de los cuales al menos el uno por ciento del PIB debe corresponder exclusivamente al financiamiento de la investigación científica y tecnológica en las instituciones de educación superior. En suma, siguen quedando indefinidas las bases para establecer una política de Estado relacionada con el financiamiento del sector educativo y la posibilidad de brindar presupuestos multianuales, las cuales constituyen propuestas centrales de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).