El ejercicio del derecho a la educación básica (5/5)

En su ensayo El Derecho a la educación. Su alcance, exigibilidad y relevancia para la política educativa,⁸ Pablo Latapí Sarre pregunta de qué dependen la exigencia, la garantía y la protección de un derecho social como éste, y propone que ayudaría mucho a la justiciabilidad que la legislación del país contuviese las disposiciones relativas que permitan fundamentar la violación de ese derecho. Hemos visto que la legislación mexicana sobre el derecho a la educación tiene graves carencias y deficiencias, por lo que no es sencillo proceder judicialmente en caso de violaciones. A pesar de que los contenidos del derecho a la educación y las obligaciones resultantes para los estados estén claramente formuladas en la normatividad internacional (el PIDESC y las Observaciones de su Comité, los Principios de Limburgo y diversas declaraciones y conferencias internacionales), este derecho internacional dista mucho de estar recogido, desarrollado e instrumentalizado en el marco jurídico nacional.

Para que el derecho a la educación sea exigible, es preciso contar con medidas judiciales, legislativas, políticas, administrativas y sociales (Chávez, 2008: 23 y 124; Villalba, 2004a; Abramovich y Courtis, 2004) que exijan de manera contundente y desde todos los ámbitos la realización plena de esta garantía. Y desde esta perspectiva Latapí plantea: Al analizar el problema de la justiciabilidad del derecho a la educación en México es indispensable tomar en cuenta más allá de los factores estrictamente jurídicos el contexto sociopolítico y sociocultural en el que se mueve y se maneja la educación. De poco sirve que la Constitución establezca que todo individuo tiene derecho a la educación si los intereses de los que depende que ese derecho se satisfaga actúan, desde hace muchos años, al servicio del poder sindical y de redes políticas clientelares, manejadas en su provecho por los partidos políticos y los gobiernos estatales. La manipulación política del magisterio, los arreglos cupulares respecto de su evaluación y capacitación, las restricciones a la participación de los padres de familia en las escuelas, etcétera, interfieren con la norma constitucional que garantiza teóricamente este derecho y, en la práctica, la nulifican. Las autoridades federales, responsables últimas de que ese derecho sea eficaz, se sienten con la espada contra la pared al tener que enfrentar los poderes fácticos que utilizan la educación para sus intereses. (2009)

8. Revista Mexicana de Investigación Educativa, enero-marzo de 2009, vol. 14, no. 40, pp. 255-287.