El ejercicio del derecho a la educación básica (1/5)

La elaboración de este artículo estuvo bajo la responsabilidad de Manuel I. Ulloa y contó con la colaboración de Teresa Bracho González, Pedro Flores Crespo, Teresa Galicia Cordero, Mery Hamui Sutton, Aurora Loyo, Aldo Muñoz Armenta, Carlos Muñoz Izquierdo, Robert Myers, Yoalli Navarro, Sylvia Schmelkes y Lorenza Villa Lever.

El ejercicio del derecho a la educación no puede limitarse a un determinado grupo de edad, al nivel educativo establecido como obligatorio ni, de manera exclusiva, al sistema escolarizado. A partir de esta premisa presentamos un primer análisis que se circunscribe a algunas consideraciones iniciales acerca del ejercicio de este derecho en lo que corresponde al nivel básico, que supone una educación pública, laica, gratuita y de calidad. Presupone también que, junto con el acceso, se garanticen la permanencia hasta concluir este nivel educativo y un aprendizaje relevante y pertinente que logre, con eficacia interna y externa, el desarrollo humano y la formación ciudadana de las personas, como lo postulan el artículo 3° de nuestra Constitución, su ley reglamentaria y las declaraciones y convenios internacionales sobre los derechos humanos, económicos, sociales y culturales.

La deuda social en educación con la población de 15 años y más

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) reconoce una deuda social con más de 33 millones de personas¹ de 15 años y más que no han iniciado o terminado su educación básica, incluidos los casi seis millones de analfabetas. Esto significa que el Estado mexicano no ha cumplido sus obligaciones con 43 de cada 100 habitantes de ese grupo de edad, la mayoría de ellos sujetos a condiciones de pobreza y excluidos del ejercicio de sus derechos humanos, sociales, económicos, culturales y ciudadanos.

A esta de por sí elevada deuda debe sumarse la que tiene con millones de compatriotas en las mismas condiciones que han tenido que emigrar, principalmente a Estados Unidos, para buscar una oportunidad de trabajo y un proyecto de vida personal o familiar que no encuentran en nuestra nación, que es también la de ellos.

Si se hace una comparación entre entidades, esta exclusión resulta aun más grave. En Chiapas, por ejemplo, alcanza a 60 de cada 100 mexicanos de 15 años o más, mientras que en la capital se reduce a veintisiete. Esta falta de equidad entre entidades implica que el gobierno federal ha incumplido lo que debería ser uno de sus principales objetivos: la compensación mediante la cual las políticas públicas federales deberían eliminar, o al menos reducir de manera constante y significativa, las desigualdades que presentan las personas, familias y comunidades entre las entidades y regiones que integran el país.

1. Las estimación del INEA sobre el rezago educativo de la población de 15 años y más, al 31 de diciembre de 2009, es de 33,403,374 personas; se puede consultar en su página: http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/Rezago_2009.pdf