Perspectivas de la educación media superior (a finales de sexenio) (1/4)

Dentro del sistema educativo nacional, la educación media superior representa quizás el mayor reto debido a su baja calidad, a la escasa pertinencia de los programas, a la alta deserción y a una cobertura insuficiente. Tras la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la obligatoriedad de este nivel educativo, es necesario revisar las condiciones en las cuales se toma tal decisión.

El objetivo es claro: aunque la obligatoriedad se implementará de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2011-2012, se busca lograr su universalización en todo el país en el ciclo correspondiente a 2021-2022, con la concurrencia presupuestal de la Federación y de las entidades federativas. Sin embargo, esta decisión no garantiza una educación de calidad si no es incentivada por un conjunto de reformas académicas que coadyuven a enfrentar las deficiencias de acceso, calidad y eficiencia.

Frente a la decisión legislativa, las opiniones son encontradas: mientras algunos reconocen que la reforma era necesaria porque de esta manera se obligará al Estado a invertir mayores recursos, otros señalan que no hay condiciones académicas, presupuestales ni de formación docente que permitan su efectividad. Los esfuerzos gubernamentales por lo menos en el discurso se han enfocado en atender el cuello de botella generado en este sector; no obstante, para generar los efectos estimados en un plazo de 10 años, es necesario tomar acciones más contundentes como el reforzamiento de las becas estudiantiles, la atención a la multiplicidad de causas de la deserción escolar en este nivel educativo y el acompañamiento pedagógico extraescolar en apoyo a los procesos de aprendizaje de los alumnos, etcétera.

Contradicciones

Según el dictamen aprobado, esta reforma cuenta con un presupuesto asignado para 2011 de 2 mil millones de pesos, que calcula un costo de operación por alumno de 18 mil 456 pesos anuales, así como un gasto de inversión, también por estudiante, de 52 mil 991 pesos. Además, prevé becas tipo Oportunidades por 10 mil 500 pesos anuales.

La idea de la obligatoriedad de este tipo de enseñanza se abrió paso en los últimos años en diferentes ámbitos políticos y educativos porque se consideraba que con ello se contribuiría a aumentar la escolaridad, hacer más equitativo el derecho a la educación, mejorar la calidad de los conocimientos transmitidos y ofrecer mejores condiciones para el empleo de los jóvenes.

Sin embargo, la expansión y la democratización escolares pueden dar una ilusión falsa de progreso. La nueva Ley promueve una democratización cuantitativa de la enseñanza, pero en un país tan desigual como México, donde la diversidad curricular está cruzada por el origen socioeconómico, es necesaria una democratización cualitativa que permita obtener resultados de calidad semejante en los más distintos contextos y hacer así realidad la igualdad de oportunidades frente a la escuela.