EL DERECHO A LA EDUCACIÓ EN MÉXICO: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS (3/3)

Como en muchas otras garantías, existe en nuestro país una brecha entre las normas y su observancia respecto a la educación. El contenido del artículo 3 constitucional así como diversos artículos de su ley reglamentaria especialmente el 7 y el 32 , al igual que normas jurídicas internacionales que han sido ratificadas por el gobierno mexicano, conforman una base jurídica que le da sustento. No obstante, se requieren iniciativas y cambios normativos para identificar con mayor claridad las entidades responsables y las vías legales disponibles para que las personas y los colectivos puedan acceder al derecho a la educación.

Este derecho debería estar protegido bajo la tutela de una legislación fuerte, de procesos definidos y de iniciativas que establezcan sanciones para quienes incumplan esas normas, fortaleciendo áreas o creando entidades que protejan a quienes resultan perjudicados por este incumplimiento.

En esta línea, durante el Foro se hizo el planteamiento de impulsar la creación de un Ombudsman especial, o bien recomendar que la CNDH fortalezca su actuación en esta área.

Las organizaciones de la sociedad civil tienen dificultades para encontrar puntos de confluencia en sus acciones. El derecho a la educación puede ser una importante fuerza impulsora para fortalecer y orientar su acción. Es necesario fortalecer su labor para que puedan intervenir en la formulación, implementación y monitoreo de las políticas educativas.

La sociedad civil podría dar seguimiento a las 83 recomendaciones que la ONU ha dirigido a la SEP y sobre las cuales ninguna instancia educativa ha respondido, así como aquellas incluidas en el informe del relator especial, Vernor Muñoz, presentado el 2 de junio pasado en la Asamblea General de la ONU.

La participación social es un componente que opera a favor del derecho a la educación. Pero tiene que ser una participación efectiva y no de membrete. Por tanto se recomienda impulsar todas las acciones que permitan ampliar las capacidades de participación, especialmente de los padres de familia.

Fortalecer la educación en derechos humanos es una tarea prioritaria. Una educación que no potencia el ejercicio de los derechos humanos no es una educación de calidad. Se propuso impulsar la creación del Programa de Derechos Humanos impulsado por la Academia Mexicana de Derechos Humanos y la cátedra UNESCO-México de derechos humanos, así como la educación política para la construcción de una ciudadanía capaz de exigir sus derechos.

La política educativa vigente ha colocado en los márgenes del sistema a las modalidades y programas educativos que atienden a los adultos, a los grupos llamados vulnerables y a los indígenas. Con muy poco dinero y con figuras docentes mal pagadas y mal preparadas no es factible que se resuelvan las carencias educativas de estos grupos. Por ello es necesario presionar para exigir un cambio de rumbo e insistir en la inconveniencia de perpetuar la relación atípica vigente entre el gobierno y el sindicato.

Conviene explorar la posibilidad de diseñar y aplicar acciones enérgicas para revertir algunos de los efectos de la desigualdad y la discriminación, y de las asimetrías y disparidades que prevalecen en nuestro país.

Es inaplazable pugnar por una política de desarrollo articulada que ataque las causas de la desigualdad social pues de otra manera los avances en materia educativa serán lentos y discontinuos.

Es imperante contar con información veraz, oportuna, transparente y accesible que permita conformar un panorama de la situación educativa real del país. En este sentido, la investigación tiene un papel fundamental.

Es momento de repensar el derecho a la educación no sólo como el derecho de acceder a las escuelas, sino como un derecho para la vida y para aprender, con todo lo que eso conlleva. Quizás ésta sea la oportunidad de articular esfuerzos y exigir respuestas fehacientes para garantizar procesos educativos de calidad para todas y todos los mexicanos.

¿Quiénes impulsan el derecho a la educación? ¿Son los padres, el Estado, los profesores, los estudiantes? ¿Quiénes se hacen cargo y se responsabilizan? La respuesta debiera ser: todos. Todos sostenidos por nuestro derecho a actuar, a ejercer y a exigir el ejercicio de todos y cada uno de nuestros derechos.

Colaboraron en este Debate: Aurora Loyo, Mery Hamui, Aldo Muñoz, Teresa Bracho, Yoalli Navarro y Manuel Ulloa