La calidad educativa y sus programas: necesaria redistribución (1/3)

Los recursos públicos dedicados al financiamiento de la operación de los programas destinados a mejorar la calidad de la educación sólo pueden ser adecuadamente utilizados si se conoce la efectividad académica de los mismos (la cual expresa la medida en la que cada programa alcanza los objetivos que persigue); y si se dispone, también, de información acerca de la eficiencia económica con la que los programas están funcionando (la cual se obtiene al comparar la efectividad académica de un determinado programa con los recursos financieros que fueron necesarios para lograrla).

Con el fin de cumplir la primera condición se han realizado en México diversas investigaciones, que se han propuesto valorar los efectos educativos de algunos programas (como el de Oportunidades, la Carrera Magisterial y Escuelas de Calidad). Muy recientemente se iniciaron los estudios necesarios para satisfacer la segunda condición (que se refiere, como dijimos, a la eficiencia económica con la que funciona cada programa).

Desde hace varios años se ha comprobado que existe una fuerte relación entre los antecedentes socioeconómicos y culturales de los estudiantes, sus niveles de rendimiento académico y las dosis de escolaridad que pueden obtener. En esta relación intervienen, además, algunos rasgos personales de los alumnos (como el género y lugar de residencia). Aunque las teorías que se han propuesto explicar dicha relación generaron diversas controversias, los fundamentos empíricos de la misma están fuera de duda.

Debido a que la escolaridad alcanzada de este modo influye notablemente en la probabilidad de que los egresados del sistema escolar tengan acceso a las diferentes ocupaciones existentes en el sistema productivo y así estén en condiciones de percibir los ingresos asociados con cada una de ellas algunos sociólogos han afirmado que el sistema escolar funciona como un repartidor de oportunidades sociales.

Esto significa que las lacerantes desigualdades entre los niveles de vida de quienes se encuentran en los diferentes estratos en que está fragmentada nuestra sociedad, están relacionadas con los antecedentes socioeconómicos y culturales de los alumnos que algunos años atrás estuvieron inscritos en las instituciones educativas del país. Por tanto, quienes en el pasado se encontraron en una situación de desventaja socioeconómica quedaron atrapados, a la postre, en el círculo vicioso de la pobreza.

Por esta razón, desde mediados del siglo pasado en diversas partes del mundo se han implementado numerosas medidas encaminadas a elevar la probabilidad de que los estudiantes procedentes de familias de escasos recursos obtengan rendimientos académicos satisfactorios.

Los gobiernos de México no permanecieron al margen de esta corriente, sobre todo desde que la Ley General de Educación (promulgada en 1993) les exige tomar medidas dirigidas, explícitamente, a mejorar la calidad de la educación que reciben los sectores en situación de desventaja socioeconómica o cultural. Con esta finalidad, están en marcha en nuestro país diversos programas que responden, al menos, a cuatro interpretaciones de la etiología de las desigualdades educativas.