La educación en la LX Legislatura. Saldos y pendientes. (3/3)

Con una orientación empresarial, diputados del PAN, que no se quisieron identificar y se autonombraron como legisladores del comité de competitividad, presentaron una iniciativa para que los consejos de participación social sean el mecanismo institucional para vincular empresas y escuelas. Según estos legisladores, dichos consejos estarían en consonancia con el Consejo Nacional Consultivo de Educación Normal, como órgano de consulta de la SEP, en el cual participarían representantes de organismos sociales y del sector empresarial. Esta, y las demás propuestas, no proponen efectuar un replanteamiento de los Consejos de Participación Social, además de que no cuestionan el por qué las instituciones de participación social vigentes no están funcionando.

En materia de evaluación, las iniciativas apuntan fundamentalmente a reforzar las facultades jurídicas y burocráticas del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) o bien a crear nuevos instrumentos para todos los niveles de educación. Así, el Partido del Trabajo propuso una ley, el 29 de septiembre de 2006, para crear el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con el fin de darle una verdadera autonomía. En este mismo tenor, se pronunciaron el PAN y el PRI con sendas iniciativas.

Por su parte, el PRD propuso la creación de la Comisión Nacional de Evaluación como órgano de consulta entre la federación, los estados y los municipios a fin de incorporar indicadores cuantitativos y cualitativos de valoración que, en su caso, permitan corregir las metas y políticas educativas. Comisión que estaría integrada por todos los grupos sociales involucrados en la problemática educativa: representantes de la SEP, la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), la Asociación Nacional de Padres de Familia y el SNTE.

En la misma lógica, el PVEM propuso, por un lado, establecer un mecanismo de evaluación dirigido a los egresados de las escuelas normales superiores que deseen formar parte del personal docente del sistema nacional de educación. Es decir, solamente reclutar a los normalistas más aptos. Asimismo, este partido político propuso que no solamente los alumnos sean evaluados, sino también los docentes: que las instituciones educativas sometan a su cuerpo docente a evaluaciones semestrales.

El Partido Nueva Alianza, por su parte, a través de su representación senatorial, lanzó una iniciativa con un carácter más propositivo, consistente en apoyar a los sujetos evaluados y no sólo señalar sus deficiencias. En este sentido, propuso la creación de un órgano consultivo dedicado a la evaluación del sistema educativo nacional capaz de contribuir a mejorar la calidad educativa. Se puede advertir, salvo en la última iniciativa, que la mayoría de propuestas están preocupadas solamente por el resultado y no por el proceso de enseñanza-aprendizaje en su conjunto.

Los partidos políticos que integraron la LX Legislatura mostraron no contar con una agenda integral de la problemática educativa, que finalmente resultó superficial e improvisada. Lo que se expresa también en la falta de interés de los partidos políticos por incentivar el debate educativo y la concomitante debilidad de propuesta educativa en sus programas y plataformas electorales.

La LXI legislatura entró en funciones hace unos meses. Además de que debería ser mucha más cuidadosa en la atención a la agenda educativa nacional, sería loable que su trabajo se enfocara a cuestiones generales y de fondo. Como ejemplo podría señalarse la conveniencia de que la aprobación de los planes de estudio, hasta ahora facultad exclusiva de la SEP, fuera una facultad concurrente entre la secretaría y las entidades federativas, y que se definiera la participación de otras instancias técnicas y profesionales. Nos mantenemos a la espera de resultados más contundentes del trabajo legislativo que permitan visualizar un mejor futuro para la educación.