La educación en la LX Legislatura. Saldos y pendientes. (2/3)

En el conjunto de iniciativas, destaca el propósito de parte de los legisladores para otorgar algún tipo de beca a estudiantes de escasos recursos en los tres niveles de educación, asunto sobre el cual se presentaron un total de 14 propuestas. Una de ellas, a ofrecimiento del PRD, en abril de 2007, busca establecer un salario exclusivo para aquellos estudiantes que deseen continuar con sus obligaciones académicas y que tienen dificultades económicas. Sin embargo, la realidad muestra que se legisla a medias, pues prácticamente no hubo iniciativas aprobadas para incrementar el gasto en educación ni mucho menos para vigilar de manera más eficiente los recursos destinados a este rubro.

Diputados y senadores mostraron asimismo interés por apoyar a personas con algún tipo de discapacidad, tema en el que se presentaron ocho iniciativas. Respecto a los grupos vulnerables, los legisladores emitieron seis iniciativas relacionadas con la educación indígena. En una de ellas, que ejemplifica el contenido de buena parte de las demás, el partido Convergencia expuso que es preciso que el Estado mexicano garantice un techo presupuestal mínimo del 0.5% del PIB para la educación de los pueblos indígenas que termine con la situación de abandono, marginación y analfabetismo en que estos grupos se encuentran. Sin embargo, a pesar del rezago histórico en este rubro, la iniciativa no se acompaña de mecanismos viables de financiamiento.

Sobre el permanente problema del financiamiento educativo, se presentaron cinco iniciativas, las cuales proponen que toda la educación que imparte del Estado, es decir, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y nivel superior, sea totalmente gratuita. Incluso hay una iniciativa, presentada en el Senado por el partido Convergencia, que propone la entrega gratuita de útiles escolares por parte del gobierno para alumnos de todo el país que asisten a escuelas públicas de educación básica.

Al respecto destacan solamente cuatro iniciativas, las cuales, en general, tienen un diagnóstico crítico sobre la forma en la que se reclutan maestros de educación básica y también sobre el ejercicio de la profesión magisterial.

El PAN, el 25 de octubre de 2007, propuso, en otras cosas, aplicar sanciones a los profesores que suspendan clases sin causa justificada; que no utilicen los libros de texto y materiales didácticos otorgados por la Secretaría de Educación Pública (SEP); que filtren los exámenes o cualesquiera otros instrumentos de admisión, acreditación o evaluación; que efectúen actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de los alumnos; que oculten a los padres o tutores las conductas de los alumnos que deban ser de su conocimiento; y que se opongan a las actividades de evaluación, inspección y vigilancia.

Un año después, el 30 de octubre de 2008, también el PAN propuso agregar a las atribuciones de la SEP la de fijar los lineamientos generales de carácter nacional para la asignación de plazas vacantes y de nueva creación a docentes, mediante la aplicación de exámenes de oposición sujetos a mecanismos transparentes, imparciales y legales, que acrediten la preparación académica y pedagógica para el ejercicio de las funciones docentes. Una iniciativa muy similar fue presentada por el Partido Verde en noviembre de 2007, la cual expresamente señalaba la necesidad de normar la competencia de la SEP a nivel federal, como única instancia encargada del proceso de evaluación de los profesores de educación básica. Hasta ahora, han sido los gobernadores y no la SEP, quienes organizan los concursos y aplican los exámenes, además de que los mecanismos para tal propósito no han sido ni transparentes, ni imparciales, ni legales.

El PVEM presentó una iniciativa, el 16 de octubre de 2007, para modificar el artículo 75 de la Ley General de Educación y erradicar la impunidad en los centros de enseñanza por parte de algunos trabajadores de la educación, ya que el actual marco jurídico dificulta la aplicación de sanciones e infracciones a docentes y administrativos que no cumplan con sus obligaciones laborales. En este sentido, el PRD y el PRI propusieron revalorar, al término de cada ciclo, el método de evaluación a los maestros para identificar si los resultados que arroja reflejan su desempeño profesional. Desde luego, ninguna de estas iniciativas prosperó. Es interesante resaltar que el tema del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y su vinculación con la educación básica no ha sido abordado, es decir, sólo se mencionan de manera indirecta los problemas, pero no el origen.

Sobre la participación social, otro de los temas que causa controversia en la discusión de la agenda educativa, solamente hubo cinco iniciativas. Una de ellas fue la del Partido Nueva Alianza, quien propuso involucrar a los alumnos en el proceso educativo a fin de hacerlos más responsables de su propio proceso. El PAN, por su parte, reiteró sus tradicionales posturas en este asunto y propuso que se establezcan como derechos de los padres y tutores: 1) revisar la formación profesional y académica de la planilla de maestros que impartan educación a sus hijos; y, 2) opinar en relación con las contraprestaciones que fijen las escuelas en los casos de la educación que impartan los particulares. El PRI mostró una idea diferente respecto al tema y propuso la creación del Sistema de Participación Social en la Educación, así como un Instituto para la participación social en materia educativa.