¿Cambios en la Secretaría de Educación Pública? (4/4)

Se presenta la oportunidad para el nuevo secretario de que el tema de equidad sea finalmente abordado sin confusión, porque hasta ahora los gobiernos lo han entendido como un asunto de compensación. Se debe revolucionar esta concepción. La equidad consiste en dar a cada quien lo que necesita para lograr objetivos que son comunes y propios de grupos específicos, lo que necesariamente pasa por una verdadera profesionalización del magisterio; así como por la diversificación de los contenidos curriculares y de los métodos de enseñanza para responder adecuadamente a las distintas necesidades y condiciones culturales de los alumnos. Además, la educación no puede estar sustentada en el acceso a estándares mínimos centrados en la asistencia escolar, sino en la provisión de las condiciones que aseguren similares posibilidades de acceso, permanencia, culminación y aprendizaje en los diferentes niveles educativos, a todos los miembros de la sociedad. Lo anterior, implica la necesidad de estructurar políticas más integrales que den respuesta no sólo a las amplias deficiencias que presentan los servicios educativos a los que acceden los sectores más pobres del país, sino también políticas de empleo y de desarrollo comunitario que permitan afrontar otros factores estructurales, que más allá de los espacios propiamente educativos, influyen en la permanencia de las desigualdades educativas que muestran los diferentes grupos sociales. Sólo bajo estas premisas es posible pensar en romper la cadena que mantiene unidas las amplias desigualdades sociales, con las desigualdades que persisten en el sistema educativo mexicano.

Otro de los retos que habrá de enfrentar el nuevo titular proviene del enfoque hacia el sistema de evaluación de la educación básica, asunto que ha sido central en las mesas de discusión (SEP/SNTE) sobre la ACE. Este tema incluye, cuando menos, la cuestión del ajuste (menor o mayor) del papel del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), creado con la idea de ofrecer evaluaciones independientes de la SEP, al funcionar como agencia central de evaluación frente a la intervención de la Dirección General de Evaluación dependiente de la SEP; así como el asunto de la medición de los resultados de la acción educativa, ya que el gobierno ha aceptado que los resultados de pruebas como ENLACE o la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes representan la mejor manera de medir el avance de calidad, cuando lo que debería hacerse es concebir a la evaluación como una tarea de mayor aliento, más allá de esperar que las puntuaciones en estas pruebas mejoren y muestren que, en efecto, se están consiguiendo avances.

El nuevo responsable de la SEP debe dar atención a la aceptación o no de la iniciativa del SNTE sobre la norma oficial mexicana del servicio de calidad en la educación, que busca definir operativamente la calidad educativa, sus indicadores y estándares, así como las instancias encargadas de supervisar, comprobar y certificar su cumplimiento en los centros escolares; no obstante, el sistema educativo cuenta ya con el instrumental necesario, aunque perfectible, para evaluarse y mejorar. Dicha norma afectaría la organización del sistema educativo, sobre todo al pretender que sea el SNTE quien actúe como verificador de los servicios educativos, tarea que debe ser atribución exclusiva de la SEP.

Algunos otros retos que habrá de enfrentar el nuevo titular tienen que ver con la integración de nuevos actores en un posible sistema nacional de educación básica (con el SNTE dentro, pero también las ONG, los padres de familia e investigadores, entre otros sujetos); con la eventual reforma a la Ley General de Educación para que relativice la exclusividad de la SEP como instancia de evaluación; con el diseño curricular por competencias, que está sujeto todavía a un intenso debate internacional e implica desafíos, pedagógicos y didácticos, que deben ser resueltos para que no se presenten procesos desarticulados una vez que se realice su aplicación; y en el ámbito de la educación superior, con la atención al problema de que las instituciones del nivel no logren cubrir la demanda de cobertura, que proliferen las universidades privadas conocidas con el apelativo de patito, que no se satisfaga con todas las demandas de calidad y, en cambio, que se esté facilitando una nueva dinámica de educación transnacional, de la que se desprenden alianzas que pueden ser riesgosas en la oferta de carreras y posgrados que no siempre son de calidad.

Comentarios finales

El nuevo secretario Alonso Lujambio tendrá que poner todo su empeño y capacidad para enfrentar los retos y desafíos para avanzar en la mejora de la calidad educativa, así como para lograr conciliar las diversas posturas que pueden tener incidencia en las decisiones del gobierno para el sector. Para ello es necesario ejercer la capacidad de diálogo y la interlocución franca con los maestros, el sindicato, los padres de familia, los investigadores y organismos de la sociedad civil; aprovechar el conocimiento especializado disponible acerca de la dinámica del cambio educativo en México, para que en él apoyen las propuestas; cuidar que éstas no sean una imposición de la SEP ni del SNTE por encima de los sujetos de la educación; que éstas guarden congruencia y sean consistentes con el programa sectorial, y que estén basadas en acuerdos con los estados y municipios de manera que el consenso sostenga las acciones y se dejen fuera intereses ajenos a la educación.

El cambio de titular en la SEP ejemplifica con bastante claridad la práctica política tradicional del presidente, muy común en México, de interrumpir la labor de un funcionario para inscribirlo en la coyuntura de las elecciones legislativas, lo que puede ser interpretado desde distintos ángulos y ser objeto de crítica o no. Entre las implicaciones posibles de la llegada de la ex secretaria Vázquez Mota al Congreso de la Unión, se encuentra la posibilidad de que impulse una nueva ley de educación. Un tema que tendría que abordarse con mayor cuidado para evitar riesgos para la educación pública.

Colaboraron en este número: Teresa Bracho, Alejandro Canales, Daniel Cortés Vargas, María de Ibarrola, Marco Antonio Delgado, Pedro Flores Crespo, Antonio Gómez Nashiki, Mery Hamui, Felipe Martínez Rizo, Alejandro Márquez Jiménez, Aldo Muñoz Armenta, Carlos Muñoz Izquierdo, Maira Pavón Tadeo, Miguel Ángel Rodríguez, Roberto Rodríguez Gómez, Marisol Silva Laya, Sylvia Schmelkes y Lorenza Villa Lever.