Las cuotas en escuelas públicas: la discusión legislativa (1/4)

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Desde hace décadas, al inicio del ciclo escolar, en las escuelas públicas de educación básica se solicitan cuotas para material, celebración de eventos cívicos, festejos para el día del maestro y el día de las madres, comprar mobiliario o hacer reparaciones en los planteles educativos. Estas demandas, que provienen de directivos o de las asociaciones de padres de familia, muchas veces se convierten en verdaderas exigencias e incluso se enlazan a otras: los alumnos deben comprar libros, uniformes y útiles escolares en determinados lugares (con precios muchas veces superiores al promedio). El problema no son precisamente los recursos que aportan los padres de familia, sobre los que existe una laxa regulación y que han servido también por mucho tiempo para dar atención a los problemas de operación e infraestructura que presentan los centros escolares, sino el hecho de que los directivos, en particular, utilicen su cargo público de manera ilícita para obtener ventaja mediante prácticas que coaccionan al afectado. Este asunto empezó a ser examinado en el Congreso de la Unión a partir del año 2000 y hasta la fecha no se ha alcanzado el consenso suficiente que permita concretar un decreto de ley que posibilite la formulación de políticas públicas en la materia.

¿Cuánta legalidad hay en estas prácticas que se dan en todo el país? ¿A qué se destina el dinero solicitado a los padres de familia al inicio del ciclo escolar? ¿Quién o quiénes se benefician de la compra obligatoria de libros, uniformes y útiles escolares en determinados lugares? Es aventurado dar una sola respuesta y más aún señalar a un responsable.

Debido a la discrecionalidad con la que se ha aplicado y se conduce el cobro de cuotas en las escuelas públicas de educación básica, se carece de información confiable sobre estas prácticas en el conjunto de escuelas del sistema educativo nacional, sobre el volumen de recursos financieros que implican, así como sobre los mecanismos de su aplicación y canalización. El problema es bastante complejo, y los legisladores están enfrentando sólo algunos aspectos del mismo.

Entre los años 2000 y 2008, que abarcaron las legislaturas LVIII, LIX y LX, en ambas cámaras federales se presentaron alrededor de 130 iniciativas sobre el tema de educación básica, solamente cinco se ocuparon del asunto de las cuotas: dos del Partido Acción Nacional (PAN), una del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y dos del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Cuatro de estas iniciativas se presentaron en la Cámara de Diputados; dos en la LVIII, una en la LIX y una en la LX Legislaturas. En el Senado de la República se presentó únicamente una iniciativa durante la LX Legislatura.