Segundo informe de gobierno: en educación predominaron los silencios (1/5)
El pasado primero de septiembre el Ejecutivo federal presentó su segundo informe de gobierno bajo un nuevo formato. A diferencia de años anteriores, el presidente no asistió al Congreso a entregarlo personalmente ni pronunció su acostumbrado mensaje político; el contenido del informe tampoco fue el acontecimiento mediático de otros años. Con estas modificaciones también concluyó el ritual del día del presidente. Sin embargo, ahora parece que se ha ido al extremo opuesto: ha perdido todo interés lo que pueda y deba informar el Ejecutivo federal. No debiera ser así, y no carece de importancia la obligación constitucional del presidente de rendir un informe anual sobre el estado que guarda la administración pública, como tampoco la tarea de revisarlo por parte de los legisladores y de los ciudadanos.
Esta administración planteó cinco ejes rectores de política pública en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND): estado de derecho y seguridad; economía competitiva y generadora de empleos; igualdad de oportunidades; sustentabilidad ambiental; y democracia efectiva y política exterior responsable. La educación quedó incluida en el eje de igualdad de oportunidades, dado que se considera un componente para lograr el desarrollo humano y elevar el bienestar de la población. En ese eje, bajo el título de transformación educativa, se reportan en 18 páginas del informe los logros educativos de este segundo año de gobierno. La información se desglosa a través de seis objetivos, aunque estos no corresponden en estricto sentido a igual número de objetivos planteados en el correspondiente programa sectorial. Un examen general de estos objetivos permite reconocer los avances logrados, pero se advierten aún omisiones e insuficiencias.
Gasto educativo y satisfacción de la demanda escolar
En el objetivo sobre las oportunidades educativas se destacan, principalmente, los avances en materia de inversión educativa, ampliación de la infraestructura, cobertura alcanzada, becas otorgadas y esfuerzos por disminuir el rezago educativo. En materia de recursos se informa que para este año el gasto nacional, en cifras redondas, alcanzará la cifra de 722 mil millones de pesos, monto 3.3 % superior, en términos reales, a lo erogado el año anterior. Este gasto representa el 6.3 % respecto al Producto Interno Bruto (el gasto público participa con 4.9 % y el restante 1.4 % corresponde al privado) y es sensiblemente inferior al porcentaje de 7 % que se manejaba el año anterior. Al parecer esto se debe a la actualización del Sistema de Cuentas Nacionales conforme a recomendaciones internacionales, cuyo proceso implica una nueva metodología de cálculo del PIB y la adopción de un nuevo año base (antes era 1993 y ahora será 2003). Los principales resultados son que el PIB nominal se ha incrementado respecto del año base anterior y, en consecuencia, las cifras porcentuales de gasto en educación como proporción del PIB han disminuido. Entonces, la aplicación al sector del 8% respecto al PIB, que establece la Ley General de Educación y que desde el 2006 debiera cumplirse, ahora parece más difícil de alcanzar.
La educación en las próximas elecciones 
