Participación social en educación: la experiencia internacional y mexicana (1/5)
La política educativa de nuestro país atribuye muchas bondades a la participación social, como la de elevar la calidad de la educación o bien garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. Aunque el discurso oficial promueve la participación ciudadana en la educación, cuando se trata de implementarla aparecen obstáculos para que ésta sea significativa. Esto es posible observarlo en el virtual abandono en que se encuentra el Consejo Nacional de Participación Social (Conapase) y en la sobrerrepresentación oficial de los miembros de los consejos municipales y escolares y su limitada capacidad para la toma de decisiones significativas. Al respecto, la actual administración federal a través del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 y de la Alianza por la Calidad de la Educación no propone nada nuevo a excepción de la intención de involucrar a los padres de familia en el Programa
Escuela Segura, que si bien puede ser importante, poco se relaciona con las tareas sustantivas de la educación. ¿Por qué no funciona en México la participación social y qué podemos hacer al respecto? Una forma de mostrar otras visiones sobre la participación social en educación y reflexionar sobre las posibilidades que existen en México para hacerla significativa consiste en revisar algunas experiencias internacionales.
Inglaterra y el impulso a la participación social
En 1997, con la llegada de Tony Blair al poder, se dio crédito a una campaña de la sociedad civil que había pugnado por más de 18 años para que el gobierno aceptara la responsabilidad de atender a los niños menores de 3 años. Este fue el principio de una larga reforma que crearía dos programas de atención a menores (Early Excellence Centres y Sure Start), donde estaba contemplado el aspecto educativo, y que llevaría a la creación del Ministerio de la Niñez y Personas Jóvenes. Estos programas fueron planeados considerando la participación social como uno de sus componentes más importantes, aunque ello no estuvo exento de problemas. En primer lugar, se identificó que los principios de los que partía el gobierno y sus objetivos no eran necesariamente compartidos por todos los miembros de la sociedad y, en ocasiones, ni siquiera por los profesionales que conformaban su planta de personal. También resultó evidente que quienes decidieron involucrarse en comités de participación necesitaban tiempo para formar y consolidar grupos y redes de apoyo, particularmente cuando existía un antecedente de conflicto con las instituciones o había habido abuso o negligencia gubernamental.
La educación en las próximas elecciones 
